Por: Jorge Arturo Abello Gual y Johanna Bula Carreño.
INTRODUCCIÓN
Desafortunadamente en estos tiempos de la pandemia del Covid 19, los actos criminales no paran y, en definitiva, existe una mayor indefensión de las víctimas en razón de las circunstancias que genera el confinamiento en los hogares y la suspensión de la protección judicial por el otro.
Cuando hablamos del derecho penal, nos encontramos con las conductas que más afectan a la sociedad, y cuando nos encontramos en esta época de pandemia, obvio que la actividad delictiva puede bajar, porque hasta los delincuentes tuvieron que resguardarse, y por otro lado, ya no encontraban a nadie en las calles, ni en las empresas a quién causar algún daño.
Sin embargo, no todos los delitos se producen en la calle, hay muchos que se pueden cometer desde los hogares y son igualmente graves y relevantes. En este artículo estudiaremos varios de los delitos que se han aumentado durante la pandemia.
Los actos criminales, no paran, ni siquiera con ocasión del confinamiento obligatorio a causa del covid-19, por el contrario, muchos de ellos encuentran en este periodo un crecimiento exponencial como son los de violencia intrafamiliar, feminicidios, producción y consumo de pornografía infantil, corrupción, entre otros.
La idea de este trabajo, es desarrollar y explicar alguno de estos delitos, para entender los nuevos retos que tiene el derecho penal, frente al confinamiento obligatorio de la población, debido a la pandemia del Covi-19.
1. DELITOS SEXUALES A TRAVÉS DEL INTERNET.
Entre mayor distancia
social haya entre las personas, más se tratan de integrar a través de las redes
sociales. El problema de las redes sociales y la comunicación a través del
internet, es qué tipo de información se transfiere.
Parejas que se contactan a
través de internet, y se graban desnudas o realizando actos sexuales, ante sus
cámaras, envíos de material intimo a una persona en particular, pero terminan
siendo divulgadas por esta o por un tercero, circulando son control en la red,
exponiéndose de manera pública la intimidad; las personas que logran obtener o
grabar cualquier tipo de material pornográfico y lo publican en las páginas
web, plataformas de mensajería instantánea y redes sociales, con o sin ánimo de
lucro, son un par de ejemplos de delitos sexuales a través de los medios informáticos.
Los medios de comunicación
han reportado el aumento del consumo de la pornografía por internet, en este
tiempo que ha durado la pandemia. En este orden de ideas los gobiernos, y las
mismas plataformas de las redes sociales, han sido incapaces de contener, la
cantidad de material pornográfico ilegal que circula y se comparte en internet.
Y es que la pornografía
como industria legal, esconde y camufla otro tipo de conductas como el acoso
sexual cibernético, la pornografía infantil, la divulgación no consentida de
datos, el abuso infantil, la trata de personas, la esclavitud sexual y la
violación.
En primer lugar, hay que
hablar de la pornografía infantil, para aclarar la problemática penal en esta
materia.
Muchas veces recibimos
fotos o videos en las redes donde aparecen imágenes de jovencitas y jovencitos
con contenido sexual. Esta situación la genera toda una industria que se nutre
a partir de la destrucción de la formación sexual de los menores de edad.
Realmente lo que se busca
es que los menores de edad sean protegidos de los abusos, y que, por su grado
de vulnerabilidad, por falta de madurez psicológica, no sean expuestos a todas
las implicaciones que tiene una relación sexual.
Otra particularidad de este
delito, es que los perpetradores son en su mayoría miembros del entorno cercano
del menor de edad, sus padres, familiares o tutores, (Ibáñez, 2012) (Garrido,
et al., 2006), personas que conviven con estos o que tienen acceso a ellos, sin
vigilancia o supervisión.
Y no es una afirmación
sacada de contexto, las imágenes y videos que han proliferado en las
redes, son de menores en sus hogares, así que están siendo violentados por
miembros de sus familias y/o de su círculo cercano (Bula, 2020, A)
De acuerdo con el
ordenamiento jurídico, los menores de 14 son incapaces para consentir una
relación sexual (Montoya, 2019). Y ello es una protección, para evitar que los
menores de catorce años sean objeto de abusos sexuales o de prácticas sexuales
como la prostitución y la pornografía.
Por otra parte, los menores
de edad, por lo menos en Colombia, los menores de 18 años, no podrán participar
en actos que impliquen pornografía, prostitución o comercio carnal en general.
Es decir, a partir de los 14 años, se reconoce la capacidad para consentir una
relación sexual (Arboleda, et al 2013), pero no tiene capacidad para participar
en actos que impliquen comercio carnal, como la prostitución o la pornografía.
En este orden de ideas, en
virtud de la protección especial que se tiene a los menores, en principio se
les prohíbe consentir una relación sexual antes de los 14 años, y se les
prohíbe participar en actividades que impliquen el comercio carnal antes de
cumplir los 18 años (Abello, 2020) (Arboleda, et al 2013) (Montoya, 2019). La
protección está relacionada con los problemas de orden psico-afectivo que
genera en un niño las prácticas sexuales, y en especial, su grado de
indefensión al abuso por parte de sus familiares y cercanos, y de la mayor
vulnerabilidad para las redes de comercio carnal.
De esta forma, se concibe
que la pornografía, no es lo mismo que pornografía infantil, por las
implicaciones que ello tiene, para los niños y niñas de este mundo, lo que se
trata en gran parte, es excluir la posibilidad de que ellos, sean utilizados
como objetos y se les quite el carácter de personas, fomentando prácticas tan
detestables como la trata de personas y la esclavitud sexual.
Así pues, el alto consumo
de pornografía, genera un subcapítulo devastador que es la pornografía
infantil, que implica el incremento de violaciones a los derechos de los niños
y niñas, y la creación a su vez de círculos de pedófilos dispuestos a violar y
a consumir pornografía infantil.
Así las cosas, ¿cómo se
pretende prevenir un delito, si en el fondo se fomenta su práctica?
Pasemos a otro problema en
este campo de los delitos sexuales, que es la divulgación de contenido
pornográfico sin autorización. En esta época de pandemia, muchas personas han
incluido dentro de sus prácticas sexuales, el uso de dispositivos electrónicos,
grabando videos y tomándose fotos, para mandárselas a personas con las cuales
tienen una relación. Estos videos o fotos, luego aparecen publicadas y la
persona queda expuesta en su intimidad.
En este campo, hay que
establecer que las conversaciones privadas sostenidas entre dos personas, en
medios electrónicos, hacen parte del derecho a la intimidad. No se trata de un
lugar público, donde cualquiera puede observar y escuchar.
Las personas tienen una
vida pública que es la que están dispuestos a compartir con todo el mundo; una
vida privada, que están dispuestas a compartir con algunas personas; y vida
secreta, que no estarían dispuestas a compartir con ninguna persona. Estos
niveles de privacidad implican la autorización del titular de qué tipo de cosas
de su vida quiere compartir con los demás, y con cuales personas quiere
compartirlas. La intimidad es un derecho fundamental, y solo la autorización
expresa del titular diferencia un hecho lícito, de una trasgresión a un derecho
humano.
En tal sentido, si alguien
publica un video o una foto, sin autorización del titular de ese derecho, está
transgrediendo un derecho y se someterá a todas las implicaciones que ello
conlleve, como son las consecuencias civiles y penales que se derivan.
Exponer videos privados de
personas al público, sin la autorización del titular (Posada, 2019) (Abello,
2017), envuelve un delito informático que es la divulgación no autorizada de
datos informáticos, y si es un menor de edad, se crearía un concurso ideal de
delitos con la pornografía infantil.
Así las cosas, no es legal
que el novio reenvíe a sus amigos, un video que le envió su novia, así como
tampoco es legal reenviar videos con pleno conocimiento de que no existe
autorización de la persona que ahí aparece.
En relación con estos temas
precisamente, también se están presentando extorsiones, pues los videos son
utilizados por delincuentes para extorsionar a las personas que aparecen en
ellos, de tal forma, que solicitan la práctica de otros actos sexuales a cambio
de no publicar dichos videos. Precisamente la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia SP-45732019 (47234), Oct. 24/19, ha planteado que quién coacciona a
otra persona a realizar actos sexuales a través de internet, configura el
delito de acto sexual diverso al acceso carnal violento, al interpretar que la
presión que realiza el victimario a la víctima, para acceder a favores sexuales
a cambio de no publicar las imágenes, es un acto de violencia que anula la
voluntad de la víctima, que termina cediendo a las solicitudes del sujeto
activo.
Estos casos se han venido
presentando reiteradamente, donde las personas víctimas de estos delitos,
terminan en todas las redes sociales difamadas y atacadas en su intimidad.
Las distancias y los
aislamientos obligatorios, han generado que las personas busquen a otras a
través del internet y propicien encuentros sexuales, los cuales
desafortunadamente terminan en malas manos, ya sea porque alguno de los
participantes lo divulga o ya sea porque los videos son interceptados, copiados
y publicados de manera ilegal por personas sin autorización para ello.
En estos casos, como ya lo
dijimos las personas más vulnerables son los niños, quienes son más
susceptibles de engaños por parte de adultos que suelen simular ser amigos o
niños de la misma edad para luego obtener imágenes íntimas del menor.
Aquí se encuentra el nuevo
actuar de los pedófilos, que ya no tienen que interactuar físicamente asechando
a sus víctimas. Ahora tienen que ideárselas para contactar niños por internet.
Así se hacen amigos de sus víctimas, se ganan su confianza y luego buscan que
el niño comience a realizar actos de contenido sexual. Posteriormente viene la
extorsión, la presión y el abuso infantil a través del internet.
Sin embargo, en esta época
de pandemia, se ha encontrado que no son solo los menores los que son víctimas
de estos temas, se ha visto precisamente que la gente adulta, también cae en
los timos de estas personas, pero también es necesario de hablar de un tema
nuevo como lo es la pornovenganza, que es la difusión no consentida de material
íntimo, por uno o varios medios, ya sean de mensajería instantánea, páginas
web, redes sociales.
Este delito es cometido por
ex parejas sexuales y/o sentimentales, que divulgan contenido explícito de
situaciones íntimas con el objetivo de obtener venganza, ya sea por el hecho de
haber dado la relación por terminada, por haber descubierto una infidelidad, o
cualquier otro motivo, el objetivo es atentar contra la integridad y la
intimidad.
Consentir fotografiar o
grabar estas situaciones, no implica un consentimiento (Abello, 2019) para
hacerlas públicas, ni para ser enviadas a terceros, mucho menos para ser
subidas a páginas con contenido pornográfico.
También sucede que se
reenvían las fotografías íntimas que una persona ha enviado en un contexto de
confianza.
Con el avance y alcance de
las tecnologías de la información y comunicaciones, se ha diversificado la
forma en la cual se cometen los delitos y ha introducido en el derecho penal
nuevos delitos.
Con esta difusión en muchos
casos, también incluyen datos personales como nombre completo, lugar de estudio
y/o trabajo, que colocan en peligro a la víctima de esta modalidad delictiva.
Un caso muy sonado es al
que la prensa (Valdez, 2019) tituló: “el caso de
la trabajadora de iveco”, que terminó suicidándose luego que fuera difundido
material intimo entre sus compañeros de trabajo, páginas pornográficas y fuera
sometida al escarnio social y público.
Es un delito que mayormente
afecta a las mujeres, pues a pesar de las devastadoras consecuencias, se sigue
trivializando.
Sobre este tema, cabe
anotar que es necesario hacer mucho trabajo en los colegios y en los hogares
para hacer comprender a todas las personas de los cuidados que se deben tener
con la información personal, con las fotos, los videos y demás información
íntima, para no ser expuestos, ni ser objeto de interceptación de datos o
violación de datos.
En cuanto al victimario,
los Estados deberán tener unidades especializadas para la investigación,
detección y obtención de material probatorio necesario para capturar y procesar
penalmente a los autores de estos delitos, teniendo siempre un sistema de
cooperación multinacional, para efectos de combatir a los criminales
cibernéticos que no tienen fronteras en su actuar.
Más información:
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REVISTAS Y PERIODICOS
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Revista Semana, Nación. 2020 Continúa aumento de denuncias de violencia intrafamiliar durante cuarentena. En la siguiente página web: https://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-intrafamiliar-en-colombia-continua-aumento-de-denuncias-durante-cuarentena/663632
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