Por: Jorge Arturo
Abello Gual.
En el debate sobre el sí o sobre
el no del plebiscito, se han generado una serie de discusiones sobre si los
colombianos debemos refrendar o no los acuerdos de la Habana.
Los argumentos que cuestionan los
acuerdos son los siguientes:
a) Va
a otorgar impunidad a los guerrilleros, por no imponer penas de prisión.
b) Le
va a dar participación política a personas vinculadas con grandes violaciones a
los derechos humanos.
c) No
existe reparación de las víctimas por parte de los guerrilleros, sino por parte
del Estado.
A pesar de las críticas y los argumentos
de los principales expositores del NO, es muy poco popular decir que no se
quiere la paz, si no la guerra, y en consecuencia el discurso por el NO, cambió
a oponerse al acuerdo de paz, a decir, que no es que no se quiera la paz, sino
que no se quiere en esas condiciones.
Por otro lado, es más fácil argumentar
en favor del sí, porque en una guerra tan larga y sangrienta como la colombiana,
nadie quiere volver a los tiempos en que nadie podía transitar en las
carreteras del país, donde nadie podía ir al campo, y donde muchos pueblos
estaban a merced de los grupos armados. Nadie quiere sentir más el dolor de la
guerra y el sufrimiento de las personas y combatientes que mueren en ella.
Luego de varios años de negociación
el acuerdo se ha logrado en un ambiente político bastante polarizado, en donde
se hicieron muchas concesiones que no son fáciles de comprender, y mucho menos
si se da al pueblo la posibilidad de votar a favor o en contra. A nadie se le
puede obligar a perdonar, porque es un proceso personal y no grupal. A nadie le
gusta todo lo que hizo las FARC, ni sus discursos ambivalentes, donde
justifican su lucha y con ello, la barbarie y dolor que promovieron durante
tantos años de guerra.
Decía Jaime Garzón, que la guerra
debía acabar y que había que hacer todo lo posible para que las partes se
sienten hasta que lleguen a un acuerdo, y si se paran y siguen peleando, hay
que volverlos a sentar hasta que se reconcilien, que todo era mejor que el
horror de la guerra, y tenía toda la razón, ya tenemos un acuerdo, y es mucho
mejor que seguir en guerra.
No es cierto que exista
impunidad, porque se van a realizar juicios, se van a recibir las versiones de
los procesados, y ellos serán sancionados. La privación de la libertad no
necesariamente es la única pena que se puede imponer y eso es lo que se debe
entender. Igualmente, en un acuerdo como éste, no se podría llegar a este punto
pensando en que la guerrilla va a dejar las armas si le van a imponer varios
años de cárcel. En el proceso de paz con los paramilitares AUC, las condiciones
se variaron, porque inicialmente todos estaban concentrados en unas fincas, y
por se inició el proceso de paz, pero luego cuando se comprobó que las AUC
seguían delinquiendo, se ordenó su traslado a las cárceles, y luego cuando
comenzaron a hablar de operaciones conjuntas con el ejércitos, fueron
extraditados.
En el acuerdo de paz con la
guerrilla habrá restricción de la libertad, pues los miembros de las FARC,
tendrán que limitar su derecho de locomoción en las zonas de concentración, y
no podrán, ni salir o entrar de esos territorios sin permiso, y estarán custodiados por las Fuerzas Armadas. ¿Es esto una sanción? Si en efecto es una privación
al derecho a la libertad, negociado porque no es la cárcel, pero si existe
limitación a la libertad. La prisión domiciliaria es una privación de la liberta a pesar de estar en la propia casa,
y las personas que las cumplen, en efecto siente el encierro y por eso, sigue
siendo un castigo. La cárcel no es la única forma de sanción, y tenemos que
recordar que se trata de una sanción negociada, que no puede representar una
humillación o un sometimiento, porque aquí no se trata de que el Estado venció
en la guerra.
La indemnización es un tema
complejo, porque en todo proceso de paz el responsable de los efectos de un
acuerdo será el Estado, y como promotor del mismo tendrá la obligación de
responderle a las víctimas, y así lo ha establecido la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el Estado deberá
responder por los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Si en
efecto en acuerdo las FARC y el Gobierno acordaron que las FARC no iban a
aportar recursos para la reparación, pues los recursos los deberá dar el Estado
y en últimas todos los colombianos. ¿Es ello justo? Seguramente no, pero está
acordado y tendremos que ver hasta dónde, el derecho puede proponer que la
extinción de dominio sea aplicable a los bienes obtenidos de actividades
ilícitas, y también, cómo los responsables de los delitos, pueden evadir su
responsabilidad de indemnizar a las víctimas.
En cuanto al acuerdo político,
donde se le da participación política a los miembros de las FARC en el Congreso
de la República, y financiando su participación política durante ocho años. Ese
es un precio necesario que se debía pagar para cambiar la guerra, por los
debates políticos. Solo queda pendiente si la democracia en ocho años seguirá
apoyando con sus votos, las ideas de las FARC, así como viene apoyando con
votos las ideas de ex miembros del M-19, que hoy gozan de gran reconocimiento y
admiración de parte de la población por sus ideas. Igualmente, al Congreso por
voto popular han sido elegidos grandes narcotraficantes como Pablo Escobar, y
personas vinculadas a grupos paramilitares, y ni qué decir de personas
relacionadas con la corrupción.
Mi pensamiento sobre este debate
es que a la paz no se le puede decir que no, y que la nueva batalla que hay que
librar es por la forma como debemos ejecutar los acuerdos, y de cómo se deben
hacer las leyes y las sentencias que lo ejecuten. No podemos decirle que no a
la paz, y el problema es que verifiquemos que la repartición de tierras se haga
de forma equitativa, que los guerrilleros no vuelvan a las armas, que los
guerrilleros no sean atacados y cazados como los de la UP, que en los juicios
se respeten los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas, que no se vuelva a manipular
la democracia a través de las presiones armadas, que se acabe el narcotráfico,
que no surjan más grupos armados que ejerzan poder en el campo y en los
pueblos. Un acuerdo de papel, será un verdadero fracaso y evitaría que pueda
existir una verdadera paz, y la confianza de la comunidad internacional hacía
nuestro país se rompería y volveríamos a ser señalados de manera negativa en el
mundo.
La paz se debe firmar, y de ello
sí estoy convencido, y pienso que lo más importante es su implementación o su
cumplimiento, si no se cumplen las cosas de una forma racional, y el proceso de
transición no es exitoso, el país se irá al abismo tanto económica, política y
socialmente, y eso sí es lo que más nos debe preocupar a todos. Hay muchas
cosas del acuerdo que no son fáciles, pero lo más importante es lo que viene,
la implementación y por ello es necesario prepararnos, porque los acuerdos
dependen de leyes, de sentencias y de políticas públicas necesarias para implementarlos.
Bien lo dijo la Corte Constitucional, el plebiscito obliga al Gobierno para que
no cambie su política a favor de la paz, pero no ata al Congreso y a las altas
Cortes a revisar y buscar las mejores formas para ejecutar el derecho a la paz.
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