lunes, 26 de septiembre de 2016

LA POLARIZACIÓN DEL PAÍS POR EL PLEBISCITO DE LA PAZ, ES UN DEBATE ABSURDO.

Por: Jorge Arturo Abello Gual.

En el debate sobre el sí o sobre el no del plebiscito, se han generado una serie de discusiones sobre si los colombianos debemos refrendar o no los acuerdos de la Habana.

Los argumentos que cuestionan los acuerdos son los siguientes:
      
      a)      Va a otorgar impunidad a los guerrilleros, por no imponer penas de prisión.
     b)      Le va a dar participación política a personas vinculadas con grandes violaciones a los derechos humanos.
      c)       No existe reparación de las víctimas por parte de los guerrilleros, sino por parte del Estado.

A pesar de las críticas y los argumentos de los principales expositores del NO, es muy poco popular decir que no se quiere la paz, si no la guerra, y en consecuencia el discurso por el NO, cambió a oponerse al acuerdo de paz, a decir, que no es que no se quiera la paz, sino que no se quiere en esas condiciones.

Por otro lado, es más fácil argumentar en favor del sí, porque en una guerra tan larga y sangrienta como la colombiana, nadie quiere volver a los tiempos en que nadie podía transitar en las carreteras del país, donde nadie podía ir al campo, y donde muchos pueblos estaban a merced de los grupos armados. Nadie quiere sentir más el dolor de la guerra y el sufrimiento de las personas y combatientes que mueren en ella.

Luego de varios años de negociación el acuerdo se ha logrado en un ambiente político bastante polarizado, en donde se hicieron muchas concesiones que no son fáciles de comprender, y mucho menos si se da al pueblo la posibilidad de votar a favor o en contra. A nadie se le puede obligar a perdonar, porque es un proceso personal y no grupal. A nadie le gusta todo lo que hizo las FARC, ni sus discursos ambivalentes, donde justifican su lucha y con ello, la barbarie y dolor que promovieron durante tantos años de guerra.

Decía Jaime Garzón, que la guerra debía acabar y que había que hacer todo lo posible para que las partes se sienten hasta que lleguen a un acuerdo, y si se paran y siguen peleando, hay que volverlos a sentar hasta que se reconcilien, que todo era mejor que el horror de la guerra, y tenía toda la razón, ya tenemos un acuerdo, y es mucho mejor que seguir en guerra.

No es cierto que exista impunidad, porque se van a realizar juicios, se van a recibir las versiones de los procesados, y ellos serán sancionados. La privación de la libertad no necesariamente es la única pena que se puede imponer y eso es lo que se debe entender. Igualmente, en un acuerdo como éste, no se podría llegar a este punto pensando en que la guerrilla va a dejar las armas si le van a imponer varios años de cárcel. En el proceso de paz con los paramilitares AUC, las condiciones se variaron, porque inicialmente todos estaban concentrados en unas fincas, y por se inició el proceso de paz, pero luego cuando se comprobó que las AUC seguían delinquiendo, se ordenó su traslado a las cárceles, y luego cuando comenzaron a hablar de operaciones conjuntas con el ejércitos, fueron extraditados.

En el acuerdo de paz con la guerrilla habrá restricción de la libertad, pues los miembros de las FARC, tendrán que limitar su derecho de locomoción en las zonas de concentración, y no podrán, ni salir o entrar de esos territorios sin permiso, y estarán custodiados por las Fuerzas Armadas. ¿Es esto una sanción? Si en efecto es una privación al derecho a la libertad, negociado porque no es la cárcel, pero si existe limitación a la libertad. La prisión domiciliaria es una privación de la liberta a pesar de estar en la propia casa, y las personas que las cumplen, en efecto siente el encierro y por eso, sigue siendo un castigo. La cárcel no es la única forma de sanción, y tenemos que recordar que se trata de una sanción negociada, que no puede representar una humillación o un sometimiento, porque aquí no se trata de que el Estado venció en la guerra.

La indemnización es un tema complejo, porque en todo proceso de paz el responsable de los efectos de un acuerdo será el Estado, y como promotor del mismo tendrá la obligación de responderle a las víctimas, y así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el Estado deberá responder por los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Si en efecto en acuerdo las FARC y el Gobierno acordaron que las FARC no iban a aportar recursos para la reparación, pues los recursos los deberá dar el Estado y en últimas todos los colombianos. ¿Es ello justo? Seguramente no, pero está acordado y tendremos que ver hasta dónde, el derecho puede proponer que la extinción de dominio sea aplicable a los bienes obtenidos de actividades ilícitas, y también, cómo los responsables de los delitos, pueden evadir su responsabilidad de indemnizar a las víctimas.

En cuanto al acuerdo político, donde se le da participación política a los miembros de las FARC en el Congreso de la República, y financiando su participación política durante ocho años. Ese es un precio necesario que se debía pagar para cambiar la guerra, por los debates políticos. Solo queda pendiente si la democracia en ocho años seguirá apoyando con sus votos, las ideas de las FARC, así como viene apoyando con votos las ideas de ex miembros del M-19, que hoy gozan de gran reconocimiento y admiración de parte de la población por sus ideas. Igualmente, al Congreso por voto popular han sido elegidos grandes narcotraficantes como Pablo Escobar, y personas vinculadas a grupos paramilitares, y ni qué decir de personas relacionadas con la corrupción.

Mi pensamiento sobre este debate es que a la paz no se le puede decir que no, y que la nueva batalla que hay que librar es por la forma como debemos ejecutar los acuerdos, y de cómo se deben hacer las leyes y las sentencias que lo ejecuten. No podemos decirle que no a la paz, y el problema es que verifiquemos que la repartición de tierras se haga de forma equitativa, que los guerrilleros no vuelvan a las armas, que los guerrilleros no sean atacados y cazados como los de la UP, que en los juicios se respeten los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,  que no se vuelva a manipular la democracia a través de las presiones armadas, que se acabe el narcotráfico, que no surjan más grupos armados que ejerzan poder en el campo y en los pueblos. Un acuerdo de papel, será un verdadero fracaso y evitaría que pueda existir una verdadera paz, y la confianza de la comunidad internacional hacía nuestro país se rompería y volveríamos a ser señalados de manera negativa en el mundo.


La paz se debe firmar, y de ello sí estoy convencido, y pienso que lo más importante es su implementación o su cumplimiento, si no se cumplen las cosas de una forma racional, y el proceso de transición no es exitoso, el país se irá al abismo tanto económica, política y socialmente, y eso sí es lo que más nos debe preocupar a todos. Hay muchas cosas del acuerdo que no son fáciles, pero lo más importante es lo que viene, la implementación y por ello es necesario prepararnos, porque los acuerdos dependen de leyes, de sentencias y de políticas públicas necesarias para implementarlos. Bien lo dijo la Corte Constitucional, el plebiscito obliga al Gobierno para que no cambie su política a favor de la paz, pero no ata al Congreso y a las altas Cortes a revisar y buscar las mejores formas para ejecutar el derecho a la paz.  

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