viernes, 4 de noviembre de 2016

MARCO JURÍDICO DE UN DERECHO PENAL TRIBUTARIO EN COLOMBIA.

Por: Jorge Arturo Abello Gual.
Contacto: georabello@hotmail.com 

En el proyecto de reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso de la República de Colombia, se ha presentado como una necesidad, la creación de un nuevo delito penal para castigar la evasión de impuestos.

Según quedó en la exposición de motivos, se hace necesario que el Estado colombiano a través del derecho penal prevenga conductas que atenten contra las finanzas públicas. La necesidad está planteada para recubrir el derecho tributario de mayor prevención general, a través de una norma penal que castigue con cárcel a los evasores.

Según el proyecto, el nuevo tipo penal denominado “Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”, tendrá las siguientes características:

“i) La configuración del tipo penal requiere de una conducta dolosa en los términos de la Parte General del Código Penal. Así, se excluye la configuración del tipo cuando en la realización de la conducta o del verbo rector no medie el dolo. ii) El tipo penal comprende varios verbos rectores, a saber: omitir activos o presentar información inexacta sobre estos o, declarar pasivos inexistentes. iii) El tipo no se configura a menos que los activos omitidos o los pasivos inexistentes que causaron el perjuicio tributario, tengan un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 millones de pesos). iv) Finalmente, la acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración correspondiente y realice el pago de los recursos.”[1]

Según se puede analizar, el tipo penal está dirigido a castigar a personas con grandes recursos (la infracción solo afecta a personas tengan más de 5000 millones de pesos), que actuando intencionalmente, alteren sus activos y pasivos con el fin de pagar menos impuestos.

En principio esta norma debe decirse que es discriminatoria, porque se enfoca en castigar a las personas que tengan un capital superior a 5000 millones de pesos, dejando al margen al resto de la población, tomando como factor de punición el patrimonio de una persona. Por otra parte podría decirse que en virtud de la política criminal aplicada en el ámbito tributario, se busca prevenir con una pena de prisión que las personas más adineradas, evadan sus obligaciones tributarias, por ser éstas las que más deben aportar al sostenimiento del Estado, lo cual sin duda, continúa siendo discriminatorio.

Otros dirán para sustentar el delito que se pretende configurar, que se debe concentrar la política criminal del Estado en acciones dirigidas a combatir las conductas que más afectan el régimen tributario, permitiendo en todo caso, la posibilidad de excluir de la sanción penal al responsable, cuando se pague efectivamente los recursos defraudados. Visto de esta manera, el Estado que es la víctima directa por la evasión fiscal decide colocar un umbral para el castigo, el valor que se pretende evadir, para enfocar todos sus recursos y esfuerzos en la investigación y sanción de las conductas más gravosas. Ello tal vez, va acorde con el principio de progresividad del derecho tributario, según el cual, entre mayores ingresos, mayores impuestos, solo que ello no se ve reflejado en la reforma tributaria como bien lo han podido prever los analistas:

“El problema es que la reforma, como cualquier proyecto que toca los impuestos, no es fácil de defender. Aunque técnicamente está bien pensada, políticamente es muy compleja. Es difícil explicar que se les bajarán las cargas a las empresas, que son supuestamente las ricas, pero que generan empleo y traen la inversión. Y que al pueblo le subirán el IVA tres puntos aunque está atravesando un momento difícil por la desaceleración de la economía. Individualmente las dos medidas tienen lógica dado el exceso de tributación que había contra las empresas y que el IVA es la única herramienta que ayuda a tapar el hueco fiscal. Sin embargo, combinadas, hace difícil presentarla como progresista.”[2]

En todo caso, por donde se mire sigue siendo una norma discriminatoria, y aún más si se mira las cifras de evasión de impuestos, que supera los 6 billones de pesos[3]. Igualmente se debe analizar que los niveles de pobreza en Colombia dejan por fuera por lo menos el 30% de la población[4]. Y por último, siendo realistas, posiblemente menos del 10% de la población podría tener un capital superior a 5000 millones de pesos.

De esta manera se evidencia que este nuevo tipo penal que se pretende crear, está dirigido única y exclusivamente a personas adineradas, lo cual no deja de ser discriminatorio.


¿ES VERDAD QUE EL DERECHO PENAL NO PROTEGE LOS TRIBUTOS?

No es cierto que el derecho penal esté al margen del problema de la evasión tributaria. En Colombia, el Código Penal cuenta con varias normas que sancionan ciertas conductas con las que se defraudan los tributos, por ejemplo, en caso de falsificación de estados financieros se tiene el tipo penal de falsedad en documento privado que es el artículo 289 del C.P.[5], con el cual se pueden sancionar las siguientes conductas:

·         “La invención de transacción con demandantes falsos.
·         El registro de un egreso con datos falsos (fecha, nombres, transacciones) con la finalidad de mejorar los datos de un período.
·         La acción de aplazar un registro de ingresos para reducir los resultados en un lapso de tiempo específico.
·         El manejo de saldos fraudulentos en cuentas de activo y pasivos.
·         El uso de cuentas puente o provisionales para cambiar egresos e ingresos representativos.
·         Falsear la realidad de los saldos, cuentas por cobrar y pagar, activos y pasivos a través de acreedores y deudores.”[6]

Igualmente, cuando se busca proteger tributos como las retenciones de los contratistas, o  como tasas o contribuciones, y el impuesto de renta y el impuesto a la venta, existe el tipo penal de la “omisión del agente retenedor o recuadador” (Art. 402 C.P.) que sanciona a las personas obligadas a realizar estas retenciones, cuando no pagan al Estado las sumas retenidas dentro de los plazos estipulados en el calendario tributario[7].

En el código penal también se sanciona según el artículo 313[8], a aquellas personas que no paguen los impuestos derivados de la explotación de una actividad relacionada con un monopolio rentístico.

En el mismo sentido, y ya pasando al derecho aduanero, se encuentra un tipo penal denominado fraude aduanero consagrado en el artículo 321 del C.P., que sanciona con prisión a las personas que suministren información falsa o no acorde con la realidad en las aduanas, con el propósito de pagar menos tributos en operaciones de importación o exportación[9].

Ahora bien, si se trata de un servidor público que se apropia o permite que otro se apropie de los tributos, estando encargado de la tenencia, administración o custodia de los mismos, estaríamos hablando de la configuración del delito de peculado[10] (Art. 397 C.P.). En mi concepto podría aplicarse el delito de peculado a todos los funcionarios que dentro de sus funciones permitan que los particulares realicen cualquier tipo de evasión de impuestos, o que se apropien de esos tributos, como por ejemplo, en el caso del fraude en las devoluciones de IVA  de la DIAN, donde se declaraban exportaciones ficticias para luego reclamar la devolución del IVA. También podría aplicarse en los casos en que los controladores del Estado, permitan que un minero declare menos gramos de mineral, para pagar menos regalías. Y obviamente, en temas de declaración de renta, en las cuales, los auditores de la DIAN omiten los reportes de evasión para sanción a pesar de evidenciar las conductas fraudulentas. Y desde el punto de vista de los particulares que se presten para realizar este tipo de conductas con la participación de un servidor público, también estarían sumidos en el delito de peculado en calidad de intervinientes[11], determinadores o cómplices, según el caso (Art. 30 del C.P.).

No sobra recordar que si un funcionario público le ofrece a un ciudadano realizar un acto contrario a sus funciones para realizar una evasión de impuesto, el funcionario estaría incurriendo en el delito de concusión (Art. 404 C.P.), pero si es el particular es quién ofrece promesa remuneratoria para lograr una evasión ilegal de impuestos, y el funcionario la acepta, ambos incurrirían en el delito de cohecho, el particular en el delito de cohecho por dar u ofrecer (Art. 407 C.P.), y el funcionario por cohecho propio (Art. 405 C. P.).

Y cuando se trata de maniobras fraudulentas realizadas por los particulares tendientes a la obtención de un provecho ilícito, como por ejemplo la evasión ilegal de impuestos a través de actos fraudulentos, además de la falsedad en documento privado  (Art. 289 C.P.) si ese fuera el medio utilizado, también podría imputársele el delito de estafa[12] (Art. 246 C.P.). Pero si el acto fraudulento se realiza en desarrollo de un proceso administrativo o judicial que culmine con una resolución o sentencia, habría que aplicar además el delito de fraude procesal[13] (Art. 453 C.P.), pero si se realiza el fraude para obtener un certificado por parte de una entidad del Estado, el delito aplicable sería la obtención de documento público falso[14] (Art. 288 C.P.).

En síntesis el derecho penal a diferencia de lo que plantea la exposición de motivos de la reforma tributaria, si protege la evasión tributaria, entendida esta como las actuaciones fraudulentas tendientes al pago de un menor valor de los tributos, y de una manera menos discriminatoria de cómo se pretende hacer en el nuevo delito penal.

En conclusión, no se hace necesario crear un nuevo tipo penal para proteger el derecho tributario, y si se creara, éste terminaría siendo un tipo penal especial que haría más complejo la aplicación de los delitos antes citados, creando un alto grado de impunidad y de discriminación, pues solo podría aplicable a las personas que tuvieran en su haber más de 5.000 millones de pesos.

Si lo que realmente se quiere es avanzar en un derecho penal tributario, debe crearse un tipo penal, que no cause conflicto con las normas antes citadas, y que llegara a simplificar el proceso de tipificación en una sola conducta, cuya redacción le de el carácter de norma especial, y que permita eliminar de forma fácil los concursos de conducta punible para no agravar la situación del procesado.





PROBLEMA DE POLÍTICA CRIMINAL.

Como ya mencionamos en el aparte anterior, la Ley penal si contiene disposiciones que pueden aplicarse a casos de evasión de impuestos, lo que ocurre es que no se aplican a pesar de que en la práctica mucha gente las viola.

Las razones por las cuales no se condenan a las personas por realizar este conjunto de conductas son muy variadas, y podemos citar algunas:


  • a    La misma percepción de toda la sociedad sobre la injusta carga tributaria.
  • b  La falta de comunicación entre las autoridades tributarias, y las autoridades penales, pues las investigaciones administrativas que realiza la DIAN que concluyen con hallazgos, pero estos no son debidamente informados a la Fiscalía General de la Nación, o la información llega incompleta, y muchas veces las pruebas no sirven a la Fiscalía para iniciar los procesos.
  • c.       La gran carga de trabajo de la Fiscalía que le impide perseguir toda clase de delitos, en el caso de los fraudes tributarios, se requiere de una unidad especializada que entienda el derecho tributario, y que además cuente con la policía judicial idónea para perseguir este tipo de delitos.
  • d.      La mayor parte de delitos que protegen los tributos se extinguen con el pago de los mismos, por tanto, el interés en un esfuerzo por realizar una buena investigación penal disminuye, si luego de haber realizado todo un arduo trabajo, el delito se extingue con el pago del impuesto.
  • e.      En el caso de los impuestos, la técnica contable y financiera es muy importante, por lo tanto, se trata de delitos que son difíciles de hallar y de comprobar, por lo que se requiere de mucho trabajo y técnica para investigarlos.
  • f.        La corrupción en este tipo de delitos es fundamental. Por tratarse de delitos cometidos por los más poderosos, el poder del dinero corrompe las investigaciones y demás acciones judiciales.
  • g.      Desde el punto de vista de eficiencia, sin duda las sanciones administrativas de la DIAN son mucho más eficaces en la práctica que los procesos penales.
  • h.      El mayor campo de aplicación de un derecho tributario es la empresa, porque son ellas las que realizan la mayor cantidad de prestación de servicios, y son por ellos las mayores contribuyentes.  Por tanto, para aplicar un derecho penal en un ámbito empresarial se requiere manejar un esquema dogmático que permita coherentemente, imputar la responsabilidad penal individual al interior de estructuras empresariales a las personas naturales, pero que a su vez permita imputar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, lo cual en Colombia no es un panorama muy claro.


RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS  JURÍDICAS.

No es un tema sencillo de tratar al interior del derecho penal, pero en el campo tributario es necesario tocarlo, pues los más altos contribuyentes del Estado, no son las personas naturales, sino las personas jurídicas.

Desde el punto de vista jurídico los grandes patrimonios, los más alto costos de las transacciones bancarias y la mayor facturación la realizan las personas jurídicas, y por lo tanto, son ellas las que más evaden impuestos.

En la responsabilidad penal empresarial, se busca diferenciar entre los delitos que realizan las personas naturales para favorecerse a sí mismas, y los delitos en los cuales se favorece a una persona jurídica. En el caso tributario, una evasión de impuestos en una facturación fraudulenta, favorece directamente a las personas jurídicas, sin descartar el beneficio que obtienen en todo caso las personas naturales como los socios de esa misma empresa.

De esta manera, una norma que pretenda sancionar con una pena la evasión de impuestos, debe tener claro que su principal escenario no son las personas naturales, sino las personas jurídicas, y ello nos lleva a abrir la discusión sobre un modelo de derecho penal que permita atacar a las personas naturales que actúan a través de una persona jurídica, pero a su vez, que permita atacar a las personas jurídicas.

En Colombia como sabemos, el modelo que se ha planteado de responsabilidad de las personas jurídicas, es un modelo en el que se sanciona a la persona jurídica, pero como una sanción accesoria a la persona natural que se está investigando. De esta forma, en una investigación penal abierta en contra de personas naturales que conforman una persona jurídica, se podrá solicitar la suspensión o cancelación de la personería jurídica o el cierre de los establecimientos comerciales, si se comprueba que la persona jurídica fue utilizada para realizar conductas punibles[15]. Este modelo que se encuentra en la Ley, aún no se ha implementado, pues en casos como Interbolsa o DMG, han sido la superintendencia bancaria y la superintendencia de sociedades, las que decretaron la intervención de las empresas que habían cometido los fraudes, dejando al margen a la justicia penal para tomar medidas contra las personas jurídicas, pero dejándola encargada de juzgar solamente a las personas naturales que fungían como los directivos de dichas empresas.

Por tanto, nuevamente el legislador consagra normas penales dispuestas a reforzar la prevención general en un campo, que terminan por no aplicarse a pesar de estar vigentes.

CONCLUSIÓN.

En Colombia el derecho penal puede aplicarse en el campo tributario, pero ello se deja de lado por razones de política criminal, donde se crean normas que no se aplican a pesar de estar vigentes.

De esta forma, no es que el derecho tributario no cuente con el derecho penal para reforzar las sanciones a los evasores, sino que las autoridades tributarias y las autoridades penales en la mayor de las veces no se comunican, y los hallazgos que logra la DIAN no llegan en debida forma a las autoridades penales para realizar los debidos procesos. Igualmente, el tecnicismo y la especialidad del derecho tributario, hace que los Fiscales no entiendan las infracciones y eviten iniciar investigaciones en terrenos que no le son conocidos. Por lo que sería muy adecuado crear una unidad de fiscalía especializada para investigar los delitos tributarios.

No se hace necesario crear nuevos tipos penales para sancionar a los evasores de impuestos, pero si así se quiere, debe ser un tipo penal técnicamente adecuado y que no cause discriminación. La idea es que el delito sea tan especial, que excluya los concursos de tipo que compliquen la situación del investigado.

Es necesario abrir la discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si lo que se busca es avanzar con la aplicación de un derecho penal tributario, pues dadas las condiciones sociales y económicas, los mayores contribuyentes son las personas jurídicas, que son a su vez las que más pueden incurrir en evasión de impuestos.


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[1] COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA PÚBLICA. Exposición de motivos de la reforma tributaria 2016. En la siguiente página web: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-059072%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased, consultada el 28 de Octubre de 2016.
[2]REVISTA SEMANA. Reforma Tributaria dura pero necesaria. En la siguiente página web: http://www.semana.com/nacion/articulo/reforma-tributaria-presentada-por-el-gobierno-es-tema-de-debate/499817
[3]EL PAIS. Evasión de impuestos en Colombia supera los $6 billones al año. Lunes, Agosto 31, 2015 | Autor: Alfredo García Sierra | Reportero El País. En la siguiente página web:
[4] “En el año 2015, se redujo en 1,7 puntos porcentuales el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, equivalente a 700 mil personas. En 2014 fue de 21,9 % y en 2015 pasó a 20,2 %.
Pobreza monetaria
Así mismo, al comparar los resultados de 2015 frente al año anterior, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el total nacional disminuyó 0,7 puntos porcentuales, al pasar de 28,5 % en 2014 a 27,8 % en 2015. Al presentar este indicador, el director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral destacó: “171 mil personas salieron de la pobreza entre 2014 y 2015”. El valor de la línea de pobreza monetaria, por hogar, para el año 2015 fue de $894.552.
Pobreza Extrema
La reducción de la pobreza extrema a nivel nacional fue de 0,2 puntos porcentuales, mientras en 2014 fue de 8,1% en 2015 se ubicó en 7,9%. Eso significa que cerca de 24 mil personas salieron de la pobreza extrema en Colombia. El valor de la línea de pobreza monetaria extrema, por hogar, para el año 2015 fue de $408.436.” COLOMBIA. DANE. Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2015. En la siguiente página: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2015 consultada 1 de Noviembre de 2016.
[5]Artículo  289. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años.
[6] RAMIREZ, Miguel. “Falsificación o alteración de estados financieros: un delito penal. 16/04/2014. En la siguiente página web: http://www.colombialegalcorp.com/falsificacion-o-alteracion-de-estados-financieros-un-delito-penal/ consultada 1 de Noviembre de 2016.
[7]Artículo 402. Omisión del agente retenedor o recaudador. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.
Parágrafo. El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a las ventas o el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación, o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar.  
[8] Artículo  313. Evasión fiscal. Modificado por el art. 21, Ley 1474 de 2011. El  concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico, que incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente les correspondan a los servicios de salud y educación, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que no declare total o parcialmente los ingresos percibidos, en el ejercicio del mismo, ante la autoridad competente.
[9] “Artículo 321. Fraude Aduanero. El que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera o cuando esté obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, derechos o gravámenes aduaneros a los que esté obligado en Colombia, en cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes del valor real de la mercancía incurrirá en pena de prisión de ocho (8) a doce (12) años, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[10] Artículo   397. Peculado por apropiación. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.
[11] Art. 30 C.P. (…) Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.
[12] Artículo  246. Estafa. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.
La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[13] Artículo  453.   Fraude procesal. Modificado por el art. 11, Ley 890 de 2004. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.
[14] Artículo 288. Obtención de documento público falso. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
[15] Artículo 91. Suspensión y cancelación de la personería jurídica. En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas.

Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la sentencia condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que las originaron.

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