Por: Jorge Arturo
Abello Gual.
Los informes sobre la situación
económica en Colombia generan mucha
preocupación en todas las autoridades que tienen que manejar la economía del
país. Los problemas que se avizoran como el bajo nivel de crecimiento, el
riesgo en el aumento de la inflación, el riesgo para el apalancamiento de la
deuda externa, la crisis del sector petrolero, la devaluación del dólar, la reforma tributaria, el aumento de las tasas
de interés, el recorte del presupuesto son factores que generan grandes riesgos
para la estabilidad económica del país.
De acuerdo con las reglas
económicas, cuando la inflación se presenta se deben aumentar las tasas de
interés para desestimular el consumo –especialmente el consumo a crédito-, e
incentivar el ahorro. Pero ello tiene un problema, un aumento exagerado de las
tasas de interés, puede generar una disminución peligrosa del crecimiento de la
economía, porque las personas dejan de consumir, y las empresas no tienen a
quién vender; el efecto positivo de ello, es que las empresas deben bajar los
precios y así se disminuye la inflación; pero el riesgo es que las empresas
disminuyan sus utilidades o incluso funciones a pérdida, y ello motiva los
despidos e incluso el cierre de las empresas. En la actual situación colombiana,
los bajos niveles de crecimiento que ha mostrado la economía (menos del 3%
proyectado por el gobierno) tienen un fuerte impacto, en el empleo, en el
recaudo de tributos y en el crecimiento en general de la industria. Si el
desempleo sigue aumentando (9,1%), las cifras de la delincuencia comenzarán a
aumentar también, juntos con los indicadores de pobreza e inseguridad.
Por otra parte, el Gobierno Nacional
ha aumentado su deuda externa, y ello implica mayor movimiento de dinero en la
economía. La situación es compleja porque los grandes gastos en planes
asistenciales y en obras de infraestructura, generan inflación, pero en el caso
de los planes asistenciales, al no significar productividad, la economía no
crece, sino solo genera inflación. En últimas, encuba una crisis similar a la
de Venezuela por el exceso de asistencialismo y bienestar, sin generación de
empleos, y de industria. El Estado termina siendo el mayor empleador, sin que
el recaudo de impuestos sea suficiente para mantener el asistencialismo.
Por otra parte, la crisis del
petróleo fue generada por los bajos precios del mercado internacional, que fue
producida por un exceso de oferta de parte de los países productores del crudo
en el mercado internacional. Las bajas del precio originaron un problema con la
quiebra de empresas, disminución de recaudo de impuestos, desestimulo para las
exploraciones, disminución de las reservas y una posible crisis de
desabastesimiento de petróleo en algunos años para Colombia. A pesar de que los
precios del petróleo son bajos, el precio de la gasolina nacional que se
consume en el territorio colombiano no baja, y el abuso en las sobretasas para
recuperar los impuestos dejados de percibir, presionan a los transportadores y
a la industria en general con sobreprecios. El paro camionero es un resultado
del mal manejo de los precios de la gasolina en el territorio nacional, y de la
trasferencia de los costos al consumidor, pues en últimas es quién tiene que
pagar los sobrecostos. Igualmente, las empresas que no se adaptan a los
sobrecostos del transporte terminarán arrojando pérdidas, lo mismo que los
pequeños productores y vendedores que tendrán que recibir menos ganancias al
punto de quebrar, por no poder competir. Este escenario es un caldo de cultivo
para la delincuencia en el sector privado, porque se presenta la competencia
desleal, las prácticas monopolísticas, las lesiones enormes, las ventas
simuladas, los hurtos, las usuras y demás prácticas desleales y
delincuenciales, que realizan los comerciantes para poder sobrevivir en
condiciones adversas.
En el campo público, el Estado
invierte en obras de infraestructura, y para ello comienzan los procesos de
contratación. En la actualidad más del 90% de la contratación se hace de forma
directa, o a través de licitaciones amañadas. La contratación se restringe a
unos cuantos grupos económicos, y la administración pública se inunda de
corrupción. Una parte de dicha corrupción se genera en las elecciones, donde
algunos grupos económicos financian las campañas políticas de los futuros
gobernantes y luego estos le retribuyen a través de la contratación o favores
en servicios públicos. Los costos de las campañas son superiores a los ingresos
de los funcionarios públicos durante todo su periodo de elección, así que la
contratación y la corrupción es la respuesta a que la gente aspire a un cargo
de elección popular. Los dineros de la corrupción en la administración pública,
se concentran en unos pocos y muchas veces se acude al lavado de activo, pero
en otras ocasiones nunca reingresa a la economía como ocurrió en el caso del
Carrusel de la contratación en Bogotá. De esta forma, los recursos que se captan
a través de los impuestos, que disminuyen el dinero circulante, solo se
invierte aproximadamente el 50% en la economía, el resto se va con los
corruptos, y una gran parte de ellos, se sale del país y tampoco genera
impuestos.
Si el Estado aumenta los impuestos para seguir
financiando como ya se dijo los planes de asistencia social y especialmente el
pos conflicto, la economía se seguirá comprimiendo, y entraremos en una grave
crisis económica.
El descalabro de las bolsas de
valores por el caso de Interbolsa, genera que las empresas no tengan una forma
alternativa de ganar más rendimientos a sus ganancias operativas, lo cual hace
que las industrias dejen a un lado el mercado bursátil, y se dediquen a
producir, pero si el mercado y el crecimiento disminuyen –debido a las altas
tasas de interés por ejemplo-, y las personas bajan su nivel de compra, las
industrias no podrán reportar buenas utilidades, lo cual repercute también en
el recaudo de impuestos. El aumento de las tasas de interés, le genera un poco
de mayor utilidad a las empresas en sus rendimientos financieros, pero nunca
será mayor a los rendimientos que les produciría el mercado bursátil. Los
bancos podrán captar mayor dinero de sus clientes por el aumento de las tasas
de interés, pero tendrán una disminución en el número de créditos otorgados porque
la gente evitará adquirir deudas con tasas de interés muy altas, y a su vez
tendrán que pagar más intereses a sus clientes. En síntesis, la inversión de
las empresas y de las personas se frena también por la alza de las tasas de
interés.
La devaluación del dólar genera
que las importaciones se disminuyan, lo que origina mayor inflación por la
falta de productos importados. La devaluación también genera exceso de
ganancias a los exportadores, pero igualmente genera otro elemento adverso,
pues si los bancos internos tienen tasas de interés altas, las opciones de
acudir a bancos extranjeros con tasas de interés más bajas no es una opción por
el problema de devaluación del peso respecto del dólar. Así las cosas, con la
devaluación del dólar no solo se aumenta la inflación, sino que se restringe la
posibilidad de financiar inversiones, en últimas, las empresas están
produciendo con lo que tienen, y su posibilidad de crecer, se limita a sus
propios recursos, pues no es momento de hacer préstamos.
Y con todo ello que ya es
dramático, se van a aumentar los tributos, con un problema adicional, cada vez
que el Estado colombiano crea un tributo, no mejora su nivel de recaudo, sino
que aumenta la deuda fiscal, porque con base en el presupuesto de ingresos, se
proyecta un presupuesto de gastos, y ello crea un desbalance a priori, porque
nunca se recauda lo que se proyecta, pero en cambio, siempre se gasta lo que se
proyecta, y en consecuencia, la reforma tributaria en últimas va a comprimir
más la economía, va a aumentar la deuda fiscal, y va a impedir el crecimiento.
La legislación y las políticas
gubernamentales deben cambiar su enfoque asistencialista y populista, no
podemos seguir los pasos de Venezuela para buscar una masa de votantes fieles y
ciegos. La legislación debe ir dirigida en estos tiempos a solucionar problemas
de forma estructural como la salud, que tiene recursos pero que padece de
iliquidez e ineficiencia, por causa de la corrupción y las malas prácticas
administrativas. La ley debe estimular proyectos para estimular la producción y
la generación de empleo. Ya basta de dar subsidios como limosna, es necesario
que no le den al pescador el pescado, sino que le den la caña para pescar. Es
necesario incentivar la producción a través de la capacitación y el apoyo
crediticio para la creación de nuevas empresas y desarrollo de negocios nuevos.
En estos momentos de crisis, es preferible que el Gobierno debe promover junto con las universidades
públicas y privadas, los programas de educación profesional, técnica y tecnológica
a través de becas o créditos, pero no como los del ICETEX. Las gobernaciones
deben estimular la llegada de la capacitación técnica al área rural; y los
municipios y distritos deben promover programas profesionales y postgrados que
fomenten programas de emprendimiento. Junto con ello, es necesario crear líneas
de créditos especiales para que toda la capacitación que reciban las personas, puedan
convertirse en realidad y en proyectos productivos.
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