CASOS DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
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CASO 1.
Un contratista contacta a un Congresista, para que hable con el Alcalde de una ciudad, que es de su mismo grupo político, para efectos de que “lo ayude” con la adjudicación de un contrato. El contratista se reúne con el Congresista, quién le dice que él, lo puede ayudar pero le pregunta, ¿Cómo voy yo ahí? El contratista le dice, que le puede dar al alcalde el 20% del contrato, y al Congresista un 10%, si le adjudican el contrato. El Congresista acepta, habla con el alcalde, se hacen unas modificaciones irregulares a los pliegos, para favorecer al contratista, que termina siendo seleccionado y le adjudican el contrato, el cual es celebrado por la alcaldía y el contratista. Al contratista le giran 1000 millones de pesos de anticipo, que es el 50% de la obra, y cumpliendo su palabra le da en efectivo 200 millones de pesos al Congresista y 400 millones de pesos al Alcalde. Intenta comenzar la obra, pero no puede seguir, porque el dinero no le alcanza, solicita que le giren más dinero por parte de la administración, pero el interventor se niega, debido al pobre avance de las obras que solo llega al 15%, y para hacer el segundo giro, debe llegar a un avance del 45%. El contratista no puede seguir la obra y decretan la caducidad, y la obra quedó inconclusa.
1. ¿Quién es el ordenador del gasto público (deber funcional de administrar recursos públicos)?
2. ¿En qué delitos incurre el congresista?
3. ¿En qué delitos incurre el contratista?
4. ¿En qué delitos incurre el alcalde?
5. ¿En qué delitos incurriría el abogado que modificó los pliegos para favorecer al contratista?
6. Si se configura el delito de peculado, quiénes serían autores y quiénes serían participes?
CASO 2.
La corporación autónoma de Bolívar, abre proceso licitatorio para la realización de unos proyectos ambientales en el departamento, consistentes en la recuperación de la rivera del río magdalena. Se presentan tres proponentes, pero solo uno reúne los requisitos, luego de la evaluación que realiza la entidad de los proponentes, y queda como único proponente, al cual le adjudican el contrato. En cumplimiento con el contenido del contrato, se le giran al contratista 30 mil millones de pesos como parte del anticipo del 50%, la corporación contrata igualmente a un interventor para que controle y vigile la ejecución del contrato, que se debía ejecutar en 8 meses. Pasados 6 meses, el contratista tenía un avance en las actividades del 10%. El interventor reportó a la Corporación, mediante informe que detallaba la ejecución del contrato por debajo de lo esperado, por lo cual, la Corporación citó al contratista para una reunión para que informara lo que estaba ocurriendo. El contratista no fue a la reunión formal, pero contactó al gobernador del Bolívar para que hablara con el Director, le ofreció 2000 millones al Gobernador y 8000 millones al Director, para que aceptara una legalización de trabajos que nunca se hicieron, para que giraran 50% del dinero restante, comprometiéndose a ejecutar el contrato en los dos meses y con el último desembolso. El gobernador hizo su gestión, y el director aceptó, y emitió una resolución ordenando el segundo desembolso, muy a pesar del informe del interventor y de dos cartas de este último advirtiéndoles el peligro de la perdida de recursos públicos. El contratista recibió el segundo desembolso, le pagó al Gobernador y al director de la Corporación, y ejecutó el 70% de las obras contratadas, según informe de la interventoría. El contrato fue liquidado, en el acta de liquidación se dejó sentado de que el contratista solo alcanzó a ejecutar el 70% de las obras contratadas, y que debía reintegrar 14 mil millones de pesos, lo cual nunca hizo.
1. ¿Quién es ordenador del gasto (deber funcional)?
2. ¿Habría celebración indebida de contratos por ser el contratista el único proponente?
3. ¿En qué delitos incurre el director de la Corporación del Bolívar?
4. ¿En qué delitos incurre el Gobernador del Bolívar?
5. ¿En qué delitos incurre el Contratista?
6. ¿En caso de existir peculado, quienes serían autores y quiénes serían partícipes?
CASO. 3
Un alcalde en su último año de su periodo funcional, habla con uno de los candidatos que está aspirando a ser su sustituto. El alcalde ofrece al candidato 200 mil millones de pesos para su campaña, si el candidato al quedar lo favorece con contratos para su familia, durante su mandato. Los dos personajes aceptan las condiciones y llegan a un acuerdo. De inmediato, el alcalde llama a su asesor, y le dice que necesita 200 mil millones de pesos para dárselo al candidato, y le dice que lo saque de un contrato que se está ejecutando y que haga una adición, para que el contratista pueda darle ese dinero. En efecto el asesor, habla con el contratista para que solicite la adición del valor del contrato, se le aprueba, y se le gira el dinero. El contratista le entrega la plata al asesor, y este a su vez, se la entrega al candidato. Luego de una auditoría realizada por la Contraloría Distrital, se descubre: a) Que no existían obras adicionales que ejecutar para adicionar el contrato que se estaba ejecutando; b) Que la supuesta adición realizada, era otro contrato, con un objeto contractual totalmente diferente, y que debió someterse a licitación; c) Y que en general, existe un sobrecosto en el contrato de 500 mil millones de pesos.
1. ¿Quién es el ordenar del gasto (deber funcional sobre el bien?
2. ¿En qué delitos incurre el alcalde?
3. ¿En qué delitos incurre el candidato?
4. ¿En qué delitos incurre el asesor?
5. ¿En qué delitos incurre el contratista?
CASO 4.
Un alcalde de un municipio, está muy desesperado porque le quedó 500 mil millones de pesos sin ejecutar en obras en su ciudad, y estando en el mes de septiembre, ya no le queda tiempo para abrir licitaciones. Por lo cual se reúne con sus asesores y varios contratistas. Con sus asesores decide crear varios contratos de mínima cuantía para adjudicarlos directamente, sin abrir licitación pública, y después de iniciados los contratos, adicionar trabajos. A cada uno de los contratistas, el alcalde le pidió el 20% del contrato y el 10% sobre la adición. De esta forma, se adjudicaron 10 contratos a 10 contratistas diferentes, que buscaba el arreglo en varias partes de una misma calle (La Murillo). A cinco contratistas le adjudicaron 4 contratos, con el mismo objeto contractual. Luego de una auditoría de la Contraloría se encontró: a) Que hubo fraccionamiento de contrato; b) Que hubo 8 adiciones de contratos no justificadas; c) Que hubo sobrecosto en las obras por más de 150 mil millones de pesos; d) Que dos contratos se pagó el anticipo y el avance de obra no logró el 20%, configurándose un detrimento patrimonial, por el valor de la obra no ejecutada.
1. ¿Quién es el ordenador del gasto (quién tiene el deber funcional sobre los recursos)?
2. ¿En qué delitos incurre el Alcalde?
3. ¿En qué delitos incurren los asesores?
4. ¿En qué delitos incurren los contratistas?
5. ¿Se podría presentar un delito continuado?
6. ¿En caso de configurarse un peculado, quiénes serían autores y quiénes partícipes?
CASO 5.
El superintendente de sociedades organiza con sus asesores un plan macabro, que incluye abrir investigaciones administrativas a varias sociedades, con el fin de exigirles dineros a cambio de no sancionarlas, y en efecto abren 300 investigaciones por presuntas faltas a la normativa comercial, 100 de ellas eran inexistentes, 150 eran investigaciones válidas, 50 investigaciones eran discutibles. Sin embargo, todas fueron archivadas, luego de que las empresas cada una pagara 50 millones de pesos para que le archivaran la investigación. Luego volvió a organizar otro plan macabro que consistía en intervenir 3 empresas sin fundamento legal en las resoluciones que las ordenaron, para liquidarlas, y dentro de dicho proceso, nombraban a un liquidador, cobraban los honorarios de los liquidadores, y sus asesores el 20%, con lo cual, cargaban a la empresa de nóminas adicionales muy costosas, y comenzaban a vender los bienes de la empresa en 60% del valor de cada bien, y exigiendo a los compradores 20 millones por cada bien que le vendieran. Luego decidió mudar la sede principal de la Superintendencia, del centro de la ciudad, al Norte de Bogotá, sin estudios de factibilidad, e incurriendo en este proceso en sobrecostos del 50% del valor del contrato, para adecuar el nuevo edificio a las necesidades del servicio.
1. En el caso de las investigaciones extorsivas a las sociedades, ¿qué delitos se configura frente al Superintendente y sus asesores?
2. En el caso de las intervenciones a las 3 empresas, ¿qué delitos se pueden configurar, respecto del Superintendente, los asesores y los interventores?
3. En el caso de la mudanza de la sede de la Superintendencia ¿Qué delitos se configuran respecto del Superintendente, los asesores y el contratista?
4. ¿Se puede configurar un delito continuado?
5. ¿Se puede configurar un delito de concierto para delinquir?
CASO 6.
El Gobernador de la Guajira, necesita urgentemente ejecutar unos contratos y cumplirle a unos amigos electores, así que le ordena a su asesor jurídico, que abra un proceso licitatorio, pero en el cual, el único que cumpla las condiciones sea la empresa de sus amigos. El Gobernador para ello, pidió el 30% del contrato a los contratistas. Se abre el proceso licitatorio, hay dos empresas que cumplen, entre ellas la de los amigos del gobernador, sin embargo, la mejor oferta es la de la otra empresa. El Gobernador interviene y ordena que sin importar las ofertas, se la adjudiquen a la empresa de sus amigos, y hace emitir una resolución que le adjudica el contrato a la brava. Una vez celebrado el contrato, comienza la ejecución, giran el anticipo del 50% del valor del contrato, unos 100 mil millones de pesos, y enseguida pide que le paguen el 30%, lo cual hacen los contratistas. El contrato no pudo comenzar, porque los planos y los diseños no estaban bien, la obra no podía hacerse sin afectar el alcantarillado de aguas lluvias, sin embargo, muy a pesar de que el contratista al principio se negó a ejecutar la obra, luego cedió a la presión, y ejecutó la obra, pero tuvo que suspenderse por concepto del interventor, quién se dio cuenta del problema, el contratista no pudo seguir la obra, los recursos no alcanzaban, y solo logró ejecutar el 20% de la misma, y no pudo cobrar el resto del contrato. La obra quedó inconclusa, se decretó la caducidad del contrato, y según informe de la contraloría existió un detrimento patrimonial de 60 mil millones de pesos.
1. ¿Quién es el ordenador del gasto?
2. ¿Qué delitos se configuran por la conducta del Gobernador?
3. ¿Qué delitos se configuran por la conducta del asesor quién realizó el proceso licitatorio?
4. ¿Qué delitos se configuran en la conducta del contratista?
5. ¿En caso de configurarse un peculado, quiénes serían autores y quiénes partícipes?
CASO 7
El alcalde del Municipio de Ponedera ha celebrado varios contratos de mínima cuantía con varias empresas de sus amigos políticos. Los contratos eran de obra, con el mismo objeto arreglar una misma vía. Se conoció que el alcalde pedía a cada contratista el 20% del valor del contrato. También se descubrió que se celebró un contrato que no alcanzó a ejecutar el 25%, pero se pago hasta un 80% de su valor, durante la ejecución de dichos contratos se firmaron varias actas donde se consigna la realización de varias obras que no se ejecutaron. Qué delitos se presentan en este caso.
CASO 8
El secretario de Salud celebra 5 contratos de prestación de servicios profesionales, con personas que no trabajan, no hacen nada y reciben sus honorarios, a través de actas de cumplimiento de servicios que no prestan. Celebra también un contrato con una IPS para la atención de niños. La IPS factura todos los meses 30 millones de pesos, pero no atiende a ningún niño, y aún así se pagan las cuentas, el secretario de salud, recibe una comisión del 30% del valor de la facturación. Igualmente, se celebran contratos para la organización de jornadas de salud en los barrios pobres, que nunca se realizan, y por ello se ha pagado 300 millones de pesos. Qué delitos se presentan.
CASO 9
La secretaría de Obras adjudica un contrato a una empresa para construir 100 viviendas de interés social. El contrato se inicia y se paga el anticipo del 50%, se hacen tres pagos más de 20%, 25% y del 5%. De las 100 casas se construyeron 30 completas, 40 sin terminar y el resto no se construyeron, pero se pago la totalidad del contrato. El secretario de obras recibió el 30% del valor del contrato, que se lo ofreció el contratista para que se lo adjudicaran. El interventor recibió el 10% del contrato para dar visto bueno de todo lo ejecutado y que se hicieran los pagos con actas que disponían que todo estaba completo. El alcalde no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, y firmó todos los pagos. Qué delitos se presentan
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