LA POLARIZACIÓN DEL PAÍS POR EL PLEBISCITO DE LA PAZ, ES UN DEBATE ABSURDO.

Por: Jorge Arturo Abello Gual.

En el debate sobre el sí o sobre el no del plebiscito, se han generado una serie de discusiones sobre si los colombianos debemos refrendar o no los acuerdos de la Habana.

Los argumentos que cuestionan los acuerdos son los siguientes:

      

      a)      Va a otorgar impunidad a los guerrilleros, por no imponer penas de prisión.

     b)      Le va a dar participación política a personas vinculadas con grandes violaciones a los derechos humanos.

      c)       No existe reparación de las víctimas por parte de los guerrilleros, sino por parte del Estado.

A pesar de las críticas y los argumentos de los principales expositores del NO, es muy poco popular decir que no se quiere la paz, si no la guerra, y en consecuencia el discurso por el NO, cambió a oponerse al acuerdo de paz, a decir, que no es que no se quiera la paz, sino que no se quiere en esas condiciones.

Por otro lado, es más fácil argumentar en favor del sí, porque en una guerra tan larga y sangrienta como la colombiana, nadie quiere volver a los tiempos en que nadie podía transitar en las carreteras del país, donde nadie podía ir al campo, y donde muchos pueblos estaban a merced de los grupos armados. Nadie quiere sentir más el dolor de la guerra y el sufrimiento de las personas y combatientes que mueren en ella.

Luego de varios años de negociación el acuerdo se ha logrado en un ambiente político bastante polarizado, en donde se hicieron muchas concesiones que no son fáciles de comprender, y mucho menos si se da al pueblo la posibilidad de votar a favor o en contra. A nadie se le puede obligar a perdonar, porque es un proceso personal y no grupal. A nadie le gusta todo lo que hizo las FARC, ni sus discursos ambivalentes, donde justifican su lucha y con ello, la barbarie y dolor que promovieron durante tantos años de guerra.

Decía Jaime Garzón, que la guerra debía acabar y que había que hacer todo lo posible para que las partes se sienten hasta que lleguen a un acuerdo, y si se paran y siguen peleando, hay que volverlos a sentar hasta que se reconcilien, que todo era mejor que el horror de la guerra, y tenía toda la razón, ya tenemos un acuerdo, y es mucho mejor que seguir en guerra.

No es cierto que exista impunidad, porque se van a realizar juicios, se van a recibir las versiones de los procesados, y ellos serán sancionados. La privación de la libertad no necesariamente es la única pena que se puede imponer y eso es lo que se debe entender. Igualmente, en un acuerdo como éste, no se podría llegar a este punto pensando en que la guerrilla va a dejar las armas si le van a imponer varios años de cárcel. En el proceso de paz con los paramilitares AUC, las condiciones se variaron, porque inicialmente todos estaban concentrados en unas fincas, y por se inició el proceso de paz, pero luego cuando se comprobó que las AUC seguían delinquiendo, se ordenó su traslado a las cárceles, y luego cuando comenzaron a hablar de operaciones conjuntas con el ejércitos, fueron extraditados.

En el acuerdo de paz con la guerrilla habrá restricción de la libertad, pues los miembros de las FARC, tendrán que limitar su derecho de locomoción en las zonas de concentración, y no podrán, ni salir o entrar de esos territorios sin permiso, y estarán custodiados por las Fuerzas Armadas. ¿Es esto una sanción? Si en efecto es una privación al derecho a la libertad, negociado porque no es la cárcel, pero si existe limitación a la libertad. La prisión domiciliaria es una privación de la liberta a pesar de estar en la propia casa, y las personas que las cumplen, en efecto siente el encierro y por eso, sigue siendo un castigo. La cárcel no es la única forma de sanción, y tenemos que recordar que se trata de una sanción negociada, que no puede representar una humillación o un sometimiento, porque aquí no se trata de que el Estado venció en la guerra.

La indemnización es un tema complejo, porque en todo proceso de paz el responsable de los efectos de un acuerdo será el Estado, y como promotor del mismo tendrá la obligación de responderle a las víctimas, y así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el Estado deberá responder por los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Si en efecto en acuerdo las FARC y el Gobierno acordaron que las FARC no iban a aportar recursos para la reparación, pues los recursos los deberá dar el Estado y en últimas todos los colombianos. ¿Es ello justo? Seguramente no, pero está acordado y tendremos que ver hasta dónde, el derecho puede proponer que la extinción de dominio sea aplicable a los bienes obtenidos de actividades ilícitas, y también, cómo los responsables de los delitos, pueden evadir su responsabilidad de indemnizar a las víctimas.

En cuanto al acuerdo político, donde se le da participación política a los miembros de las FARC en el Congreso de la República, y financiando su participación política durante ocho años. Ese es un precio necesario que se debía pagar para cambiar la guerra, por los debates políticos. Solo queda pendiente si la democracia en ocho años seguirá apoyando con sus votos, las ideas de las FARC, así como viene apoyando con votos las ideas de ex miembros del M-19, que hoy gozan de gran reconocimiento y admiración de parte de la población por sus ideas. Igualmente, al Congreso por voto popular han sido elegidos grandes narcotraficantes como Pablo Escobar, y personas vinculadas a grupos paramilitares, y ni qué decir de personas relacionadas con la corrupción.

Mi pensamiento sobre este debate es que a la paz no se le puede decir que no, y que la nueva batalla que hay que librar es por la forma como debemos ejecutar los acuerdos, y de cómo se deben hacer las leyes y las sentencias que lo ejecuten. No podemos decirle que no a la paz, y el problema es que verifiquemos que la repartición de tierras se haga de forma equitativa, que los guerrilleros no vuelvan a las armas, que los guerrilleros no sean atacados y cazados como los de la UP, que en los juicios se respeten los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,  que no se vuelva a manipular la democracia a través de las presiones armadas, que se acabe el narcotráfico, que no surjan más grupos armados que ejerzan poder en el campo y en los pueblos. Un acuerdo de papel, será un verdadero fracaso y evitaría que pueda existir una verdadera paz, y la confianza de la comunidad internacional hacía nuestro país se rompería y volveríamos a ser señalados de manera negativa en el mundo.

La paz se debe firmar, y de ello sí estoy convencido, y pienso que lo más importante es su implementación o su cumplimiento, si no se cumplen las cosas de una forma racional, y el proceso de transición no es exitoso, el país se irá al abismo tanto económica, política y socialmente, y eso sí es lo que más nos debe preocupar a todos. Hay muchas cosas del acuerdo que no son fáciles, pero lo más importante es lo que viene, la implementación y por ello es necesario prepararnos, porque los acuerdos dependen de leyes, de sentencias y de políticas públicas necesarias para implementarlos. Bien lo dijo la Corte Constitucional, el plebiscito obliga al Gobierno para que no cambie su política a favor de la paz, pero no ata al Congreso y a las altas Cortes a revisar y buscar las mejores formas para ejecutar el derecho a la paz.  

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LA ECONOMÍA COLOMBIANA UN PROBLEMA EN RIESGO NO RESUELTO.

Por: Jorge Arturo Abello Gual.

Los informes sobre la situación económica en Colombia generan  mucha preocupación en todas las autoridades que tienen que manejar la economía del país. Los problemas que se avizoran como el bajo nivel de crecimiento, el riesgo en el aumento de la inflación, el riesgo para el apalancamiento de la deuda externa, la crisis del sector petrolero, la devaluación del dólar,  la reforma tributaria, el aumento de las tasas de interés, el recorte del presupuesto son factores que generan grandes riesgos para la estabilidad económica del país.

De acuerdo con las reglas económicas, cuando la inflación se presenta se deben aumentar las tasas de interés para desestimular el consumo –especialmente el consumo a crédito-, e incentivar el ahorro. Pero ello tiene un problema, un aumento exagerado de las tasas de interés, puede generar una disminución peligrosa del crecimiento de la economía, porque las personas dejan de consumir, y las empresas no tienen a quién vender; el efecto positivo de ello, es que las empresas deben bajar los precios y así se disminuye la inflación; pero el riesgo es que las empresas disminuyan sus utilidades o incluso funciones a pérdida, y ello motiva los despidos e incluso el cierre de las empresas. En la actual situación colombiana, los bajos niveles de crecimiento que ha mostrado la economía (menos del 3% proyectado por el gobierno) tienen un fuerte impacto, en el empleo, en el recaudo de tributos y en el crecimiento en general de la industria. Si el desempleo sigue aumentando (9,1%), las cifras de la delincuencia comenzarán a aumentar también, juntos con los indicadores de pobreza e inseguridad.

Por otra parte, el Gobierno Nacional ha aumentado su deuda externa, y ello implica mayor movimiento de dinero en la economía. La situación es compleja porque los grandes gastos en planes asistenciales y en obras de infraestructura, generan inflación, pero en el caso de los planes asistenciales, al no significar productividad, la economía no crece, sino solo genera inflación. En últimas, encuba una crisis similar a la de Venezuela por el exceso de asistencialismo y bienestar, sin generación de empleos, y de industria. El Estado termina siendo el mayor empleador, sin que el recaudo de impuestos sea suficiente para mantener el asistencialismo.

Por otra parte, la crisis del petróleo fue generada por los bajos precios del mercado internacional, que fue producida por un exceso de oferta de parte de los países productores del crudo en el mercado internacional. Las bajas del precio originaron un problema con la quiebra de empresas, disminución de recaudo de impuestos, desestimulo para las exploraciones, disminución de las reservas y una posible crisis de desabastesimiento de petróleo en algunos años para Colombia. A pesar de que los precios del petróleo son bajos, el precio de la gasolina nacional que se consume en el territorio colombiano no baja, y el abuso en las sobretasas para recuperar los impuestos dejados de percibir, presionan a los transportadores y a la industria en general con sobreprecios. El paro camionero es un resultado del mal manejo de los precios de la gasolina en el territorio nacional, y de la trasferencia de los costos al consumidor, pues en últimas es quién tiene que pagar los sobrecostos. Igualmente, las empresas que no se adaptan a los sobrecostos del transporte terminarán arrojando pérdidas, lo mismo que los pequeños productores y vendedores que tendrán que recibir menos ganancias al punto de quebrar, por no poder competir. Este escenario es un caldo de cultivo para la delincuencia en el sector privado, porque se presenta la competencia desleal, las prácticas monopolísticas, las lesiones enormes, las ventas simuladas, los hurtos, las usuras y demás prácticas desleales y delincuenciales, que realizan los comerciantes para poder sobrevivir en condiciones adversas.

En el campo público, el Estado invierte en obras de infraestructura, y para ello comienzan los procesos de contratación. En la actualidad más del 90% de la contratación se hace de forma directa, o a través de licitaciones amañadas. La contratación se restringe a unos cuantos grupos económicos, y la administración pública se inunda de corrupción. Una parte de dicha corrupción se genera en las elecciones, donde algunos grupos económicos financian las campañas políticas de los futuros gobernantes y luego estos le retribuyen a través de la contratación o favores en servicios públicos. Los costos de las campañas son superiores a los ingresos de los funcionarios públicos durante todo su periodo de elección, así que la contratación y la corrupción es la respuesta a que la gente aspire a un cargo de elección popular. Los dineros de la corrupción en la administración pública, se concentran en unos pocos y muchas veces se acude al lavado de activo, pero en otras ocasiones nunca reingresa a la economía como ocurrió en el caso del Carrusel de la contratación en Bogotá. De esta forma, los recursos que se captan a través de los impuestos, que disminuyen el dinero circulante, solo se invierte aproximadamente el 50% en la economía, el resto se va con los corruptos, y una gran parte de ellos, se sale del país y tampoco genera impuestos.

Si el Estado aumenta los impuestos para seguir financiando como ya se dijo los planes de asistencia social y especialmente el pos conflicto, la economía se seguirá comprimiendo, y entraremos en una grave crisis económica.

El descalabro de las bolsas de valores por el caso de Interbolsa, genera que las empresas no tengan una forma alternativa de ganar más rendimientos a sus ganancias operativas, lo cual hace que las industrias dejen a un lado el mercado bursátil, y se dediquen a producir, pero si el mercado y el crecimiento disminuyen –debido a las altas tasas de interés por ejemplo-, y las personas bajan su nivel de compra, las industrias no podrán reportar buenas utilidades, lo cual repercute también en el recaudo de impuestos. El aumento de las tasas de interés, le genera un poco de mayor utilidad a las empresas en sus rendimientos financieros, pero nunca será mayor a los rendimientos que les produciría el mercado bursátil. Los bancos podrán captar mayor dinero de sus clientes por el aumento de las tasas de interés, pero tendrán una disminución en el número de créditos otorgados porque la gente evitará adquirir deudas con tasas de interés muy altas, y a su vez tendrán que pagar más intereses a sus clientes. En síntesis, la inversión de las empresas y de las personas se frena también por la alza de las tasas de interés.

La devaluación del dólar genera que las importaciones se disminuyan, lo que origina mayor inflación por la falta de productos importados. La devaluación también genera exceso de ganancias a los exportadores, pero igualmente genera otro elemento adverso, pues si los bancos internos tienen tasas de interés altas, las opciones de acudir a bancos extranjeros con tasas de interés más bajas no es una opción por el problema de devaluación del peso respecto del dólar. Así las cosas, con la devaluación del dólar no solo se aumenta la inflación, sino que se restringe la posibilidad de financiar inversiones, en últimas, las empresas están produciendo con lo que tienen, y su posibilidad de crecer, se limita a sus propios recursos, pues no es momento de hacer préstamos.

Y con todo ello que ya es dramático, se van a aumentar los tributos, con un problema adicional, cada vez que el Estado colombiano crea un tributo, no mejora su nivel de recaudo, sino que aumenta la deuda fiscal, porque con base en el presupuesto de ingresos, se proyecta un presupuesto de gastos, y ello crea un desbalance a priori, porque nunca se recauda lo que se proyecta, pero en cambio, siempre se gasta lo que se proyecta, y en consecuencia, la reforma tributaria en últimas va a comprimir más la economía, va a aumentar la deuda fiscal, y va a impedir el crecimiento.

La legislación y las políticas gubernamentales deben cambiar su enfoque asistencialista y populista, no podemos seguir los pasos de Venezuela para buscar una masa de votantes fieles y ciegos. La legislación debe ir dirigida en estos tiempos a solucionar problemas de forma estructural como la salud, que tiene recursos pero que padece de iliquidez e ineficiencia, por causa de la corrupción y las malas prácticas administrativas. La ley debe estimular proyectos para estimular la producción y la generación de empleo. Ya basta de dar subsidios como limosna, es necesario que no le den al pescador el pescado, sino que le den la caña para pescar. Es necesario incentivar la producción a través de la capacitación y el apoyo crediticio para la creación de nuevas empresas y desarrollo de negocios nuevos. En estos momentos de crisis, es preferible que el Gobierno debe promover junto con las universidades públicas y privadas, los programas de educación profesional, técnica y tecnológica a través de becas o créditos, pero no como los del ICETEX. Las gobernaciones deben estimular la llegada de la capacitación técnica al área rural; y los municipios y distritos deben promover programas profesionales y postgrados que fomenten programas de emprendimiento. Junto con ello, es necesario crear líneas de créditos especiales para que toda la capacitación que reciban las personas, puedan convertirse en realidad y en proyectos productivos. 


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LAS LICITACIONES AMAÑADAS Y EL DERECHO PENAL

Por: Jorge Arturo Abello Gual.

De acuerdo con un informe del Contralor General de la Nación, el Dr. Edgardo Maya Villazón sobre el estado actual de la contratación en los departamentos de la costa caribe colombiana, se han venido presentando preocupantes casos de riesgo de corrupción en la contratación de las Gobernaciones, Distritos y Municipios de la región Caribe que se vienen ejecutando con recursos de las regalías[1].

Como se mencionó en el informe citado, uno de los grandes problemas que vienen presentando los procesos de contratación, es que se realizan procesos de selección en los que se termina adjudicando a un único proponente. Al respecto señaló el informe de la Contraloría lo siguiente:

"Alto riesgo de corrupción en la Región Caribe en proyectos financiados con regalías, por contratación con un único oferente". CGR.

By: System Administrator on jueves, septiembre 8

"La Guajira, Cesar, Sucre y Magdalena, los departamentos con mayor riesgo, revela el Contralor Edgardo Maya Villazón.

Están en ejecución 670 proyectos de inversión de regalías en la Región Caribe, que ascienden a $3,2 billones. Y de estos, el 46% (243 por cerca de $1,5 billones) presentan un significativo retraso.

En Audiencia de Rendición de Cuentas, el Contralor General de la República presentó en Barranquilla un detallado balance de la gestión de este organismo de control en la Región Caribe.

Barranquilla, 7 de septiembre de 2016.- El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, lanzó hoy una alerta por el alto riesgo de corrupción que se está dando en los departamentos de la Región Caribe, ante el aumento de la contratación de un único oferente para desarrollar los proyectos financiados con recursos de regalías.

La CGR mide este riesgo a través del porcentaje de contratación por concurso (licitación, concurso de méritos y selección abreviada) que se realiza con un único oferente.

El porcentaje para cada uno de los departamentos la Región Caribe es el siguiente, precisó el Contralor:

89% en La Guajira

86% en Cesar

83% en Sucre

82% en Magdalena

81% en Bolívar

76% en Atlántico y Córdoba

Y 56% en San Andrés”[2]

De acuerdo con estos informes, el riesgo de corrupción en la contratación con los recursos de las regalías puede derivarse de procesos de licitaciones amañadas. Esto quiere decir, que en los Municipios, Distritos y Departamentos, se vienen realizando prácticas ilegales en los procesos de licitación pública para favorecer la adjudicación a un solo proponente. Una de las prácticas más comunes son las “licitaciones a la medida”, donde las entidades públicas que abren las licitaciones, elaboran un pliego de condiciones que solo puede cumplir un solo proponente, de esta forma, se presentan varias empresas a la licitación, pero solo una cumple con los requisitos exigidos en la licitación y las demás son descartadas en el proceso de calificación.

Esta conducta inicialmente se encuentra señalada en el artículo 409 del Código Penal como “interés indebido en la celebración de contratos”:

Artículo  409. Interés indebido en la celebración de contratos. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.

De acuerdo con la norma penal y con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con el citado tipo penal se sanciona al servidor público que vulnere el principio de selección objetiva de la contratación estatal que consiste en la escogencia  donde “se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.” De esta manera, un funcionario público altere los criterios de selección objetiva para favorecer a un contratista sobre los demás, en cualquier clase de contratación u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en el tipo penal de interés indebido en la celebración de contratos. En consonancia con lo anterior, quién diseñe a sabiendas una licitación pública con requisitos que de antemano solo cumple un solo contratista, altera el principio de selección objetiva, igualdad y transparencia y se hace acreedor a la sanción contenida en el tipo penal analizado. Recordemos que en los delitos contra la contratación, se entienden como servidores públicos, sin tener en cuenta la naturaleza jurídica de su vinculación, sino el ejercicio de su función como contratista, asesor, consultor e interventor, funciones que por estipulación legal comprenden funciones públicas.

Ahora bien, si el servidor público exige una retribución por realizar una “licitación a la medida”, también incurrirá en el delito de concusión (Art. 404 del C.P.). Pero si es el futuro contratista quién ofrece promesa remuneratoria para que le fabriquen una “licitación a su medida”, el futuro contratista incurrirá en el delito de cohecho por dar u ofrecer (Art. 407 C.P.), y el servidor público incurriría en el delito de cohecho propio (Art. 405 C.P.).

Existe otra mala práctica en los procesos de licitación pública, que no provienen de la acción de la administración pública, sino de los mismos oferentes en una licitación. Ya se ha venido detectando esta práctica con el llamado “carrusel de la contratación de las empresas de servicio de vigilancia”, donde varios grupos de empresas a veces pertenecientes a un solo grupo económico, y en otras ocasiones simples aliados que realizan pactos entre sí para boicotear las licitaciones públicas. En estos casos son varias empresas que se presentan como oferentes diferentes, pero en realidad se trata de uno solo, porque mediante acuerdos privados, determinan de antemano qué empresa se va a ganar cada licitación, alternándose unas con otras. Cuando ello ocurre, se presentan varias empresas como oferentes, sabiendo que no reúnen los requisitos de la licitación para cumplir con la formalidad y luego se van retirando, o la misma administración las va descartando por no cumplir con los requisitos, quedando un solo oferente que a la postre se le adjudica el contrato. De conformidad con esta práctica la respuesta penal debe cambiar, y los oferentes que realizan estas conductas estarían incurriendo en el tipo penal de acuerdos restrictivos a la competencia contenido en el artículo 410 A:

Artículo  27. Acuerdos restrictivos de la competencia. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410 A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

En igual conducta incurriría el servidor público que se concertare con los oferentes para configurar este tipo de acuerdos que alteran ilícitamente el procedimiento licitatorio, para favorecer a algún oferente. Cabría además la posibilidad de configurar un cohecho si además de participar en el acuerdo, también acepta alguna promesa remuneratoria de los particulares.

Sin duda se trata de dos de las prácticas más comunes para defraudar los procesos de las licitaciones públicas, pero que se requiere de un buen análisis en cada caso concreto, porque también hay que tener en cuenta que la administración no puede contratar con personas que no cumplan con los requisitos exigidos desde el punto de vista técnico para desarrollar las obras. En efecto, cuando un oferente cumple con los requisitos en el papel, pero no en la realidad, se ponen en riesgo los recursos del Estado, por tanto, no es ilegal per se que en ocasiones solo se pueda adjudicar a un único oferente que si reúna los requisitos necesarios para realizar la obra, para detectar las malas prácticas de “las contrataciones a la medida”, deben analizarse bajo el criterio técnico los requerimientos que se hacen en una licitación pública para identificar cuáles configuran una violación a los principios de selección objetiva, igualdad y transparencia, y que generan una ventaja ficticia para el proponente.

En el caso de los acuerdos restrictivos, es más complicado detectarlos, pero no imposible. Se deben analizar varias contrataciones y establecer un patrón de conducta. Así  se debe establecer si en varios procesos licitatorios se favorecieron en varias ocasiones a un mismo grupo de empresas, y ello, ya es una práctica que se viene evidenciando:

“De ahí la importancia de la investigación que desde hace más de un año viene realizando la Auditoría General de la República. Sus primeras conclusiones dejan al descubierto no solo los mecanismos usados para evadir la Ley 80, sino cómo detrás se han tejido complejas mallas empresariales que se han ido apoderando de los recursos de los colombianos. Una especie de grupos Nule capaces de contratar desde una autopista, un hospital o un colegio hasta proveer el suministro de medicamentos, alimentos o capacitaciones.

Tras revisar los 20 billones de pesos que las alcaldías y gobernaciones contrataron entre 2014 y comienzos de 2016, los investigadores de la Auditoría encontraron que 8,1 billones quedaron en 78 redes o, como las llamó la entidad, mallas empresariales. Es decir, “la unión de varias empresas y/o personas naturales que se pueden ‘camuflar’ a través de uniones temporales y consorcios con el fin de ganar los procesos de selección de las diferentes contrataciones que se realizan en el país y lo que puede generar una monopolización de los negocios del Estado”. Cesar, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila y Cundinamarca son los departamentos donde más se contrata mediante estas ‘mallas’.

De todos los grupos identificados por la Auditoría, uno llama particularmente la atención pues recibió el 80 por ciento del dinero de los contratos, es decir, 6,3 billones de pesos. Bautizada por la entidad como la malla Castillo Baute-Vergara-Ordosgoitia-Rojas-Valderrama-Solarte-OLT, esta red tiene más de 1.000 socios y 800 consorcios, entre los cuales se relacionan desde bandas de música hasta empresas de logística y constructoras (ver recuadro ‘La red más grande’).”[3]

De acuerdo con lo anterior, ya se han venido identificando en el caso colombiano, que de los procesos de contratación que se desarrollan en el país, muchos quedan en unos pocos grupos económicos que se están convirtiendo en monopolios de la contratación estatal.

Los riesgos reales de estos procesos de monopolización del poder y de la contratación es el incumplimiento de los contratos, hecho que también dejo evidente el informe del Contralor General de la República:

“Preocupantes atrasos

Al intervenir en una Audiencia Regional de Rendición de Cuentas, en el Auditorio de Combarranquilla,  el Contralor Maya Villazón  señaló también los atrasos que presentan varios proyectos de regalías y entregó el siguiente balance al respecto:

El valor total de los proyectos aprobados a la región Caribe, a junio de 2016, es de $ 5,9 billones.

El valor de los proyectos terminados es de un poco menos de $2,3 billones, el 40,5% del total de los proyectos aprobados.  En número, los proyectos terminados son 1.459 (58%).

Por departamentos, San Andrés está en la situación más crítica, pues apenas el 5% de sus proyectos han terminado. También es bajo este porcentaje en Magdalena (19,6%).  La Guajira está por debajo del promedio de la región con el 32,5%.  En los demás departamentos el porcentaje del valor de los proyectos terminados está por encima del promedio de la región, entre 41% (Sucre) y 52% (Córdoba).

Están en ejecución 670 proyectos de inversión de regalías en la Región Caribe, que ascienden a $3,2 billones.

De éstos, hay 243 proyectos por un valor cercano a $1,5 billones, que equivalen al 25% de los aprobados, y al 46% de los que están en ejecución, que presentan un significativo retraso.

Es decir, llevan un año o más de retraso respecto de la fecha de terminación inicialmente prevista, y menos del 80% de avance físico. El riesgo más alto, lo presenta San Andrés, que tiene el 81% del valor de los proyectos en esta situación.  Le sigue La Guajira con el 33,8% y Sucre con el 32%.

Los menores porcentajes los tienen Magdalena y Atlántico con 8,7% y 15,2%. Los demás departamentos de la región tienen porcentajes de proyectos en esta situación entre el 20% (Bolívar) y el 25% (Cesar).

Proyectos en riesgo de desaprobación

Por otra parte, el valor de los proyectos en riesgo de desaprobación (aquellos que siendo aprobados no han iniciado su ejecución después de seis meses) asciende a alrededor de $187,5 mil millones, o sea el 3,2% de los proyectos aprobados.

Por departamentos este indicador es bastante alto en San Andrés, que tiene el 33,4% del valor de los proyectos en esta condición. Le siguen los departamentos de La Guajira y Atlántico con el 7,6% y el 5,6% respectivamente.”

Como se dijo anteriormente, si un solo el contratista que reúne las condiciones para adelantar una obra, y los demás no, se debe realizar la contratación con el que puede realizarla. Pero el problema de los monopolios en la contratación, es como se evidenció con el grupo Nule en “el carrusel de la contratación en Bogotá”. El grupo Nule no tenía capacidad para contratar, porque ya tenían en curso otras obras que aún no habían culminado, y sin embargo, seguían participando en las licitaciones y las seguían ganando. Se ofrecían “mordidas” a los servidores públicos que dirigían los procesos de contratación y así se les adjudicaban los contratos. Los anticipos eran utilizados para el pago de mordidas y no para las obras, y por ello se presentaban los atrasos en las obras y posteriormente los incumplimientos. Los recursos de una obra eran utilizados para terminar las obras más atrasadas, y por ello, necesitaban ganar más licitaciones para cumplir con las obras que estaban atrasadas en otros contratos ya celebrados. La necesidad por terminar las obras atrasadas hacían que prometieran más porcentajes de mordidas a los servidores públicos que manejaban la contratación, con lo cual, disminuían también los recursos para ejecutar las obras.

El caso de los Nule, es la concreción del riesgo que se evidencia en el informe de la Contraloría General de la República, pues es preocupante el retraso de los proyectos, y el bajo porcentaje de ejecución de los proyectos, lo que puede indicar que existen problemas para la ejecución de los contratos y lo que es mucho más preocupante para la terminación de las obras.

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Ver también:

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[1] Ver CONTRATACIÓN EN LÍNEA, en la siguiente página web: http://www.contratacionenlinea.co/index.php?action=view&id=2483&module=newsmodule&src=%40random50ff48e1e3fd3 consultada el 8 de Septiembre de 2016.

[2] Ibíd..

[3] REVISTA SEMANA. “Informe Especial: La telaraña de la contratación en Colombia”. Publicada el 13 de Agosto de 2016 en la siguiente página web: http://www.semana.com/nacion/articulo/informe-especial-la-telarana-de-la-contratacion-en-colombia/487687. Consultada el 18 de Agosto de 2016.