LA ECONOMÍA DEL CRIMEN

 

LA ECONOMÍA DEL CRIMEN.

 

La economía es una de los factores sociales que tiene más influencia en la criminalidad, ya que por regla general la mayoría de los delitos tienen un fin económico de parte de quién lo realiza, esto es claro en delitos contra el patrimonio económico, los delitos de corrupción pública y privada, los delitos de narcotráfico, donde las bandas criminales tienen un claro ánimo de lucrarse.

También hay que decir que no todos los delitos dependen del ánimo de lucro, pues existen otra gran mayoría que dependen de las emociones del delincuente, como son los delitos que se producen por ira, depresión, lujuria o envidia, en los cuales, la motivación es propia del estado de ánimo de la persona. Igualmente, los delitos culposos como los accidentes de tránsito, no son motivados por algún aspecto económico por regla general, a excepción de los delitos cometidos en ejercicio de la medicina, donde el médico puede estafar al paciente para hacerle un procedimiento, sin que sea necesario, o que el médico no sea experto en el procedimiento.

El tema que se va a desarrollar, es el análisis económico del delito desde varias perspectivas, advirtiendo que no en todos los casos es aplicable.

 

LA ECONOMÍA COMO FACTOR SOCIAL DE LA DELINCUENCIA.

 

La situación económica de una sociedad influye en la comisión de los delitos, y ello es claro, cuando situaciones como la pobreza, la falta de empleo y de oportunidades, y la falta de necesidades mínimas para vivir, crean un ambiente hostil para los seres humanos que terminan haciendo cualquier cosa para sobrevivir, y ello no significa que cualquier cosa signifique necesariamente un delito, pero sí es una de las alternativas.

Así una de las teorías sociológicas de la criminología, la de la anomía, planteó que la sociedad expone unos parámetros de bienestar -un buen carro, buena ropa, una casa, estudios, empresas, etc.- generando expectativas en los individuos de conseguir esos estándares (Baratta, 2004, pag. 60). Cuando la sociedad no ofrece el ambiente propicio o las condiciones para que todas las personas accedan a esos estándares a través de actividades lícitas, se puede presentar el delito como una alternativa para que aquellos que no lo logran, ya sea que se encuentren en situaciones de pobreza, falta de educación, desempleo o falta de oportunidades (Baratta, 2004, pag. 60).

Así las cosas, esta teoría pone de relieve que los problemas económicos en una sociedad es un factor que motiva a la delincuencia, toda vez que una sociedad en que la riqueza se encuentre mal distribuida, donde son unos pocos los que gozan de privilegios, y son muchos los que se encuentran excluidos, se presentan tensiones entre los que quieren subir y no los dejan, y los que se encuentran arriba y no quieren bajar.

Y esto a su vez, genera una justificación para los que delinquen, como lo señala la teoría de las subculturas de cohen (citado por Muñoz y Hassemer, 2012. Pág. 77), pues roban porque la sociedad es corrupta, porque no hay oportunidades, porque los pobres no tienen derechos, y por eso hurtan a los que tienen dinero, matan a los que los oprimen.

Así la economía se presenta como un factor determinante para la formación de delincuentes y la creación de organizaciones criminales, justificadas por una sociedad que funciona mal económicamente.

Ahora bien, no todos los delitos se pueden basar en esa teoría, pues como se mencionó los delitos que surgen a partir de las emociones como la ira, los celos, la lujuria o la depresión, no son producto inicialmente de la necesidad de salir de la pobreza, pero sí pueden ser producto de hogares disfuncionales, mala formación académica, y ambientes de violencia, que pueden estar relacionados con las carencias económicas en la familia, las escuelas, los barrios o las zonas rurales.

También se critica a la teoría de la anomia el hecho de criminalizar solamente a la pobreza, cuando la evidencia empírica muestra que los ricos también delinquen, solo que de otra forma, como ocurre con los delitos de corrupción pública o privada. También se debe tener en cuenta que el delincuente cuando tiene éxito deja de ser pobre, y deja de delinquir por esa causa, aunque al seguir delinquiendo pese a no ser pobre, justificándose en no volver a la pobreza.

En conclusión, si bien es cierto que las condiciones económicas de una sociedad influyen en la formación de criminales, no es el único factor determinante.

 

EFECTOS ECONÓMICOS DEL CRIMEN

 

El análisis económico del derecho es una forma de estudiar el derecho desde un enfoque diferente en el cual, se mira el impacto del derecho en la economía y el impacto de la economía en el derecho (Morales, 2011).

Así entonces desde el derecho penal, se estudia, por ejemplo, cómo protege el derecho penal a la economía, de ciertas conductas que pueden causar grave perjuicio, como, por ejemplo, la usura, en la que se busca el respeto al acceso a un crédito bajo condiciones dignas y mínimas, regulado por el Estado. Igualmente, se previene el acaparamiento, que son las maniobras fraudulentas que causan escasez en el mercado y alteran los precios de algunos productos básicos, generando especulación en sus precios. También se protege la economía con la captación ilegal, que son estafas masivas, donde los captadores engañan a los afectados proponiéndoles negocios con altos rendimientos, sin un sustento real, generando verdaderas pirámides que luego se desploman por la inviabilidad y falta de sostenibilidad del negocio.

En el análisis económico del derecho también se analiza el costo beneficio de las políticas criminales, como, por ejemplo, el costo beneficio de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada que lo explota, versus su legalización y regulación. Así tendríamos que preguntarnos, cuanto nos cuesta la guerra en contra del narcotráfico, en vidas humanas, soldados muertos y heridos, balas, armamento y demás, versus adoptar modelos de legalización y regulación de la venta de drogas para el consumo.

También se puede hacer un análisis económico del aborto en relación con la legalización, y su impacto en la economía y para el sistema de seguridad social, luego de pasar de ser una actividad ilegal clandestina, en un área muy particular de la salud pública y de los derechos de género y de salud reproductiva. En el mismo sentido, habría que analizar los impactos económicos en las familias y en las mujeres cuando se penalizaba el delito de aborto.

Igualmente, desde la economía se puede hacer un análisis de las penas de prisión de más de 30 años, versus otros modelos que tienen penas de prisión de hasta 15 años, partiendo de los costos que nos genera un recluso durante todo el tiempo en que esta recluido, y del problema de hacinamiento que nos genera tener penas tan altas en años, donde más son los reclusos que entran de los que salen, generando la necesidad de construir nuevas cárceles, cuando las que hay colapsan.

También se puede hacer un análisis del impacto económico de los delitos de cuello blanco, en comparación con el que generan los delitos callejeros, encontrando la mayor afectación colectiva y de valor, en los delitos de cuello blanco, por ser delitos que no afectan directamente al individuo, sino a la entidad pública y a la efectividad de las políticas públicas, generando serios problemas de igualdad social y redistribución de la riqueza. Por el contrario, los delitos callejeros al afectar directamente al individuo en su propiedad, tranquilidad, integridad personal y vida, generan mayor reacción y repudio en la población, que demanda mayor seguridad por parte del Estado. Así las cosas, los delitos callejeros demandan más recursos públicos para combatirlos, pese a que con un solo delito de cuello blanco se equipara el valor de cientos de delitos callejeros.

También desde el punto de vista económico, el delito tiene un costo para la sociedad que lo sufre. Si en una ciudad aumenta el número de hurtos, secuestros y extorsiones, habrá mucho menos personas dispuestas a invertir y desarrollar negocios en esa ciudad. Igualmente, los establecimientos comerciales tendrán que invertir en seguridad como cámaras y personal de seguridad, lo cual es un costo adicional en la operación del servicio. Igualmente, podrían suscribir contratos de seguros para cubrir los riesgos en seguridad. Todo ello implica unos costos en la operación que implican también unos aumentos en los costos de los productos y servicios que le son transferidos a los clientes y consumidores. Igualmente, en el caso del transporte de mercancías, las empresas transportadoras incrementan su valor cuando tienen que transitar en zonas de alto riesgo, o simplemente no prestan el servicio. En dichas zonas de alto riesgo por hurto, el comercio es limitado, las mercancías llegan en menor cantidad y con menos frecuencia, y las personas tienen que pagar un precio más alto por el transporte de la mercancía, haciendo incluso que el precio del servicio de transporte sea superior al precio de la mercancía. En síntesis, el delito incrementa el costo general de vida.

 

¿COMO SE ATACA LA ECONOMÍA DEL CRIMEN?

 

El ánimo de lucro se encuentra en la gran mayoría de crimen, en especial el crimen organizado, del cual vale aclarar, que no solo se refiere a las organizaciones criminales dedicadas principalmente al narcotráfico a los crímenes callejeros, sino también a las grandes mafias que manejan la corrupción pública y privada.

Una de las estrategias para combatir al crimen se basa en atacar sus ingresos, a través del delito de lavado de activos, y de los procesos de extinción de dominio, en los que se atacan los recursos provenientes de las actividades delictivas. En términos generales se busca congelar, incautar o expropiar los dineros o las propiedades que los delincuentes han conseguido a través del crimen.

En este sentido se han establecidos sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, dirigidos a detectar operaciones comerciales y financieras que busquen legalizar las ganancias producidas por actividades delincuenciales, entre las cuales se encuentra no solo las relacionadas con el narcotráfico y los grupos terroristas, sino que se incluyeron otros tipos de delitos como los de corrupción pública, ampliando así el espectro de lucha contra los recursos provenientes de actividades delictivas.

Así las cosas, desde el punto de vista económico, se ataca los ingresos que obtienen las organizaciones criminales a través de actividades delictivas, perdiendo con ello, la posibilidad de pagarle a sus miembros, de comprar más armamento o de sobornar a las autoridades públicas con esos recursos. Igualmente, se castiga a los colaboradores como son los testaferros o las empresas lavadoras de dinero que les permiten ingresar el dinero al sistema legal, y poder así, adquirir bienes y servicios a través del sistema financiero, como es el caso de los bienes raíces, cuyo valor no permite ser adquiridos a través de grandes cantidades en efectivo.

La lucha económica contra el crimen está diseñada para detectar y expropiar los recursos producidos en actividades criminales, sin embargo, en sociedades como la colombiana donde circula mucho dinero en efectivo, es muy difícil lograr resultados importantes, además de todas las maniobras de lavado de activos que la delincuencia usa para legalizar sus ganancias sin ser detectados.

Y por qué se deben atacar los bienes de una empresa criminal, pues con menos recursos, menos capacidad para realizar más crímenes, de contratar más delincuentes y de comprar armamento e insumos. Igualmente se disminuye su poder de corromper a las autoridades y a la sociedad civil. También se disminuye su capacidad para pagar a sus miembros, por lo cual, pueden generarse motines y purgas al interior de la organización por no cumplir con sus compromisos. En el mismo sentido, al no tener recursos para pagarle a sus proveedores y a otros socios, estos terminan cobrándose asesinándolos. Sin poder económico, la organización criminal pierde sentido y tiende a desintegrarse.

 

LAS REGLAS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA DEL CRIMEN.

 

Otro de los análisis que se hacen sobre el crimen desde el punto de vista económico, es sobre el análisis de la oferta y la demanda del crimen. Estas reglas basadas en principios utilitaristas de Betham, en los que se plantea que el hombre busca la mayor felicidad y evita en lo posible el dolor, combinadas con las reglas de la demanda y la oferta de la escuela liberal de la economía, crearon una forma diferente de analizar el delito (Roemer, 2001).

Así las cosas, se plantea que en la criminalidad también depende de las reglas de la oferta y la demanda, así, por ejemplo, en una sociedad se puede presentar un aumento de la demanda de un delito cuando los costos de ser descubiertos son mínimos, y los beneficios de realizarlos son altos, en estos casos, nos encontramos frente a altos niveles de impunidad, y altos beneficios económicos, lo que promueve que la sociedad demande más esos delitos (Roemer, 2001).

En ese estado de cosas, por el otro lado, si la demanda es alta, el precio de la oferta, es decir las personas que ofrecen realizar el delito, es baja, pues hay muchas personas dispuestas cometerlo, por el alto nivel de impunidad. El bajo precio de quiénes ofrecen cometer delitos, hace que también aumente la demanda, y que se comentan más actos delictivos.

De esta forma, una alta demanda, y una oferta a bajo costo, incrementan los índices de criminalidad.

Un ejemplo de ello, es una pandilla criminal toma a un barrio desprovisto de presencia de policías, se dedica principalmente a la extorsión de los comerciantes, y al microtráfico de estupefacientes, tiene altas ganancias, y se da el lujo de contratar a más miembros a un bajo costo.

Otro ejemplo, una organización criminal se ubica en el área rural de un país, en el cual, la seguridad depende de una estación de policía conformada por 10 miembros. La organización se dedica al narcotráfico y a la extorsión de ganaderos, y ya cuenta con 70 miembros bien armados, que matan y extorsionan a todos los dueños de fincas y comercios. Ante los altos niveles de impunidad, reclutan a jóvenes para la organización, con un bajo salario y obtienen altas ganancias.

Un grupo político gana las elecciones tanto del municipio como de la gobernación, y disponen de un plan para realizar varios actos de corrupción tendientes a apropiarse de los recursos públicos de ambas instituciones públicas. El grupo político ha logrado que en los entes de control y órganos judiciales (Contraloría, procuraduría, jueces y fiscales) se nombren en cargos directivos a miembros importantes de su grupo, garantizando que todas las investigaciones penales y administrativas sobre los actos de corrupción no se tramiten o sean saboteadas o dilatadas, para efectos de favorecer la apropiación de los recursos públicos y el reparto de las ganancias entre todos.

Como se puede ver en todos estos casos, nos encontramos en niveles graves de criminalidad, en los que los actos tienden a aumentar, y también el número de personas participantes. Son niveles de delincuencia crónica en lo que la regla general es el delito y no la legalidad.

Un contexto diferente, es cuando la demanda por la realización de delitos se encuentra controlada por una cultura fuertemente ética y legal, en la que se rechace la comisión de delitos, pero que, a su vez, se encuentre respaldada por un sistema de control administrativo y judicial de prevención y sanción al delito, donde los niveles de impunidad sean bajos y donde los delincuentes sean procesados y juzgados de forma justa y ágil (Roemer, 2001) . En un sistema así, la demanda por la realización de delitos, sería baja, puesto que las personas tendrían un comportamiento más apegado a la legalidad.

En dicho sistema la prevención a través de la sanción, estaría complementada con un sistema de estímulos favorables a la cultura de la legalidad, como lo sería un buen sistema de educación, buenas condiciones laborales, premios e incentivos a la mayor productividad y a la responsabilidad social empresarial.

En un contexto social como el planteado, también la oferta para la realización de los delitos, también se hace baja, pues la mayor parte de personas puede cumplir sus necesidades y planes de vida a través de actividades legales, y salvo algunas circunstancias particulares, podría tener alguna tendencia a cometer actividades delincuenciales. Y como menos personas estarían dispuestas a cambiar una vida cómoda dentro de la Ley, por estar siendo perseguido por cometer delitos, los costos de la oferta aumentan, es decir, para lograr que otra persona realice un delito o decida ingresar a una organización criminal, se requiere pagarle más para convencerlo de ello, haciendo aumentar el costo de la organización criminal, haciendo que el número de delitos disminuya.

Un ejemplo de ello, es una organización terrorista que se enfrenta a un gobierno moralmente ético, con una población bien educada, y con un sistema policivo y judicial eficiente. La organización requiere de un asesino para realizar un atentado, y ante la imposibilidad de conseguirlo al interior del país, tiene que contratar a un extranjero para que realice el trabajo, que exige 2 millones de dólares para cometer un solo asesinato.

En la misma sociedad, una empresa quiere contratar a un hacker para realizar un ataque cibernético a otra empresa que es su competencia. El sistema judicial cuenta con un grupo de investigación de delitos informáticos muy efectivo, por tanto, no es posible realizar el delito, sino con un experto internacional que permita evadir los controles y posteriormente escapar victorioso en una investigación judicial. Así las cosas, la empresa decide contratar a un Hacker actuaría desde China, experto en infiltrarse en fuertes sistemas de seguridad informáticos, contratarlo le costó a la empresa 5 millones de dólares. La operación se lleva a cabo, el Hacker ejecuta el ataque informático, robando información confidencial y dañando varios archivos importantes de la empresa atacada, además logró bloquear las operaciones de la empresa a través de su página por 6 horas, lo cual generó un verdadero caos en la empresa atacada que perdió a varios clientes y dejó de producir millones de dólares durante todo el tiempo en que se ejecutó el ataque informático. Las autoridades adelantaron una fuerte investigación, pero no lograron ubicar al Hacker, y era muy difícil detectar de donde se había originado el ataque. Todo estaba muy confuso, hasta que uno de los directivos de la empresa que financió el ataque, en un ataque de moral y ética, decidió acudir a la policía y confesar el delito. A partir de todos los datos que suministró, las autoridades judiciales pudieron dirigir mejor la investigación, hasta incluso se logró ubicar al Hacker, hacer una solicitud de extradición.

 

PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y LA ECONOMIA.

 

El crimen tiene un alto contenido económico, pues hay factores como la educación, la pobreza, el desarrollo, el desempleo y la falta de oportunidades, que son factores de riesgos para el aumento de la criminalidad en una sociedad.

El buen desarrollo del modelo económico en una ciudad, en un país o en una región, permiten crear condiciones dignas de convivencia, reduciendo los índices de la criminalidad.

El crimen no solo se previene demostrando efectividad en el sistema policivo, judicial y carcelario, sino a través de políticas públicas y privadas que generen una cultura favorable a lo legal, para que las personas puedan cumplir su sueño de vida a través de actividades legales. Contrario a eso, una sociedad que no provee de las condiciones para que las personas vivan dignamente, produce una violencia estructural, que se configura, cuando unos pocos tienen los recursos y pueden satisfacer sus necesidades y son muchos los que viven, sin poder hacerlo, generando sensación de inconformidad y de injusticia social.

En un contexto de violencia estructural (Bustos, 1987), los pobres o se conforman con su situación o se revelan, y es donde comienza la reacción social y el conflicto, entre los que están abajo y quieren mejorar sus condiciones, y los que están arriba que quieren mantenerlas. En ese contexto, el poder que ostentan los de arriba busca a través de la institucionalidad reprimir las protestas y mantener sus privilegios, generando represión y exclusión a través del mismo Estado. Cuando el Estado se concentra en la opresión al reprimido, el conflicto social estalla, y se genera violencia.

Otro contexto de violencia estructural (Isaza, 2005) es el del abandono estatal, donde por ausencia absoluta del Estado, porque no provee seguridad, no ofrece servicios públicos y no hace obras de utilidad pública y saneamiento básico, se generan grupos paraestatales y grupos delincuenciales, que sustituyen al Estado como autoridad y garante de los derechos, y son ellos, los que imponen las reglas a través de la violencia, activa y reactiva, sin un límite o referencia a la Constitución y a la Ley.

La economía juega un papel crucial para evitar estos contextos de violencia estructural y violencia por abandono estatal. Nada se puede hacer sin recursos, y se requiere la convergencia de recursos públicos y privados para sacar a una ciudad, una región o un país de la violencia estructural.

Es necesario invertir en educación. La educación provee de cultura legal, cultura ética y conocimiento para mejorar los procesos, los procedimientos, el trabajo y la producción. Sin educación los jóvenes divagan entre el bien y el mal, son corruptibles y no están preparados para desarrollar algún trabajo técnico o profesional.

Igualmente, no se puede aprender con hambre. Si no hay para el almuerzo mucho menos hay para el bus que me lleva al colegio. Se debe combatir el hambre, la pobreza, con trabajo, producción e inversión. El Estado es un simple instrumento, pero no lo es todo, el Estado tiene el deber de redistribuir los recursos a través de servicios y obras públicas, pero los recursos deben surgir de la economía, de la producción y del trabajo.

La respuesta económica al delito es lograr la mejor distribución de los recursos escasos entre toda una sociedad, buscando el mayor beneficio y garantizando la igualdad y la equidad. Un buen modelo económico que permita dirigir la inversión pública y privada de manera eficiente, provee de ambientes sociales y culturales menos conflictivos y por tanto, con menores niveles de delincuencia. No todo se hace con el dinero, pero vaya que es necesario para lograr los objetivos.

Una de las mejores formas de prevenir el delito es garantizar las condiciones económicas en una sociedad, que formen una buena cultura ciudadana con fundamento en la ética y la Ley, y que les permita a todos los individuos comer y vivir en condiciones dignas.

El crimen no se puede eliminar del todo, y ya se explicó que hay un grupo de crímenes que no están relacionados con el ánimo de lucro, pero sin duda la economía es un factor muy relevante para ciertos delitos y en especial de los realizados por las organizaciones criminales.

 

EL CONCEPTO DE ECONOMICIDIO DE ZAFFARONI.

 

Los Estados, las organizaciones internacionales, y las empresas multinacionales, son entes que interactúan de forma económica, a veces con acuerdos, a veces con conflictos.

La interacción de grupos económicos como la banca internacional, y las empresas multinacionales, han generado un impacto en las economías estatales, algunas hacia el bien, otras hacia la catástrofe.

Toda política pública requiere de recursos, y los Estados obtienen sus recursos de los impuestos o de la producción estatal de bienes y servicios. Cuando estos recursos no alcanzan, se acude a los créditos bancarios, cuando los créditos bancarios no son posibles, se acude a la deuda externa a través de bonos, y cuando esto tampoco es suficiente, se acude a la banca internacional, lo cual, como dice el profesor Zaffaroni (2022), genera un grado de dependencia de los Estados a los entes bancarios.

Así por ejemplo, para realizar una obra pública como un metro o un ferrocarril, el Estado hace un presupuesto, y encuentra que el dinero requerido no lo tiene disponible, pero quiere hacer la obra, y para ello, recurre a la financiación por bancos internacionales. El problema es que los primeros recursos recibidos se utilizan para elaborar los planos, pero que luego de unos años, se modifican totalmente y toca volver a hacer nuevos planos y se paga con los recursos prestados, solo que no se han iniciado aún las obras. Se inician al fin las obras, luego de otras discusiones sobre los planos, y se requiere hacer un nuevo préstamo, pues con el cambio realizado se requieren más recursos, además, fue necesario pagar unos nuevos planos que no se encontraban dentro del presupuesto inicial. Se aumenta la deuda externa con un préstamo adicional. Luego de iniciada la obra, comienzan a surgir sobrecostos y se requiere hacer adiciones de obras por nuevos cambios en el proyecto. Sigue aumentando la deuda externa.

Todo el aumento de esa deuda externa, hace que se tenga que aumentar los impuestos para lograr mayor recaudo para pagar la deuda adquirida para lograr terminar el proyecto. Igualmente, mayores recursos públicos deben ser destinados al pago de la deuda externa, haciendo más limitado los recursos para gastos de inversión social, ante tal necesidad, se aumentan los impuestos nuevamente para obtener más recursos.

Pero paralelamente el Estado, desarrolla un proyecto para construir una hidroeléctrica, para lo cual, requirió nuevamente de hacer un préstamo internacional. El proyecto tuvo inconvenientes y sobrecostos por corrupción, que salieron nuevamente de un nuevo préstamo internacional, lo cual, también generó un gasto superior al inicialmente presupuestado, teniendo el Estado que aumentar impuestos, y aumentar la deuda externa.

Y adicionalmente, se encuentra que una política pública de comedores escolares, donde se provee alimentación a niños en escuelas públicas en varias ciudades del país, a los niños les tomaban fotos con los platos de comida, pero luego de las fotos se las quitaban y le pasaban el plato a otro niño, y así sucesivamente. Igualmente, se encontró que los recursos destinados a la salud, fueron apropiados por corruptos, que pagaban servicios médicos para tratar a pacientes con hemofilia, pero resulta que estos pacientes, nunca tuvieron hemofilia, no existían o estaban muertos. Así entonces, los recursos pagados por el Estado no se invirtieron en los servicios públicos para los que estaban destinados.

Cuando se observa estos descalabros administrativos, y el problema económico que esto genera, con la irresponsabilidad de los burócratas, que requieren recursos y más recursos, unos provenientes de los impuestos, y otros provenientes de la banca internacional, se da uno cuenta, que cada vez más la utilización irresponsable del crédito internacional, y de los impuestos, para la prestación de servicios públicos y la construcción de obras públicas, se está generando un problema económico que afecta la economía familiar por el aumento de impuestos, genera mayores limitaciones para la prestación de servicios públicos y la construcción de obras públicas en un futuro. Esto es lo que Zaffaroni (2022) llama el delito de economicidio, que es destruir la economía de un país, por la irresponsabilidad de los burócratas, al empeñar la producción de un país a la banca internacional.

 

LA GLOBALIZACIÓN, EL CULTURALISMO Y EL LIBERALISMO.

 

El profesor Giusti (2007) planteó un interesante debate sobre el liberalismo y el culturalismo, en el que plantea como choca el fenómeno de la globalización con las culturas particulares. El debate estaba dirigido a ver por un lado el liberalismo como una concepción basada en los derechos humanos y la libertad, con un discurso garantista y libertario, que promueve las libertades, en especial, en contra de culturas machistas de oriente -en especial las influenciadas por el islam, pero presentes en otras culturas como la china y la japonesa que no profesan dicha religión.

Por otra parte, el culturalismo responde ante las criticas del liberalismo planteando que por debajo de ese discurso de derechos humanos, se encuentra también la cultura económica que plantea el consumismo y unos estándares de vida específicos, para la compra de productos y servicios occidentales, que rompen con las tradiciones, las formas de vestir y de pensar de culturas milenarias. Se plantea entonces, que dentro del discurso liberal, también se encuentra el discurso del libre mercado, y la imposición de formas de vestir, productos y servicios, y el cambio o supresión de culturas diferentes.

Así las cosas, el discurso liberal del respeto y la dignidad humana, terminan siendo al mismo tiempo una forma de agresión a la religión, tradición y culturas diferentes, provocando un conflicto y un irrespeto al diferente.

Sin embargo, el discurso de occidente se centra en la eliminación de restricciones a la libertad, creados por culturas y religiones opresoras, y desconocedoras de los derechos humanos, en especial de las mujeres.

Puede entonces haber derechos humanos, si se desconoce los derechos de las minorías, y de las culturas diferentes. ¿Puede haber respeto por los derechos humanos en culturas que los desconozcas o los limiten?

Un claro ejemplo de este conflicto, es la revolución de Gandhi, quién se negó a seguir usando vestidos ingleses, para vestirse con las ropas tradicionales de la India. Su derecho a la protesta, generó que los hindúes dejaran de comprarle ropa a los ingleses, generando un descalabro económico para el imperio británico, que marcó en gran forma el camino hacia la independencia de la India.

Este choque entre el liberalismo y el culturalismo se seguirá presentando, y la globalización, que es un efecto económico es una de las bases para entenderlo.

 

 

EL CRIMEN TRASNACIONAL Y LA ECONOMÍA.

 

El comercio internacional no se encuentra exento de actividades criminales. Precisamente los aeropuertos y los puertos marítimos, en su gran mayoría son sitios de control de ciertos crímenes.

Los crímenes trasnacionales son aquellos que se inician en un país, y terminan en otro. Son buenos ejemplos, el contrabando y el narcotráfico, en el primero se trasporta mercancía de un país a otro, sin el pago de los impuestos o aranceles, y el segundo es el transporte de sustancias psicoactivas de un país a otro. Se podría decir, que el narcotráfico es una especie de contrabando, solo que gano su independencia debido a su importancia y efectos, mientras que el contrabando mantiene un estatus de delito bueno, pues le permite a la población acceder a mejores precios, sin pagar impuestos.

Ambos delitos son muy productivos, pues las ganancias pueden oscilar entre el 300% y el 400%, y hasta más.

En ambos delitos se implementan todo tipo de estructuras organizacionales, y estrategias para evadir las acciones de los estados. Se dice que mientras el narcotráfico por regla general se enfrenta con la violencia contra los Estados y contra la sociedad, el contrabando lo compra a través de la corrupción.

Los delitos trasnacionales como el contrabando y el narcotráfico, tejen estructuras delincuenciales, tanto en el Estado de donde crean o producen la mercancía, como en el Estado de la recibe, y las ganancias son tan altas que permiten financiar las operaciones de tráfico encubiertas en varios países, incluyendo armas, ejércitos, y corrupción de civiles y autoridades públicas en ambos casos, creando subculturas económicas transnacionales, que reparten dinero a todos los miembros de la cadena, filtran el dinero en la economía formal a partir del lavado de activos, e impulsan negocios con dinero negro.

El narcotráfico y el contrabando, generan inflación por aumentar el dinero circulante, aumentan el dinero en efectivo, y la economía informal, infectan a las empresas con dineros provenientes del delito, incrementan la violencia y el buen funcionamiento del Estado con la corrupción y la inseguridad.

Estos delitos trasnacionales afectan seriamente la economía y el comercio internacional, pues debido a los controles que hacen las autoridades de estos delitos, se sufren retrasos e inconvenientes en los trámites de exportación e importación.

Los crímenes trasnacionales requieren de grandes recursos de los Estados para la seguridad, vigilancia y control de las fronteras terrestres y marítimas, y también de cooperación entre los Estados por donde se produce, se trasporta y se destina la droga o la mercancía.

En el caso del contrabando, se afectan los precios de los productos, se pagan menos impuestos, se afecta la industria nacional y el empleo. En el caso del narcotráfico, se genera inflación, se contamina a las empresas y a la economía, se financia la violencia y los conflictos armados, y se disparan los índices de delitos violentos.

Para citar otros delitos trasnacionales, podemos ver el caso de los Panamá papers, en el que una firma de asesoría legal radicada en Panamá, ofrecía asesoría legal, contable y financiera a empresas de todas partes del mundo, para efectos de constituir empresas de papel en Panamá, y evadir impuestos y ocultar el origen de los recursos (lavado de activos). La idea era constituir empresas en Panamá o comprarlas, para efectos de comenzar a facturar servicios a la empresa que quería evadir impuestos. Los servicios nunca se prestaban, pues el plan consistía principalmente en trasferir dineros de un país a otro, para evadir impuestos o lavar activos. La firma de asesoría legal, ofrecía el servicio de asesoría y ejecución del plan para evadir impuestos y lavar activos, logrando clientes de todas partes del mundo, se trataba de una verdadera empresa criminal que traspasaba las fronteras, para realizar delitos contra el fisco y delitos económicos.

Otro de los delitos trasnacionales insignes es el de trata de personas, y este se da tanto en inmigrantes que buscan pasar de un Estado a otro, como en la trata de personas para fines de explotación sexual o laboral. En el primero, los indocumentados le pagan a los traficantes para ser transportados de un estado a otro, de manera clandestina, sometiéndose a condiciones inhumanas de transporte y con el riesgo de ser sorprendidos por las autoridades o ser engañados por los traficantes, que a veces los someten a la esclavitud. La trata de personas con el fin de explotación sexual o esclavitud, son organizaciones criminales dispuestas a secuestrar, engañar a la victima para transportarla de un país a otro, donde luego es recibida sometida y esclavizada, le quitan su pasaporte y la someten a encierro -secuestro-, donde las ponen a pagar los gastos de transporte y manutención con servicios sexuales o trabajo forzado. Utilizan la violencia, la extorsión y las drogas para someter a la víctima a sus condiciones. La trata de personas con fines de explotación sexual, es más lucrativa que el tráfico de drogas, y se extiende por más tiempo la ganancia. Son verdaderas organizaciones criminales sin escrúpulos y que no dudan en negarle la condición de ser humano a sus víctimas. Durante el inicio de la guerra de Ucrania, se detectaron varias organizaciones criminales en Polonia, donde llegaban refugiados de Ucrania, que secuestraban a mujeres y niñas ucranianas para someterlas al delito de trata de personas, aprovechándose de su vulnerabilidad y de la diferencia de idiomas.

 

BIBLIOGRAFIA

 

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Bustos, Juan (1987). Control Social y Sistema Penal. Promoción Publicaciones Universitarias. Barcelona.

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