lunes, 25 de enero de 2016

HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA Y EL ABUSO DE CONFIANZA

     1.    INTRODUCCIÓN.

La delincuencia empresarial, esto es, las conductas criminales realizadas desde y a través de las organizaciones empresariales, representa un verdadero reto para el derecho penal, porque al parecer las figuras jurídicas tradicionales no son suficientes para enfrentar esta forma de delincuencia. En otras legislaciones, como por ejemplo la española, existen una serie de delitos dirigidos a proteger los intereses de los socios, de las actuaciones de otros socios, o de los administradores en contra de la sociedad. Estos delitos, llamados delitos societarios, se justifican por la necesidad de proteger el capital de los inversionistas en las empresas, y para evitar que se produzcan grandes defraudaciones que pongan en riesgo la existencia de las empresas y con ellas la economía regional y nacional.

Por ejemplo, en el código penal español en el Artículo No. 295 se describe un delito que castiga con pena de prisión, a la conducta denominada administración desleal de los recursos sociales, previniendo de esta forma que los administradores, en ejercicio de sus funciones, realicen operaciones altamente riesgosas que comprometan la estabilidad financiera de la empresa, y que incluso puedan llevarla a la quiebra. Esta conducta hoy se encuentra tipificada en la Ley colombiana en el artículo 250B del código penal, y la pregunta que surge es, cómo se integra este tipo penal con los tipos penales tradicionales como el hurto, el abuso de confianza y la estafa, para lograr la protección de los intereses de los socios, por la mala administración de los recursos sociales que hagan los administradores de una empresa.

La correcta administración de los recursos sociales es un tema de vital importancia en toda compañía, pues de ello depende su viabilidad económica y financiera. La responsabilidad de una buena gestión de los recursos se encuentra en cabeza del representante legal  y de los órganos de administración, que son los encargados de ejecutar el objeto social, de conformidad con los estatutos y las directrices de los socios.

En algunas oportunidades los actos realizados por los órganos de administración o por el representante legal no son los más apropiados con el momento económico y financiero de la empresa. Estas decisiones administrativas en todo caso, se encuentran sujetas al control de los socios o de los órganos directivos de la empresa (Consejo Directivo o Junta Directiva), y generan una responsabilidad tanto para el representante legal, como para el órgano de administración, cuando de esos actos, se producen perjuicios para la empresa[1].  La Ley comercial colombiana siempre ha abierto la posibilidad de incoar otras acciones judiciales en contra de los órganos de administración, cuando sus actuaciones generen perjuicios a la sociedad, entre ellas, la acción penal en caso de presentarse un delito[2]. De acuerdo con el estudio realizado en este trabajo, en la doctrina y la jurisprudencia, el representante legal que se apropie de bienes cuya administración tenga a su cargo, incurre en el delito de abuso de confianza. En contraste con lo anterior, los trabajadores que en ejercicio de sus funciones realicen actos tendientes a obtener provecho para sí o para un tercero, de acuerdo con la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia estudiada en este trabajo, incurren en el delito de hurto agravado por la confianza.

Esta diferencia de trato, es uno de los temas que se van a analizar, para determinar si de acuerdo con los principios fundamentales del derecho penal y los criterios dados por la doctrina y la jurisprudencia se justifica esta diferencia de trato.
     
    2.    APROXIMACIÓN A LA DIFERENCIA ENTRE ABUSO DE CONFIANZA Y HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA.

En este aparte de este trabajo, nos concentraremos en analizar cuál es la diferencia señalada por los doctrinantes y la Corte Suprema de Justicia, entre el abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza.

De conformidad con la mayor parte de la jurisprudencia[3] y la doctrina colombiana[4] consultada, el administrador o representante legal que disponga de los bienes de la sociedad para su propio beneficio o de un tercero, incurre en el delito de abuso de confianza. En cambio, cuando se trata de un trabajador que tiene bajo su administración y custodia dineros de su empleador, y dispone de ellos para su beneficio o de un tercero, estaría incurriendo en el delito de hurto agravado por la confianza[5].

Este trato diferente entre estos dos comportamientos muy parecidos, hasta el momento ha sido muy poco cuestionado, y es por ello que, en otra sección de este trabajo, me doy a la tarea de exponer mis desacuerdos sobre los criterios que fundamentan este trato desigual, pero por ahora, me concentraré en los elementos y criterios que han señalado tanto la jurisprudencia como la doctrina, para definir y diferenciar el abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza.

En primer lugar, vamos a ver la diferencia conceptual entre el abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza, de la siguiente manera: mientras el abuso de confianza[6] consiste en “apropiarse de la cosa de la cual el sujeto agente tiene la posesión a nombre de otro (mera tenencia), o sea en incorporar al dominio del sujeto activo la cosa que es del pasivo; es convertir arbitrariamente en dominio lo que es una mera tenencia, para transformar una relación posesoria legítima (mera tenencia) en ilegítima (dominio o posesión)[7]. El hurto agravado por la confianza, en cambio, consiste en el apoderamiento de cosa mueble ajena, pero donde “el agente tiene acceso a la acosa en virtud de alguna función que deba desempeñar, pero no por título alguno que le dé cierta autonomía en su manejo. Abusa de la confianza del derechohabiente, al apoderarse de la cosa, a la que tiene acceso, siendo por tanto más fácil el desapoderamiento, mereciendo por ello mayor sanción[8].

Sobre la diferencia conceptual entre el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

En el delito de hurto el legislador ha empleado el verbo rector apoderarse, mientras que la expresión verbal que preside la conducta del abuso de confianza es apropiarse; en el delito de hurto el autor del ilícito carece por completo del poder jurídico sobre la cosa, mientras que es requisito indispensable del abuso de confianza que el agente detente la cosa bajo título no traslaticio de dominio, en fin, en el delito de hurto agravado por la confianza, entre el agente y el propietario, poseedor o tenedor del bien, existe una relación de confianza de carácter personal, al paso que en el abuso de confianza lo que es indispensable es que entre los referidos sujetos exista un nexo jurídico que los relacione con el bien que es objeto material de la infracción, aún cuando no exista confianza en el plano personal[9].

Siguiendo con el tema, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha determinado ciertos criterios para diferenciar el abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza en la siguiente sentencia, que es una de las más citadas por el alto Tribunal en este punto:

“[S]i bien es cierto que en el abuso de confianza la cosa mueble se halla en poder del sujeto por razón del título que sobre ella ostenta, también lo es que en el delito de hurto agravado el bien puede estar en poder del agente pero sin vínculo jurídico sobre el mismo, ya que el apoderamiento se da cuando se toma para hacer propio el objeto que se encuentra en la órbita de disposición de su titular, aun cuando materialmente se halle en manos del sujeto activo de la infracción.
A pesar de que son varias las diferencias que pueden establecerse entre estos dos hechos punibles, destácase que para la tipificación del delito de abuso de confianza la cosa ha debido entrar a la órbita del agente 'por un título no traslaticio de dominio'; vale decir, que en este delito el sujeto tiene sobre el bien un poder precario reconocido por el ordenamiento, mientras que en el delito de hurto agravado por la confianza el agente carece por completo de poder jurídico sobre el objeto, aun cuando aparece vinculado por razones de confianza personal con el dueño, poseedor o tenedor.
El actor ha querido distinguir estas dos formas delictivas en razón de la exclusiva interpretación de los verbos rectores, lo que apenas debe constituir un punto de partida, pero en manera alguna la solución completa de la cuestión planteada. En efecto, si bien es cierto que en el abuso de confianza la cosa mueble se halla en poder del sujeto por razón del título que sobre ella ostenta, en el delito de hurto agravado también la cosa puede estar en el poder del actor, pero sin vínculo jurídico alguno sobre ella, pues el apoderamiento se da cuando se toma para hacer propio el objeto que se halla en la órbita de disposición de su titular, aun cuando materialmente se halle en manos del agente.
Por lo anterior la apropiación de bienes por parte de empleados del servicio doméstico, de compradores que los han recibido en un almacén para examinarlos..., no constituyen delito de abuso de confianza, a pesar de que los bienes materialmente los tiene el agente, pues en ninguno de los casos mencionados el detentador material que aprovecha su situación personal para apoderarse, posee título legítimo sobre aquellos. (Casación del 17 de enero de 1984, M. P. Dr. Luis Enrique Aldana Rozo)[10].

En pronunciamientos más recientes[11] señaló:

La distinción, bastante problemática, entre el delito de abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza, puede afrontarse desde una triple perspectiva que involucre el bien jurídico, la ontología de la conducta y el sentido normativo de la misma.
Desde una visión político criminal de las normas penales se puede concluir, por el énfasis que hiciera el legislador en el principio de lesividad, que la lesión o el riesgo para el bien jurídico se constituye en la esencia del injusto y de allí la necesaria referencia a la categoría dogmática de la antijuridicidad como expresión de los desvalores de acción y de resultado (Artículo 11 del código penal).
Desde ese margen se puede sostener, igualmente, que sólo las conductas seleccionadas por el legislador tienen la aptitud de vulnerar la relación social concreta y prejurídica que encarna el bien jurídico y que por la dinámica de los procesos de interacción puede afectarse de diversas maneras, como ocurre con bienes jurídicos como el de patrimonio económico, que puede lesionarse o ponerse en riesgo mediante la apropiación (abuso de confianza), el apoderamiento (hurto), la coacción (extorsión), el engaño (estafa), o conductas afines (defraudación) que implican respuestas punitivas diversas dependiendo de la gravedad, modalidad e intensidad del ataque.
Así se puede explicar, mediante una primera aproximación, la razón por la que, pese a su similitud y a proteger un mismo bien jurídico, los delitos de abuso de confianza y hurto agravado por la confianza terminan distinguiéndose como expresiones de sentido que responden a diversas estructuras ontológicas y a una concreta modalidad de afección, las cuales el legislador extrae de la realidad y las sanciona de manera diversa, como corresponde a sus perfiles óntico y valorativo.
Por eso, nótese que la apropiación, como núcleo rector del tipo penal del abuso de confianza, contiene un juicio de valor que hace énfasis en la relación que surge entre la víctima y los bienes (la mera tradición), mientras que en el hurto, el apoderamiento, si bien también corresponde a una expresión jurídica, mira más a la ontología de la conducta, a una relación fáctica.
Si se quiere, en el abuso de confianza la apropiación tiene explicación en un marcado acento jurídico, pues ella surge como consecuencia de la entrega en confianza de un bien que se recibe a título no traslaticio de dominio, mientras que el apoderamiento en el hurto dice relación con una situación con acento fáctico que el derecho valora como indeseable.
En éste sentido, la Corte ha expresado lo siguiente: …, en el primer caso su nomen iuris se debe a que la conducta abusiva del tenedor precario al no devolver al tradente la cosa, a quien la víctima se la ha entregado por un título no traslativo de dominio, defrauda su confianza, de ahí que en otras legislaciones como la francesa se le denomine a esta conducta ‘administración fraudulenta’, mientras que en el evento del hurto lo que se reprocha para agravar la pena es el haberse aprovechado de la confianza dada por el propietario, poseedor o tenedor de la cosa para que le sea más fácil al delincuente su ilegal apoderamiento.
Por esto, al describir el legislador el delito de abuso de confianza exige que la cosa objeto de la posterior apropiación se haya confiado o entregado con anterioridad, sin que se exija necesariamente la existencia de un vínculo de confianza entre el derecho habiente y el recibidor, entendido éste como la existencia de una comunicabilidad de circunstancias sociales, sino que la confianza nace del título mediante el cual se entrega la cosa, que al no transferir el dominio genera derechos que cree su propietario tener, contrario a lo que sucede con el agravante del hurto que, como se dijo, si exige esta clase de relaciones interpersonales porque es en razón de ellas que el hurtador logra el apoderamiento indebido de la cosa, o por lo menos le posibilita su consumación[12]”.

De acuerdo con las anteriores definiciones, el punto de partida para diferenciar el abuso de confianza del hurto agravado de la confianza, es que en éste último, “el bien mueble se halla en la esfera de custodia de la víctima en tanto que en el abuso de confianza se encuentra en la esfera de custodia del agente[13].  Sin embargo, hay casos en los que la doctrina ha señalado que se configura el hurto agravado por la confianza, pues a pesar de que el agente tiene en su poder el bien, no existe título no traslaticio de dominio. De esta forma, se aclara que la existencia de un título no traslaticio de dominio termina siendo un elemento fundamental para diferenciar un delito del otro.

Por ejemplo, en la Sentencia del 20 de Mayo de 1986, La Corte Suprema de Justicia Sala Penal estableció:

Son muchos los casos en que se comete hurto sobre las cosas que el agente detenta, aún cuando sin vínculo jurídico que permita predicar señorío sobre la cosa; tal el caso del llamado famulato, o del cajero del banco, o de los trabajadores que se apoderan de bienes que se hallan en su poder por razón del desempeño de su actividad o funciones y frente a los cuales reiteradamente se ha negado el abuso de confianza por la ausencia de nexo jurídico entre el agente y el titular del derecho, que los vincule al objeto material del delito. Así mismo, en todos los casos en los que se da una cosa a un mensajero para que se haga entrega de ella a un tercero, habrá hurto agravado si este se apodera del bien, independientemente de que el destinatario se halle en la misma edificación en donde se hizo la entrega o en ciudad distinta, pues la naturaleza del delito no puede modificarse por el trayecto, largo o corto, que deba recorrer el mensajero[14].

Así entonces, surge la tesis según la cual el contrato de trabajo no implica título no traslaticio de dominio, lo que explica la Corte Suprema en la misma sentencia antes citada, de la siguiente forma:

El conductor de un vehículo automotor recibe tanto el vehículo como la mercancía que transporta, pero en manera alguna tiene título jurídico de entidad precaria sobre esos bienes, pues el automotor lo recibe en virtud de relación de carácter laboral que no le atribuye señorío alguno sobre ese instrumento de trabajo, y la mercancía la recibe para su transporte y entrega sin que por ese hecho pueda deducirse la existencia de título no traslaticio de dominio en relación con ese concreto bien, con menos razón en un caso como el que ahora se examina, en el cual la entrega de la mercancía no se hizo a la persona del conductor, sino a una empresa de transporte bajo cuya responsabilidad se hallaba la mercancía hurtada. Esto es, que la ausencia de título sobre esos bienes, impide afirmar la existencia de un abuso de confianza cometido por el conductor, pues es de la esencia de este ilícito que el agente tenga algún poder sobre la cosa, derivada del referido título jurídico[15].

Igualmente, en otra sentencia de la época, la Corte exalta el título no traslaticio de dominio como elemento constitutivo del abuso de confianza, y excluye el hurto agravado por la confianza mencionando por una parte, que:

 “…, dado que en uno y otro caso, los bienes se encuentra al alcance del sujeto activo, en un evento –el hurto- por un contacto físico con aquellos en razón de la función asignada a aquél por el dueño y, en el otro –abuso de confianza- por ser tenedor de los mismos, al estar los valores en su poder merced a título precario o no traslativo de dominio, con reconocimiento en todo caso de derecho ajeno[16].

 Igualmente, mencionó en la misma sentencia lo siguiente:

 “el ánimo de apropiación puede surgir en el abuso de confianza una vez constituida la tenencia y en el hurto cuando se establezca la situación de fiducia o confianza que permite al sujeto el contacto directo con la cosa, sin que pueda hablarse estrictamente de que la posesión en el abuso de confianza la tenga exclusivamente el agente quien es solo tenedor con concretas limitaciones dominicales, por cuanto reconoce señorío ajeno”[17].

En contraste con los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el profesor Tocora avala en algunos casos la tesis de que el contrato de trabajo no contiene el título no traslaticio de dominio que exige el abuso de confianza: “por lo que los objetos sobre los que recae la conducta ilícita, no se hallan en la esfera de custodia, de la mucama, o del dependiente, o del vigilante, sino en la de sus dueños, poseedores o legítimos tenedores, quienes emplean a dichas personas para ejercer esa custodia.”[18] Pero no se encuentra de acuerdo con otros casos, como el del cobrador a quien se le confía la recaudación de los créditos, toda vez, “que los dineros por él recogidos estarán en su ámbito de custodia por la autonomía que alcanza a tener sobre ellos, concurriendo en éste sí, la condición de tenedor, necesaria a la figura del abuso de confianza[19].

El citado profesor sostiene su postura explicando que el término “confiado”, contenido en la descripción típica,  significa para él

que el abusario puede hallarse en poder del bien, no sólo por la entrega que le haga el dueño, poseedor o tenedor legítimo, sino también por habérsele confiado el bien, caso que en la doctrina se conoce como entrega simbólica por confianza, y que coincide con el ejemplo del cobrador, quién no recibe la cosa de su dueño, sino tan solo la confianza para recibir el dinero de los deudores[20].

Igualmente, encuentra el profesor una contradicción entre los criterios adoptados por la Corte Suprema de Justicia, en dos sentencias diferentes, respecto de la definición de título no traslaticio de dominio, menciona que en la sentencia del 7 de Noviembre de 1950 el alto Tribunal que “si la cosa se halla bajo el cuidado del infractor, en virtud de una relación de prestación de servicios, por ejemplo, que excluye su depósito necesario o entrega en poder de aquel y por lo tanto la obligación de restituir[21], el delito es de hurto. Pero en Sentencia del 21 de Febrero de 1958, la corporación afirmó que “el abuso de confianza no solamente se comete cuando lo entregado se subordina a aquellos contratos que no transfiere el dominio, como el de arrendamiento, comodato, prenda, mandato y depósito, sino también cuando proviene de actos de tenencia jurídica o fiduciaria[22]. Y aclaró en todo caso, que la diferencia entre hurto y abuso de confianza, “debe buscarse en la clase de facultades concedidas al agente, o mejor en el grado de confianza otorgado (la confianza los admite), o en el de responsabilidad (también susceptible de grados) que caracterice las atribuciones del infractor[23].

Con base en la última decisión citada, el profesor Tocora formula que el caso del cobrador debe penalizarse por el abuso de confianza, porque “a pesar de tener una relación o contrato de trabajo, por la autonomía y responsabilidad en el manejo de la cosa, objeto material de la infracción, se ubica más en el concepto de abuso de confianza que el hurto[24]. Además, si bien es cierto que el cobrador no tiene la tenencia de la cosa a título de administración fiduciaria, que “procede de un acto voluntario y libre de entrega, que implica cierta disposición de la cosa, sobre todo tratándose de dineros, y que excluye la idea de apoderamiento, constitutiva de la acción en el hurto, siendo más ontológicamente una apropiación abusiva[25].

Es precisamente la administración fiduciaria otro criterio diferenciador utilizado por la Corte para determinar la configuración del abuso de confianza,  en el cual:

el agente tiene sobre la cosa, un poder de hecho, que es distinto del poder de derecho correspondiente a quien la traspasa. Si el propietario sigue custodiándola aunque sea por medio de otras personas, como acontece con el fámulo a quién se le confía una casa para su aseo, no se crea la relación de confianza. La tenencia fiduciaria implica atribuciones autónomas que puede ejercer el agente a nombre del propietario[26].

En este mismo fallo dispone la Corte que no existe tenencia fiduciaria “cuando la cosa ajena continúa en la esfera de custodia o de actividad del derecho-habiente. En ambos casos, toda acción dolosa por parte del agente que tienda a apropiarse de la misma no podrá reputarse abuso de confianza sino, específicamente, hurto[27].

En concepto del profesor Carlos Mario Molina Arrubla[28], el abuso de confianza se configura  cuando el agente recibe una cosa mueble ajena a título no traslaticio de dominio, y no cumple con la obligación de restituirla si el bien no es consumible, o no rinde cuentas del manejo del bien si es consumible. Bajo dicho presupuesto, el citado profesor, considera que hay abuso de confianza cuando: a) El administrador de una empresa vende activos fijos a menor precio, favoreciendo dolosamente intereses de terceros, ocasionando con ello un detrimento patrimonial a la compañía; b) Cuando el administrador cubre gastos personales con dineros que la empresa le asigna para ejercer sus funciones; c) Cuando el administrador paga servicios a otras compañías, en condiciones menos favorables a las que ofrecen otras, o cuando paga trabajo que realmente no se requerían favoreciendo de esta forma a otra empresa, y perjudicando a la que él representa; d) Cuando se conceden créditos a quién no tiene con qué responder o en cuantías superiores a lo permitido, generando un alto riesgo financiero a su compañía[29].

Para sustentar lo anterior, el profesor Molina considera que el caso del gerente es diferente a la de un cajero de un banco, porque  a este último no se le entregan los dineros a título precario –como lo afirma la Corte Suprema de Justicia-; en cambio, al gerente si, “porque le son confiados por sus superiores a fin de que los maneje de acuerdo con las pautas, políticas o reglamentos de la entidad[30].

En España, el tipo penal equivalente al abuso de confianza es el de apropiación indebida que se encuentra consagrado en el Artículo No. 252 del Código Penal. El profesor Muñoz Conde comenta sobre este tipo penal que “en términos generales puede decirse que la apropiación indebida difiere del hurto en no mediar sustracción, sino apropiación ilegítima de algo que ya se posee legítimamente. El sujeto activo de la apropiación indebida debe estar, por tanto, en posesión de la cosa apropiada…[31].

Así como en Colombia, en España se considera que los trabajadores no comenten apropiación indebida (abuso de confianza en Colombia), sino hurto calificado por la confianza. Al respecto considera el profesor Muñoz que “el cajero que se apodera del dinero de la caja que custodia o la chica del servicio doméstico que sustrae algunos objetos de plata mientras está limpiándolos, poseen indudablemente estas cosas, aunque sea a título de meros ‘servidores de la posesión’, y sin embargo, cometen hurto[32].
Sobre el caso del administrador, se ha considerado lo siguiente:

Respecto del contrato de sociedad no hay obstáculo  legal alguno que impida que uno de los socios sea castigado por apropiación indebida cuando dispone ilícitamente de objetos del patrimonio comunitario en cuya posesión estaba por un título que implica la obligación de entregarlos o devolverlos. Lo mismo puede decirse del administrador que utiliza los fondos sociales para fines propios, desviando el patrimonio social del objeto social a que estaba afecto[33].

Y se aclara además que

en la STS de 26 de febrero de 1998 (caso Argentia Trust) se considera que aunque no quede probada la apropiación en beneficio propio de 600 millones pertenecientes a la sociedad, el administrador que dispuso de ellos, sin que quede constancia de haberlos reintegrado a la sociedad, comete apropiación indebida, que en el nuevo Código penal sería de preferente aplicación por estar castigada más gravemente que el delito de administración social fraudulenta[34].

En España, igualmente se tiene claro que cuando el dueño tiene una cosa mueble pignorada o gravada con prenda sin tenencia, y dispone de ella, estaría cometiendo el delito de apropiación indebida[35]. Por otro lado, también es claro que quién celebra un contrato de mutuo o préstamo, y no devuelve la cosa fungible no comete apropiación indebida, “pues este contrato transmite la propiedad y no la posesión de las cosas prestadas, aunque naturalmente subsistan las correspondientes acciones civiles o, si ha existido engaño previo que determinó la entrega de la cosa, la posibilidad de aplicar los preceptos relativos a la estafa[36].

Para ver el artículo completo, visita este enlace: http://www.redalyc.org/pdf/876/87617271011.pdf



[1]NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. Teoría general de las sociedades. Legis. Bogotá. Décima edición.  2008.  p. 338-339. Igualmente. Artículo 200 del Código de Comercio.
[2] De conformidad con el artículo 200 del Código de Comercio, plantea que “los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.”
El artículo 201 del Código de Comercio establece: “Sanciones para los administradores por delitos o contravenciones. Las sanciones impuestas a los administradores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que incurran no les darán acción alguna contra la sociedad.”
[3]Por ejemplo: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia del 17 de Septiembre de 2008. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca
[4]Por ejemplo: MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Responsabilidad penal de los administradores de empresa. Universidad Católica de Colombia. Biblioteca el Dike. Bogotá. 2006. p.511-513
[5]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia de 20 de Mayo de 1986
[6]La Corte Suprema de Justicia ha expuesto que para que se configure el abuso de confianza se requiere “en primer lugar, de una apropiación de cosa mueble ajena; en segundo orden, que el objeto apropiado lo haya recibido el sujeto por obra de la confianza en él depositada o por razón de un título no traslaticio de dominio; y en tercer lugar, se exige dicha actividad le produzca un lucro personal al agente o a un tercero”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia del 18 de Febrero de 1998. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego
[7]SUAREZ SANCHEZ, Alberto. “Delitos contra el patrimonio económico”. En: Lecciones de Derecho Penal parte especial. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2006. pág. 760
[8]TOCORA, Luis Fernando. Derecho Penal Especial. Librería ediciones del profesional Ltda. Bogotá. Décimo primera edición. Bogotá. 2009. pág.139-140
[9]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia de 20 de Mayo de 1986
[10]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Auto de 26 de junio de 1997. Radicación Nº 13139
[11]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencias de 24 de enero, 7 de marzo y 6 de septiembre de 2007. Radicaciones Nº 22412, 24793, y 23719 respectivamente.
[12]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Casación del 17 de febrero de 1999. Radicado No. 11093. También en las siguientes sentencias: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia del 17 de Septiembre de 2008. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Proceso N.° 33173. Sentencia del 7 de Abril de 2010. M.P. Alfredo Gómez Quintero. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Proceso No 27319. Sentencia del 6 de Septiembre de 2007. M.P. Augusto Ibáñez Guzmán.
[13]Ob. Cit.
[14]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia del 20 de Mayo de 1986.
[15]Ob. Cit. Pág. 
[16]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia del 21 de Noviembre de 1989
[17]Ob. Cit.
[18]TOCORA, Luis Fernando. Derecho Penal Especial. Ob. Cit. Pág.194
[19]Ob. Cit. Pág.  196
[20]Ob. Cit. Pág.  195
[21]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia del 7 de Noviembre de 1950
[22]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia del 21 de Febrero de 1958
[23]Ob. Cit.
[24]TOCORA, Luis Fernando. Derecho Penal Especial. Ob.Cit. p.196
[25]Ob. Cit. Pág.  196.
[26]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia del 15 de Marzo de 1993
[27]I Ob. Cit.
[28]MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Responsabilidad penal de los administradores de empresa. Ob. Cit. pp. 500-503
[29]Ob. Cit. Pág.  511-513
[30]Ob. Cit. Pág.  512
[31]MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal parte especial. Tirant lo Blanch. Valencia. Décimo quinta edición. 2008. p. 442
[32]Ob. Cit. Pág.  443
[33]Ob. Cit. Pág. 446
[34]Ibíd. p. 447. En igual sentido MARTÍNEZ-BUJAN PÉREZ, Carlos. Administración Fraudulenta en sociedades de inversión - Temas de Derecho Penal Económico. Trota. Madrid. 2004. pp. 41-48
[35]Ob. Cit. Pág.  444
[36]Ob. Cit. Pág. 445

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