Por: Jorge Arturo
Abello Gual.
Uno de los grandes problemas del
presupuesto público de un país, es su ejecución dentro del año de su respectiva
vigencia. La regla presupuestal en el caso de los entes públicos es que se
castiga a las entidades que no ejecutan su presupuesto dentro de la vigencia
respectiva, por tanto, la administración pública premia el gasto, y castiga el
ahorro de los recursos públicos.
Debido a esta lógica de las
finanzas públicas, cuando las entidades estatales tienen inconvenientes para
ejecutar su respectivo presupuesto en el transcurso del año lectivo, y si se
llega a los tres últimos meses del año, donde los tiempos no alcanzan para
estructurar ni abrir licitaciones públicas,
comienzan a presentarse todo tipo de irregularidades para tratar de
ejecutar lo más que se pueda del presupuesto vigente, antes de que se pierdan
los recursos para la respectiva entidad.
La Contraloría de Bogotá por
ejemplo, advirtió que el bajo nivel de ejecución del presupuesto de
administración del Alcalde Peñaloza, preocupa y es un alto riesgo de
corrupción:
“Según los
datos entregados a través de un informe, “transcurridos ocho de los 12 meses
del año, en promedio solo el 46 % de los recursos han sido comprometidos (destinados
a proyectos, iniciativas, etc) cuando en llegamos al 70 % del tiempo de la
vigencia fiscal”, explicó Juan Carlos Granados, jefe de la entidad.
La lista
negativa la encabeza la Secretaría de Hacienda, la cual solo ha ejecutado 26 %
del presupuesto asignado para sus funciones, seguida por la Secretaría de
Movilidad (34 %) y la Secretaría de Ambiente (35 %). Las entidades que
relativamente han comprometido en mayor medida los recursos son: “la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte con 66 %, la de Educación con 70 % y de
Integración con 71,1 %”, dijo el contralor.
En llamado de
atención fue en general para todas las entidades del Distrito, pues a pesar de
que el Concejo aprobó un amplio presupuesto para la mayoría de ellas, algunas
como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) solo han invertido 24,6 % del
dinero. Otras empresas como TransMilenio también se quedaron cortas (41 %).
Las
localidades que se rajaron por la baja distribución de la partida asignada para
los Fondos de Desarrollo Local (FDL) son: Teusaquillo (23,3 %), Usaquén (38 %)
y Bosa (39 %). Las que superaron por poco la mitad de lo entregado fueron:
Kennedy (61 %), Candelaria (66 %) y Engativá (80 %).
“El estudio
advierte en que en la medida en que avance el tiempo y no se ejecuten los
recursos, la tendencia es ir a los convenios y a la contratación directa,
obviando los procesos objetivos de licitación pública. Por eso hacemos el
llamado para que la Administración tome los correctivos”, alertó Granados.”[1]
Por ser el primer año de gobierno
del alcalde Peñaloza en Bogotá, es muy posible que la inexperiencia y los
problemas de empalme con la anterior administración de Gustavo Petro, generen
serios problemas para ejecutar los recursos del presupuesto del año 2016. Pero
de seguro que habrá más de un alcalde o Gobernador que se encuentre en las
mismas dificultades.
Ahora bien, la falta de ejecución
en inversión pública coloca al alcalde Peñaloza en la cuerda floja respecto de
su capacidad para la ejecución del plan de su gobierno, lo cual afecta sin duda su imagen
política. Igualmente la falta de inversión social y pública afecta la
convivencia, la infraestructura, el crecimiento y el desarrollo de una ciudad.
Ante semejante presión, los
riesgos de corrupción son altos como lo señaló el Contralor de Bogotá, porque
comienzan a realizarse contrataciones directas en bloques, a través de muchas
fórmulas fraudulentas dirigidas a evadir los procesos de selección objetiva, es
decir la licitación pública, la selección abreviada, o los procesos de mínima
cuantía.
Las mayores prácticas corruptas
de fin de año son:
1) Fraccionamiento
de contratos: Una prestación de servicio que supera la cuantía estipulada para
la contratación directa, es fraccionada en varios contratos, que les permiten
realizar la contratación “a dedo”. Se trata del mismo objeto y de la misma
prestación, solo que se adjudica directamente a una misma persona o a varias
personas varios contratos, con lo cual se evade el principio de selección
objetiva.
2) Los
convenios interadministrativos: Se acude a la contratación directa con
entidades públicas estatales, evadiendo de esta manera, los procesos de
selección objetiva con particulares. El límite que tienen los entes públicos
para suscribir los contratos interadministrativos, es que la entidad pública
con la cual se suscriba, tenga dentro de su objeto social la actividad para la
cual contratan. La figura permite celebrar los convenios interadministrativos
con otras entidades públicas, que por regla general terminan subcontratando con
otros que escogen “a dedo”, la prestación.
3) Emergencias
manifiestas falsas: Para contratar directamente, se decretan estados de
excepción inexistentes, o innecesarios para justificar procesos de contratación
directa, permitiéndole al operador del gasto escoger nuevamente “a dedo”, al
contratista que va a realizar la obra o labor.
4) También
se realizan procesos de contratación sin la debida planificación y estudios de pertinencia,
como le ocurrió a la señora Magda Lizzeth Rodríguez López, gerente de la
Empresa Social del Estado ESE Hospital Santo Domingo Savio del municipio de El
Playón (Santander):
“A la entonces gerente de la institución hospitalaria
se le reprocha haber celebrado, presuntamente, el 2 de marzo de 2012, un
contrato de compraventa con el representante legal de La Muela S.A.S., sin la
realización de un estudio técnico que le permitiera planear estratégicamente la
inversión de los recursos para asegurar el fortalecimiento en la prestación de
los servicios de salud, pues ni la ESE pudo recibirlos ni el contratista
instalarlos y ponerlos en funcionamiento, ante la carencia de un espacio apto
para ello.
El objeto de este proceso contractual consistía en la
adquisición de equipos médicos dentro de los cuales se relacionan: un equipo de
rayos X digital y una planta eléctrica de control digital para el Hospital
Santo Domingo Savio, por un valor que ascendió a $471.000.000 correspondientes
al 35% del valor total del contrato suscrito.
Con este actuar, la investigada podría haber incurrido
en falta disciplinaria por contrariar lo dispuesto en el principio de
planeación regulado en el Acuerdo número 017 de 2010 en cuyo artículo 7°
contempla los principios para la celebración de contratos y establece, entre
otros, que para iniciar un proceso contractual se debe contar con los estudios
previos, de conveniencia, oportunidad y especificaciones técnicas que permitan
planear la inversión de los recursos asegurando su objeto y finalidad.
En esta etapa del proceso el ente de control calificó
la falta de la señora Rodríguez López como gravísima cometida a título de culpa
gravísima por la desatención elemental de velar por la utilización de los
recursos financieros afectos al hospital, pues resultaba lógico que para
recibir y poner en funcionamiento los equipos médicos comprados se requerían
unas condiciones de infraestructura idóneas..."[2]
5) En
el mismo orden, se realizan contratos sin mediar estudios de conveniencia y
viabilidad, solo por el mero fin de ejecutar lo que queda del presupuesto del
fin de año. Por la premura de celebrar los contratos, se terminan realizando
obras innecesarias o absurdas, como la repavimentación de una calle en perfecto
estado.
6) También
se presentan las adiciones a los precios de los contratos para evitar abrir
nuevos procesos licitatorios, que incluso algunos por torpeza, se exceden de
los topes del 50%. Es a través de las adiciones de los precios de los contratos
donde se formulan los sobrecostos en la obra o trabajo.
7) También
por esta época se presentan los contratos fantasmas, es decir, los contratos de
prestación de servicios que nunca se prestan; los de los contratistas que
cobran pero que no trabajan; los
contratos suministros que nunca llegan,
las compras con facturas, pero sin mercancías, como en efecto ocurrió por
muchos años en la Guajira[3],
y a cualquier época del año.
8) También
llegan los contratos para las fiestas de fin de año de todas las entidades,
donde los sobrecostos son evidentes, pero con lo que sobra del presupuesto se
cubren con mucho disimulo en las celebraciones. Igualmente, debe incluirse el
presupuesto para la decoración de navidad y las luces navideñas, donde sin duda
cualquier árbol puede costar 20 millones, o un cohete puede costar 12 millones
de pesos.
En fin, hay que compadecerse de
los contadores y tesoreros de las entidades públicas que trabajan hasta
finalizar el año, pues tienen muchos recursos que girar antes del 31 de
diciembre, eso sí, todo tiene soportes, pero ninguno verificable en tan pocos
días. Y lo peor de todo, cualquier problema que se presente, ya le quedó
pendiente para el próximo año, así que el sentido de responsabilidad disminuye, pero sin duda girar recursos en un fin de año en una entidad pública es como un tiro al aire.
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http://derechopenalempresarialencolombia.blogspot.com/2016/05/el-delito-de-peculado-discusiones.html
LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y EL DELITO DE PECULADO
[1]BAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN BOGOTÁ, ADVIERTE CONTRALORÍA, en la siguiente página:
http://www.redmasnoticias.com/portal/redmas/noticias/nacional/colombia/detalle/alcaldia-penalosa-bogota-535519/
[2]
Ver: Procuraduría formuló cargos a gerente de ESE por suscribir, presuntamente,
contrato de compraventa sin la realización de estudios técnicos. By: System
Administrator on domingo, octubre: 9http://www.contratacionenlinea.co/index.php?action=view&id=2570&module=newsmodule&src=%40random50ff48e1e3fd3
[3]
“La corrupción en La Guajira es sistémica”: Fiscal General.
By: System Administrator on
jueves, octubre 20
"Imputadas cuarenta y
una (41) personas, de estas 20 fueron capturadas y once (11) más serán
acusadas.
En desarrollo del plan
“Bolsillos de Cristal” impulsado por la Fiscalía General de la Nación para
enfrentar la corrupción, se han logrado
los primeros resultados de la intervención integral en el departamento de La Guajira,
donde resultan comprometidos funcionarios públicos, contratistas y particulares.
El trabajo desarrollado por
fiscales de direcciones nacionales y seccionales durante cerca de dos (2)
meses, permitió descubrir irregularidades en procesos de contratación de
programas sensibles para la comunidad, en diversas áreas: educación,
acueductos, salud, atención a la primera infancia y diferentes obras civiles.
I. Labor preventiva:
1. En desarrollo de sus labores de investigación, la
Fiscalía efectuó una auditoría integral sobre las cuentas bancarias del
departamento, a partir del balance certificado a 31 de diciembre de 2015. Allí
se advirtió en la cuenta de bancos una partida que correspondería a un
establecimiento denominado “ajustes tesorales”, cuya valoración judicial
concluyó con la identificación de cuentas bancarias y partidas a favor del
departamento, no registradas en sus estados financieros, que dan lugar a
compulsa de copias ante la Contraloría, debido a la inexistencia de ilícitos
penales.
2. Se obtuvo que la alcaldía de Riohacha y el contratista
del Programa de Alimentación Escolar (PAE) regularizaran la entrega de todas
las raciones contratadas a favor de los estudiantes. Cuando comenzó la
investigación se estableció que los alumnos de las instituciones públicas de
jornada única no recibían los alimentos convenidos, situación que se normalizó,
a través de otrosí de fecha 19 de septiembre de 2016. La Fiscalía seguirá
valorando el desarrollo de este contrato.
3. Durante el proceso investigativo en el departamento de La
Guajira la Fiscalía fue informada de un posible detrimento patrimonial con la
realización de convenios interadministrativos entre la gobernación y alcaldes
de quince (15) municipios, suscritos entre los meses de marzo a junio de 2016.
Se evidenció que los
recursos por cerca de veinte mil
trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y tres mil cuarenta
y seis pesos ($20.347.493.046), fueron girados con diversos objetos
contractuales.
La Fiscalía realizó
investigaciones en los municipios y estableció que los dineros aún estaban en
las cuentas aperturadas por las
administraciones. Sobre la ejecución de estos convenios se ejercerá una labor
de seguimiento.
II. Resultados
Los primeros resultados de
las diferentes investigaciones que se adelantan en La Guajira, permitieron
descubrir una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del
departamento por los cuales se ha
dispuesto la imputación de cargos a cuarenta y una (41) personas y se avanza en la acusación de otras once (11).
1.
ICBF
En este caso la Fiscalía
investiga dos contratos por más de 3 mil 421 millones de pesos
($3.421.000.000), destinados para la atención integral de 1.400 niños de 0 a 5
años y madres gestantes o lactantes, como resultado de lo cual se habría establecido
un peculado del orden de mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos ($1.495.000.000), que
equivalen a casi la mitad de los recursos de los dos convenios.
Se encontró que con
facturas falsas cobraron de manera irregular más de quinientos
millones de pesos ($500.000.000). Además, realizaron cobros de arrendamiento
que superan el doble del valor real y se efectuó pagos a celadores que no
prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.
Para desarrollar este
proyecto el ICBF regional La Guajira contrató con la Asociación ASOMILENIO.
La Fiscalía solicitó
audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de
catorce (14) personas, como posibles responsables de los delitos de peculado
por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y
concierto para delinquir. A la fecha se han capturado doce (12) personas.
Entre ellas se encuentran
el representante legal, el gerente y
trabajadores de la fundación, así como funcionarios del ICBF y proveedores.
2. PLAN AGUAS:
La Fiscalía indaga sobre el
Plan de Aguas de La Guajira, que incluye los acueductos de Camarones, Manaure y
Uribia; Pondores; Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro.
Como resultado de la
priorización se ha concluido la investigación del denominado Acueducto Camarones.
En este caso la Dirección
de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción dispuso la imputación
de cargos a once (11) personas, entre quienes se encuentran el entonces alcalde
de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra y el representante del consorcio
Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, como posibles responsables de los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación.
La Fiscalía detectó una
serie de presuntas irregularidades en la
construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y
Acueducto del corregimiento de Camarones (Riohacha), por un valor de doce mil
ciento dos millones novecientos noventa mil quinientos sesenta y cuatro pesos
($12.102.998.043).
Dentro de la investigación
se evidenció que la inversión efectuada por la alcaldía no correspondía con las
obras construidas y que el contratista subcontrató el total de la obra con
terceros.
Aunque la obra fue
terminada, a la fecha no se encuentra en funcionamiento, el agua no es apta
para el consumo humano y al parecer se presentaron sobrecostos.
3. LOS CONVENIOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
En este municipio la
Fiscalía General de la Nación encontró serias irregularidades en el programa
que se ejecutó en marzo y junio de 2011, con el propósito de “reducir la mortalidad infantil”, a través de
los convenios 008 y 041.
Estas inconsistencias se
habrían presentado en una serie de convenios interadministrativos por un monto
de dieciocho mil novecientos noventa millones de pesos ($18.990.000.000) en los
que intervinieron la alcaldía del municipio de Albania, la Secretaría de Salud
municipal y el hospital San Rafael de esta localidad.
Según las investigaciones,
dentro de ese proceso contractual se desconocieron los principios de
planeación, transparencia, economía y selección objetiva; y sin haber realizado
estudios previos técnicos y financieros que justificaran la necesidad
específica de la contratación.
Entre las irregularidades
detectadas está la contratación de 1.450 personas sin requisitos mínimos. La
presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de sumas no canceladas
a contratistas, inejecución de contratos, doble contratación en el programa de
salud mental y diferencia de valores entre lo contratado y lo pagado a
subcontratistas.
En este proceso la Fiscalía
adelantará acusación contra once (11) personas y continúa las indagaciones
respecto de otras.
4. MEGACOLEGIOS (EDUCACIÓN):
En el año 2009 se contrató
la construcción de cuarenta y dos (42) megacolegios por un valor de ciento
cuarenta y nueve mil millones de pesos. ($149.000.000.000).
En este caso la Fiscalía
encontró sobrecostos y facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento
al departamento por cerca de veinte mil millones de pesos ($22.000.000.000).
Por estos hechos el ente
acusador obtuvo nueve (9) órdenes de captura
(4 fueron materializadas y se
hizo la respectiva imputación), y ha dispuesto la imputación a otras cinco (5)
como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación y
contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; uno de ellos el
exgobernador de La Guajira, Jorge Luis Pérez Bernier (2008-2012).
5. SALUD
La Fiscalía investiga la forma
como a través de la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao, en los
últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud,
mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras
IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga
pagos indebidos provenientes del FOSYGA.
En una primera fase de la
investigación la Fiscalía obtuvo 4 órdenes de captura, ha hecho efectivas dos
de ellas y procedió con la imputación, Asimismo, ha dispuesto la formulación de
cargos en contra de siete (7) personas por los delitos de peculado, fraude
procesal y falsedad en documento público.
6. JUSTICIA
La Fiscalía capturó dos (2)
de sus funcionarios: una fiscal y un técnico investigador del CTI, luego de
reunir elementos probatorios suficientes que los comprometen en los delitos de
concusión y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos sucedieron en el
municipio de Maicao y corresponden a conductas relacionadas con la exigencia de
dinero para no adelantar trámites o denuncias propias de sus funciones.
7.
CONTINUIDAD DE LAS INVESTIGACIONES
Al dar a conocer los
primeros resultados en el día de hoy de las investigaciones en curso en el
departamento de La Guajira, el Fiscal General de la Nación manifestó que “las
primeras averiguaciones comprometen la responsabilidad de dirigentes públicos,
empresarios, miembros de la comunidad Wayúu e inclusive funcionarios
judiciales”, lo que pone de presente que la corrupción en este departamento “ha
alcanzado un carácter sistémico, que obliga a las autoridades y a la propia
ciudadanía a desarrollar las acciones necesarias para que La Guajira no termine
siendo un caso de un departamento fallido”.
Martínez explicó que en el
curso de la presente semana se formularán nuevas imputaciones y que las
investigaciones sectoriales continuarán. Los resultados de las mismas se
conocerán oportunamente.
III: “Bolsillos de Cristal”
llegará a Arauca y Sucre
El Fiscal Martínez
manifestó que el programa de intervenciones judiciales contra la corrupción
continuará en otras regiones del país e impartió instrucciones para que el
programa “BOLSILLOS DE CRISTAL” se traslade en los próximos días a los
departamentos de Sucre y Arauca".
Fuente: Fiscalía General de
la Nación.
FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, “La corrupción en La Guajira es sistémica”: Fiscal General en la
siguiente página web: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/imputadas-cuarenta-y-una-41-personas-de-estas-20-fueron-capturadas-once-11-mas-seran-acusadas/
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