LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y LA LEGÍTIMA DEFENSA

 

La legítima defensa y la imputación objetiva

La imputación objetiva es una teoría que marca un antes y un después en la teoría del delito, en cuanto agrega un método de análisis de los casos desde el punto de vista ontológico y normativo, tratando de diferenciarse del esquema causalista u óntico.

La imputación objetivo se plantea como un análisis normativo que inicialmente influye en la relación de causalidad entre una conducta y su resultado, limitando los efectos de las anteriores teorías de la causalidad como la conditio sine qua non, la causalidad adecuada y causa más próxima, creando criterios como el incremento del riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso, la autopuesta en peligro, el fin de protección de la norma y la concreción del riesgo en el resultado.

De esta forma, la imputación objetiva se introdujo en el análisis de tipicidad, para establecer si una conducta era relevante desde el punto de vista normativo penal, tomando como base la teoría de la adecuación social (Reyes, 2026), para proponer que ciertos comportamientos aparentemente típicos, no tendrían relevancia desde el punto de vista penal, y, por lo tanto, serían atípicos, como cuando ocurre un resultado descrito en un tipo penal, pero no imputable por estar dentro del riesgo permitido.

Pero la teoría de la imputación objetiva no solo tuvo repercusiones en el ámbito de la tipicidad, sino que también ha propuesto cambios en la antijuridicidad, donde incluso desde una perspectiva funcionalista, donde se ha planteado, que no toda lesión de un bien jurídico debe tener una consecuencia penal, sino solo ciertas formas de ataque al bien jurídico (Reyes, 2026), partiendo de criterios como la competencia o de los roles.

En el campo de la culpabilidad, también se ha producido cambios a partir de la imputación objetiva, en cuanto se plantea que la culpabilidad de una persona solo se puede excluir, en aquellos casos extremos donde se pueda establecer que no le era posible cumplir con la norma, y para llegar a dicha conclusión, se realiza previamente el análisis de la imputación objetiva, donde se analiza qué normas le eran exigibles al individuo en la situación particular, se analiza si infringió el riesgo permitido, y luego, se determina si su participación en el hecho se encuentra relacionado con el resultado y el fin de la norma.

Ahora bien, la imputación objetiva se diferencia de la legítima defensa, por no ser una causal de ausencia de responsabilidad de aquellas que evitan la antijuridicidad, sino que excluye el tipo penal, en tal sentido, se podría decir, que si un caso no cumple con el análisis de la imputación objetiva, porque, por ejemplo, se encuentra dentro del riesgo permitido, esta conducta, se tiene como permitida e incluso fomentada por el ordenamiento jurídico, por tanto, no podría ser ni siquiera típica. Pero en cambio, de presentarse una legítima defensa en un caso de homicidio, está sería una conducta tolerada si se reúnen sus requisitos, más no sería fomentada, por lo que trasciende del análisis de la tipicidad, pero se excluye en el campo de la antijuridicidad. Así entonces, se tiene que, los efectos de la imputación objetiva, siembre se encontrarán relacionados con el tipo penal, y los de la legítima defensa en cambio, se encontrarán en la antijuridicidad.

De esta forma, no es posible plantear metodológicamente que si se presenta una legítima defensa, nos encontraríamos frente a un riesgo permitido -por lo menos en la teoría mayoritaria, excluyendo tal vez los postulados de la teoría de los elementos negativos del tipo, donde las causales de ausencia de responsabilidad excluyen siempre la tipicidad-, aunque ambas figuras excluyen la responsabilidad penal, y ambas implican el cumplimiento de una norma permisiva de ejercicio de derechos, porque mientras en el riesgo permitido lo que se afirma es que no se está actuando en contra de la Ley, en la legítima defensa, se reconoce que se actuó en contra de la Ley (se realizó un homicidio) pero por una justa causa.

Una vez aclarada la diferencia entre la imputación objetiva y la legítima defensa, no sobra decir, que la imputación objetiva puede aportar de forma importante, al análisis de un caso de legítima defensa, como a continuación se explicará.

Se podría decir que el análisis de la imputación objetiva aplicada en la legítima defensa, se haría de forma inversa, es decir, se busca el cumplimiento o no de los requisitos de la causal de ausencia de responsabilidad, y sería un análisis de la relevancia penal de una conducta, pero en vez de referirse al tipo penal, se haría respecto de la causal de ausencia de responsabilidad, es decir, de un tipo negativo o de una norma que niega el tipo penal.

De esta forma, ya se ha dicho en este trabajo, que para que exista una legítima defensa se requiere de una agresión injusta, y ello, requiere que el agresor infrinja por lo menos el riesgo permitido, lo que incluye con esto, las conductas culposas, contra las cuales también se puede ejercer legítima defensa, y contra las acciones de los inimputables, contra las que también procede la legítima defensa. Ahora bien, el riesgo permitido también se infringe cuando se vulnera una norma extrapenal, por lo que la teoría de la imputación objetiva con el análisis del incremento del riesgo, del riesgo permitido y de la disminución del riesgo, permite un buen análisis de cuando una agresión es injusta para ejercer una legítima defensa.

En igual sentido, así como se debe partir de que el agresor es quien aumenta el riesgo, también es necesario tener presente que el defensor debe estar dentro del riesgo permitido al iniciarse la agresión, de tal manera, que no se trate ni de una riña (donde ambos son agresores ilegales), o de una trampa o artimaña para simular una legítima defensa, o se trate de una provocación suficiente (similar a una agresión), en dado caso, el supuesto defensor no estaría dentro del riesgo permitido.

En los casos de legítima defensa ejercidos por guardias de seguridad, se hace aún más evidente la utilización de la teoría del riesgo, para establecer si el defensor aplicó los protocolos o manuales del uso de la fuerza proporcional, es decir, si antes de usar la fuerza letal (un arma de fuego y dio muerte al agresor) agotó otros medios alternos y menos lesivos, o si en efecto su actuación violó las prohibiciones de usar determinadas armas en una situación dada, como ocurre con la policía antimotines, donde se debe analizar si en una muerte a un manifestante, el agente actúo con base en las normas o en los manuales que regulan el uso proporcional de la fuerza, en el caso de los guardias de seguridad.

Igualmente, en los casos de combate armado contra grupos armados al margen de la ley, se deben utilizar los principios y las normas de DIH, para establecer el uso proporcional de la fuerza, y ello, se puede analizar a través de la imputación objetiva, estableciendo al DIH y los manuales de operaciones militares, como criterios para establecer si los soldados actuaron dentro del riesgo permitido, o crearon un riesgo jurídicamente desaprobado.

Por otro lado, para analizar los elementos de la actualidad y la realidad de la agresión, es posible aplicar el principio de confianza. Es decir, el comportamiento del agresor rompería el principio de confianza de que toda persona se comportaría de conformidad con su rol, y que, por el contrario, el defensor se encuentra dentro de su rol legal, pero reacciona ante el evidente o inminente actuar en contra del derecho del agresor. Así que la agresión implica un rompimiento del principio de confianza, y la defensa, sería una reacción al rompimiento del principio de confianza. En igual sentido, es posible aplicar el principio de confianza para analizar el error sobre la percepción de la realidad de la agresión, que se denomina como defensa putativa, donde se podría valorar si cualquier persona dentro del tráfico social, hubiese actuado así, o hubiese entendido que está siendo agredido, para reconocerle una defensa putativa. El principio de confianza sería el desarrollo del análisis ex ante de la conducta del defensor, donde se apela a la figura del hombre medio, para establecer “si el hombre medio hubiese actuado de la misma forma en esa circunstancia extrema”.

Desde el punto de vista de la acción defensiva, se tiene que el resultado del daño de la acción defensiva, se encuentre dentro del fin de protección de la norma, esto es, que se trate realmente de una defensa, y no una simulación de una defensa. Así mismo, se puede plantear que, de acuerdo con el fin de protección de la norma, esto es, la legítima defensa, esta sea necesaria para neutralizar una agresión injusta, y que implique, la escogencia de entre los medios disponibles para defenderse, el menos lesivo. Dentro del mismo principio del fin de protección de la norma, se puede también analizar la proporcionalidad entre la defensa y el ataque, negando la legítima defensa en casos de evidente desproporcionalidad en la defensa, como en los casos en que se mata a un joven por hurtarse una manzana de una finca o por hurtarse unos chocolates en una tienda.

Por otro lado, desde el principio de la autopuesta en peligro, entender que es el agresor, el que crea la situación de riesgo, y se coloca a sí mismo en riesgo, que le es exigible que afronte, por tanto, no se le puede exigir al defensor que no se defienda, que ignore la agresión o huya. Tampoco se le puede exigir al defensor que ponga en riesgo su vida y su integridad, improvisando una defensa riesgosa. Dentro de este principio, también cabría analizar el principio de proporcionalidad, en tanto, que se deben excluir los casos de evidente desproporcionalidad en la defensa, como se mencionó anteriormente. Igualmente, la autopuesta en peligro establecería que el agresor es quien aumenta el riesgo, y el único causante de la agresión, sin que la víctima concurra, lo que excluiría nuevamente los casos de riña (en que los participantes son agresores al tiempo) los casos de provocación suficiente de parte de la víctima, y los casos de trampas, artimañas o enceladas, para simular una legítima defensa.

Por otra parte, es posible aplicar la prohibición de regreso, en los casos en que el defensor sea un tercero diferente a la víctima, así, por ejemplo, si la víctima se encuentra siendo agredida, e intentan infructuosamente defenderse, pero llega un tercero, que enfrenta al agresor y lo mata, no podría imputársele los excesos en la proporcionalidad del tercero defensor a la víctima por pedir ayuda, o ser ayudada por un tercero. También es posible aplicar la prohibición de regreso, para excluir de responsabilidad de los aportes culposos de terceros que favorezcan al agresor, o los aportes de conductas conforme a derecho, que favorezcan al agresor.

Como puede verse entonces, los criterios de la imputación objetiva pueden ser aplicados también para analizar un hecho de legítima defensa, tanto para valorar la conducta del agresor, como de la conducta del defensor, combinando las metodologías, los límites y los principios que rigen tanto la imputación objetiva, como la legítima defensa. 

BIBLIOGRAFIA

Reyes Alvarado, Y. La imputación objetiva en una concepción valorativa de la teoría del delito. Atelier. (2026)