Derecho Penal Empresarial en Colombia

jueves, 2 de julio de 2020

LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS.


LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS.

Por: Jorge Arturo Abello Gual.




La violencia sexual en contra de las mujeres en los conflictos armados siempre ha sido uno de los crímenes internacionales más problemáticos, pues la indefensión de las víctimas y la brutalidad de los victimarios no deja ni un ápice de respeto por la condición humana, y mucho menos de la condición de mujer.

Si bien en los conflictos armados las violaciones sexuales se presentan en los dos géneros, no hay dudas de que el género femenino es el más afectado en este tipo de circunstancias. Desde la antigüedad, el poder de violar a las mujeres del bando vencido era un trofeo de guerra para los soldados que componían el bando vencedor. En el oriente, Gengis Kan cada vez que conquistaba a un pueblo, se extasiaba violando a todas las mujeres que su apetito sexual le permitía, se dice que el 8%  de la población de Asia Central tiene sus genes[1]. En el caso de los romanos, cada vez que se conquistaba a un pueblo se esclavizaba a la población, y a las mujeres la esclavitud, las colocaba en un estado de vulnerabilidad para la violación. En la Escocia sometida por los ingleses, los señores feudales tenían el derecho de pernada, que consistía a que el señor feudal podía acceder sexualmente a las mujeres que se iban a casar antes que el esposo –lo que creo la leyenda de Williams Wallace-.

La violación sexual como un trofeo de guerra, ha generado a su vez, suicidios colectivos de mujeres que preferían suicidarse antes de ser tomadas por el enemigo (en el caso de la india se conoció como la ceremonia de Jauhar, donde las mujeres hacían un ritual para suicidarse antes de caer en manos del reino conquistador)[2], pero a su vez, otras mujeres también terminaban suicidándose luego de ser violadas.

Siguiendo con antecedentes más cercanos, en la segunda guerra mundial los alemanes realizaban violaciones colectivas de mujeres francesas, en retaliación a las acciones de la resistencia francesa[3]. En China, miembros del ejército Japonés violaron a 20.000 mujeres el primer mes en que ocupó la capital de ese país Nanking[4]. En Alemania el ejército ruso violó a 900.000 mujeres alemanas cuando invadió Alemania al finalizar la segunda Guerra mundial[5].

Los actos de violación en las guerras tienen varias connotaciones:

1)   Es un trofeo de guerra.
2)   Es un acto de agresión en contra del enemigo.
3)   Es un acto de venganza en contra de la parte contraria.
4)   Humillación al grupo vencido, y a las mujeres de los vencidos.
5)   Es un acto de genocidio en contra de un grupo determinado. Es una forma de limpieza étnica y racial.

A pesar de esas connotaciones que aparentan ser más justificantes, que agravantes, lo que está detrás de la violación en los conflictos armados, es un acto de barbarie en contra del género femenino, que aparentemente se muestra como un castigo a las mujeres por el mero hecho de estar relacionadas con el bando opuesto, sin embargo, con ello se esconde la verdadera razón de la violación en tiempos de guerra, que no es otra que una expresión violenta de hombres con problemas de formación sexual, que aprovechan la ausencia de ley, la ausencia de autoridad, y la vulnerabilidad de la víctima para satisfacer sus deseos sexuales, que en condiciones de legalidad no pudieran cumplir.

Para explicar mejor lo anterior, es bueno preguntarse qué ocurre si le entregas a un hombre que es un violador, o que tiene claras tendencias de violador (sádicos, masoquistas, pederastras), un ejército de 40 hombres, para que tome a la fuerza a una población, donde se encuentran 30 mujeres, que desafortunadamente van a quedar bajo su absoluto poder. Es como colocar a Garavito –el monstruo colombiano que violó y asesinó a más de 200 niños- como rector de una guardería de niños. Ahora bien, no es solo, el violador, sino también el voyerista, que es aquel que disfruta del simple hecho de saber o de ver que está ocurriendo una violación, entonces, si bien no lo hace el mismo, si ordena que otros lo hagan, o permite que otros lo hagan.

De esta forma, se presentan dos supuestos, el primero es que el sádico o el voyerista esté al mando de la tropa, en cuyo evento, el participará, fomentará e incitará los actos de violación, e incluso, puede ordenar a otros miembros de la tropa a realizar actos, justificándolos como una forma de castigo, pero lo que en verdad ocurre, es que está realizando su propio morbo sexual. El segundo supuesto se presenta, cuando el jefe de la tropa no tiene problemas de formación sexual, pero tiene a su mando a varios subordinados que sí. En estos casos, se presenta una lucha y una tensión por el poder de mando, pues los subordinados que están dispuestos a realizar actos de violación, buscan primero una autorización del superior; y si no la obtienen buscan desacreditar su autoridad, generando un motín, cuando encuentran oposición, buscando así, lograr su objetivo a través de la presión al jefe, quién si no tiene suficiente poder, termina o cediendo o haciéndose a un lado, o también puede terminar depuesto permanentemente por un “golpe de estado”; y por último, los subordinados que no logran sus fines a través de la presión, pueden llegar a la consumación del acto de manera clandestina o a espaldas de su superior.

Los hombres con estos problemas de formación sexual, pretenden que en un conflicto armado, se les reconozca el derecho a satisfacer sus deseos depravados, luego de ganar una batalla, o después de haberse sacrificado por la causa o haber realizado un buen combate, en otras palabras lo ven como un premio. Cuando están en la cima de la cadena de mando, ellos mismos se otorgan su premio, y exhortan a que otros lo hagan, e incluso hasta ordenan que otros sin querer lo hagan para legitimar su accionar.  En cambio, cuando son subordinados dependen de la voluntad del superior, cuando le niegan ese premio, se sublevan o lo ignoran.

En todos estos casos, la represión del hecho por parte del jefe de la tropa o de las autoridades que ejerzan el mando sobre la tropa, es fundamental para que los hechos de violación no se repitan, ni se repliquen, bajo un esquema de permisión e impunidad, donde los violadores se sienten libres de realizar sus deseos, sin ningún tipo de control.

No es cierto que todo hombre en una guerra termine violando a las mujeres de sus enemigos. Tampoco es cierto que todos los hombres crean que tienen ese derecho. Tampoco es cierto que todos los jefes de la tropa fomenten las violaciones sexuales, no las eviten o no las repriman. El problema son todos aquellos que sí tienen un problema de formación sexual, y que se aprovechan del poder de las armas y de la vulnerabilidad de las víctimas para cumplir su morbo sexual, y que pretenden hacer ver estos temas como daños colaterales de la guerra, o consecuencias necesarias de ella, para garantizar su impunidad, y así seguirlas practicando impunemente.

La guerra es un ambiente donde las personas tienen una percepción de que no existe la legalidad, o no existe más autoridad que la de los jefes, es un ambiente hostil, donde aflora el instinto de supervivencia, muchas veces por encima de la razón. Sin embargo, la guerra sí tiene sus reglas, tiene sus autoridades, y se deben respetar unos derechos mínimos, que se han definido como el Derecho Internacional Humanitario, y donde se castiga las violaciones y los actos sexuales, que se realicen en contextos de guerra. Por tanto, ni la violación, ni ninguna práctica sexual forzada, son legales en una guerra, ni pueden entenderse como daños colaterales, ni consecuencias necesarias de la guerra, porque son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, dependiendo del contexto: Son crímenes de guerra, cuando son actos que componen un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil[6], como lo haría una organización criminal dedicada a la trata de personas, al secuestro y la prostitución forzada de mujeres. Y son crímenes de guerra, cuando se cometen dentro de un contexto de conflicto armado ya sea de carácter internacional o de carácter no internacional, pero lo importante, es que el autor tenga conciencia de la presencia de “circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado.”

CASO DE LAS COMFORT WOMEN, IMPERIO JAPONES EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

El imperio Japonés durante la segunda guerra mundial, raptó, secuestró y reclutó forzadamente a 200.000 mujeres de entre 11 y 20 años, de países invadidos como China,  Indonesia, Corea y Filipinas, para que sirvieran de esclavas sexuales de los miembros del ejército japonés[7]. Solo el 25% de estas mujeres logró sobrevivir a esta práctica, donde fueron esclavizadas y sometidas a múltiples violaciones, a veces hasta cuarenta veces al día[8].

Habían tres clases de establecimientos que prestaban estos servicios, denominados confort station, unos estaban bajo el control total del ejército; otra, bajo la administración de particulares pero controladas por el ejército; y las que administraban particulares y le daban prioridad al ejército, pero también le prestaban servicios a otros. La razón de ser de estas entidades siniestras, era “estabilizar el estado psicológico de los soldados, protegerlos de contraer enfermedades venéreas e impedir el espionaje, el saqueo y la violación durante los ataques militares a las ciudades.”[9]  Precisamente, esas mismas razones justificaron la creación de prostíbulos exclusivos libres de enfermedades venéreas para los soldados estadounidenses durante la segunda guerra mundial.

Aquí se ve cómo se busca disimular las violaciones sexuales a mujeres,  que no son otra cosa que una demanda de las depravaciones sexuales de algunos, para hacerlas pasar como daños colaterales o consecuencias necesarias de la guerra. El secuestro, rapto y esclavitud forzada de estas mujeres, no es otra cosa que un plan premeditado, organizado y sistemático, ideado por un depravado sexual, que sin duda configura un crimen de lesa humanidad. Y el hecho de haber sido ejecutado en contra de mujeres de países sometidos, es sin duda una táctica de guerra en un contexto de conflicto, que busca ser justificado como un castigo y humillación a su enemigo, en el fondo es solo un producto de un deseo de un depravado o un grupo de depravados que encuentra en la agresión sexual cometida por él o por otras personas, su forma de satisfacer su problema de formación sexual.

El gran problema de las guerras es darles la oportunidad a los violadores y a los voyeristas, de tener un contexto o un ambiente propicio para calmar sus carencias sexuales, y camuflarlas como consecuencias necesarias de la guerra para justificarlas y normalizarlas.
Solo una mente bien retorcida y degenerada sexualmente en un ambiente de ausencia total de Ley, consideraría legítimo, secuestrar a las mujeres de su enemigo, y someterlas a la esclavitud sexual, para que fueran violadas más de cuarenta veces por día.

CASOS DE RUANDA Y YUGOSLAVIA, AGRESIONES SEXUALES CON FINES GENOCIDAS.

En los conflictos armados de Yugoslavia y Ruanda, las agresiones sexuales tenían un fin genocida, que era acabar con un grupo étnico.

En el caso de Yugoslavia, los serbios buscaban destruir los grupos musulmanes que se encontraban en Bosnia-Herzegobina, con lo cual, violaban a las mujeres musulmanas y con ello, lograban que estas mujeres fueran repudiadas por los hombres para casarse, por considerarlas como impuras[10].

En Ruanda los miembros de la tribu Utu, querían acabar con los miembros de la tribu Tutsi, y utilizaron la violación como forma de causar daño mental y corporal a las mujeres de dicho grupo. Muchas mujeres Tutsi resultaron embarazadas luego de violaciones masivas, y debido a la procedencia del niño, las mujeres los rechazaban y los abandonaban[11]. Se considera que la violación y posterior embarazo forzado de una mujer tutsi, por un hombre utu, cortaba la línea de descendencia de la tribu. Otras mujeres luego de ser violadas, sufrieron la trasmisión de enfermedades venéreas e incluso VIH[12], que afectaba gravemente su vida y su integridad física, y las que no, quedaron gravemente traumadas[13]. Las mujeres violadas eran rechazadas por toda la comunidad, en especial por los hombres, y por ello, tampoco tenían muchas posibilidades de formar familias en un futuro[14].

En estos casos, vuelve y se pierde el norte, porque se busca decir que la violación era parte de una táctica genocida que le interesaba a cierto grupo, para acabar con el otro, pero ello no es otra cosa, que una distracción, pues lo que ocurrió fue que varios depravados con problemas de formación sexual, encontraron nuevamente un ambiente propicio para justificar sus actos pervertidos, como un instrumento para alcanzar unos fines de toda una colectividad, que era acabar con el otro grupo. Aquí el tema es que los pervertidos lograron convencer a la comunidad de que las violaciones eran útiles para conseguir el fin que todos querían, y la comunidad los dejó actuar impunemente para que se pudiera alcanzar esos fines. Graso error. Los depravados manipularon la situación para satisfacer su deseos, y lograron la impunidad, liberados de todo control y límite de la sociedad, e incluso hasta legitimados, desataron todos sus instintos violadores y voyeristas en la población femenina.
¿Qué puede ocurrir si le dices a un violador que puede violar y además de ello, que debe hacerlo por el bien de la comunidad o para acabar con el enemigo?

CASO AKAYESU EN RUANDA.
En el caso de Akayesu en Ruanda, se trató de un alcalde Utú de una comunidad, que era conocedor de que en el edificio donde él trabajaba, se violaban de forma masiva a mujeres tutsi, y que el promovía ese tipo de actos con su presencia o con sus palabras[15]. Que si bien es cierto él no era un participante activo en ese tipo de violaciones, las consentía y las fomentaba[16]. Esta situación se presentó, pues las mujeres tutsi desplazadas por el conflicto armado, acudían por ayuda al alcalde, y cuando llegaban al edificio, eran sometidas por los cuerpos armados en guerra de los Utu, por la policía o por los agentes de la alcaldía, y eran violadas, ya sea al interior del mismo edificio o en montes cercanos[17].

Este caso, es la perfecta combinación entre un líder voyerista que le gusta ver a mujeres desnudas y teniendo sexo, y violadores sádicos, que sienten placer sometiendo y causando dolor a las víctimas, en una forma de reacción violenta. Su poder político y las armas, le daban la forma de someter a las víctimas y de garantizar su impunidad, la guerra y el supuesto fin genocida, son solo un pretexto para dejar aflorar sus deseos depravados.


CASO FOCA EN YUGOSLAVIA

Un grupo de fuerzas armadas serbio bosnias, se tomó en 1992 militarmente la población de Foca. Al controlar la plaza, separaron a los hombres de las mujeres. A las mujeres las llevaron a hoteles, casas y departamentos para ser violadas. Pero el punto más grave fue lo que realizaron en una escuela, donde violaron de forma masiva y pública a varias niñas[18]. Las consecuencias, fueron catastróficas, muchas niñas sufrieron graves daños ginecológicos, incluso perdieron la posibilidad de procrear, otras se suicidaron, y socialmente, fueron repudiadas por su familia y por la sociedad[19].

Aquí nuevamente se pierde el foco, pues se considera que se trata de un ataque dirigido a una limpieza étnica. Y vuelve otra vez la problemática, ¿Son los violadores utilizados por la sociedad para alcanzar el fin de eliminar a un grupo étnico, o son los violadores que utilizan el conflicto como un pretexto para satisfacer sus deseos depravados?

Entonces porque hay exterminar un grupo de personas, hay que darles rienda suelta a los violadores, pues la lógica no concuerda, pues la táctica del exterminio a través de la violación funciona a largo plazo, si tengo la posibilidad de exterminar matando inmediatamente, como la tuvieron los serbios y la practicaron, qué necesidad había de violar y torturar a niñas de un colegio, y dejarlas vivir atormentadas.

En este caso nuevamente se pierde el foco, los violadores aprovechan el ambiente de guerra para sus propios fines. La violación de niñas implica un trastorno mental, a estas personas se le llama pedófilos cuando disfrutan ver niñas desnudas, o pederastas cuando sienten placer con la penetración de niñas. Y en este caso, se presenta el morbo de la virginidad, en el presente caso, estas niñas violadas fueron gravemente maltratadas en sus partes genitales, y no accedieron a tiempo a un tratamiento médico, lo cual, a muchas les causó infertilidad, y ello, no es ni consciente ni premeditado, es la consecuencia no prevista de la violación a una menor de forma colectiva y recurrente.

Pero volvemos al patrón que hemos trabajado, se aprovecha el contexto de conflicto, para someter a la víctima por la fuerza, y estando en esa condición, se aprovecha la falta de ley y de autoridad para satisfacer sus deseos depravados. Qué mejor situación para un violador, que tener a la víctima sometida, no tener ley ni autoridad, y fuera de eso, que le digan que lo tiene que hacer por el bien de su grupo, es como darle un dulce a un bebé.

CASO ISIS EN SIRIA Y EN IRAK.

El Estado Islámico ha desatado lo que se llama la Yihad sexual, en la cual atacan poblaciones civiles, compuestas de cristianas, yazidis, y musulmanas chiítas, en las cuales, les dicen que si no se convierten al islam, serán asesinados. En el caso de los hombres, éstos son asesinados, pero en el caso de las mujeres, éstas son violadas, vendidas y sometidas a la esclavitud sexual.

“En la jurisprudencia islamista cuando ya ha sido declarado el Yihad está totalmente permitido a los yihadistas -desde el punto de vista de la Shari´a, la ley islámica-  tomar a las mujeres del “enemigo infiel”. Los yihadistas han declarado el Yihad contra el mundo cristiano y los musulmanes de otras sectas, por lo que es “lícito” desde la perspectiva islamista violar a las “infieles” cristianas, yazidis, y musulmanas chiítas-  y tomarlas como esclavas sexuales.”[20]

En este caso, existe una aparente justificación religiosa, donde las mujeres de otras religiones, son concebidas como objeto de esclavitud, y en especial de esclavitud sexual.

Corán 23:1-6: ¡Bienaventurados los creyentes,…  que se abstienen de comercio carnal, salvo con sus esposas o con sus esclavas en cuyo caso no incurren en reproche.
Corán 23:1-6:¡Bienaventurados los creyentes,…  que se abstienen de comercio carnal, salvo con sus esposas o con sus esclavas en cuyo caso no incurren en reproche.
Corán 33: 50: ¡Profeta! Hemos declarado lícitas para ti a tus esposas, a las que has dado dote, a las esclavas que Alá te ha dado como botín de guerra, a las hijas de tu tío y tías paternos y de tu tío y tías maternos que han emigrado contigo y a toda mujer creyente, si se ofrece al Profeta y el Profeta quiere casarse con ella. Es un privilegio tuyo, no de los otros creyentes -ya sabemos lo que hemos impuesto a estos últimos con respecto a sus esposas y esclavas, para que no tengas reparo. Alá es indulgente, misericordioso.

Para los Yihadistas, las mujeres infieles son vistas como esclavas sexuales, con las que tener relaciones, no se considera un acto en contra de su religión, por ello, las mujeres de otras religiones que de encontrarse en un conflicto armado, y sean tomadas como prisioneras de guerra, son violadas, intercambiadas y vendidas como esclavas sexuales entre musulmanes:

“No sólo tienen esclavas sexuales los miembros del Estado Islámico, Boko Haram, y tantos otros grupos islámicos, sino también hay estados musulmanes en los que se pide legalizar la esclavitud sexual de cristianas, como es el caso de la activista política kuwaití  Salwa Al-Mteiri que reclamó recientemente una ley que permitiese la compra de prisioneras de guerra con el fin de convertirlas en esclavas sexuales. Ella le preguntó a un mufti saudí [5]: ¿Cuál es la ley con respecto a las esclavas? El muftí me dijo que la ley exige que exista un país musulmán atacando a un país cristiano – perdón, un país no-musulmán – y tomando prisioneros de guerra. Le pregunté si estaba prohibido convertirlos en esclavos, y él dijo que el Islam no prohíbe la posesión de jóvenes esclavas. Todo lo contrario.

También, aquí en Kuwait, pregunté a eruditos religiosos y expertos sobre este tema, y ellos me dijeron que para el hombre promedio, el hombre buen religioso, la única manera de evitar las relaciones prohibidas con las mujeres es la compra de jóvenes esclavas. …”[21]

En este caso, las justificaciones religiosas de la guerra y el sexo, confluyen al mismo resultado, a ver a una mujer como objeto de las depravaciones sexuales de los hombres, y en este caso expreso, al declarar que las mujeres infieles no son personas, son esclavas y como tal, meros objetos, se pretende dar una justificación a la violación diciendo que nadie puede violar a un objeto o a una no persona, por lo que no hay delito, ni recriminación religiosa.

De acuerdo con una vertiente religiosa islámica, el sexo está permitido con la esposa, y es posible tener varias esposas, y los desmanes, el comercio carnal, el intercambio, es dejado para las esclavas, por tanto, al existir esa subcategoría de mujeres, quién tenga sexo con ellas, no estaría ni realizando un delito, ni una blasfemia.

El problema con ello, es que en el derecho internacional, no existe la esclavitud, no existe una subcategoría de mujeres, y no existe justificación que se permita un trato cruel e inhumano como la violación y la esclavitud sexual, ni siquiera en contextos de guerra.

Volvemos nuevamente al tema del botín de guerra como una supuesta justificación, de los depravados sexuales, que en ningún sentido tienen asidero jurídico, y es una manipulación de la dialéctica social y religiosa, para ver en la violación un acto justificado. Por otra parte, se repite el mismo esquema el sometimiento a través de la violencia de la víctima en un contexto de conflicto armado, que se encuentra en un estado de indefensión total, y el aprovechamiento de dicha situación para satisfacer los deseos morbosos de hombres con problemas de formación sexual.

CONTEXTOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMANDO COLOMBIANO.
CASO DEL SALADO.

El caso del Salado, fue una toma de un grupo paramilitar de un corregimiento del Municipio del Carmen de Bolívar. En esta toma participaron 450 paramilitares, que se tomaron a un pueblo señalado como colaborador de la Guerrilla de las Farc.

En medio de la toma se presentó una situación, y fue la búsqueda selectiva de mujeres de guerrilleros para castigarlas:

“Transcurrió un buen tiempo y llegó un paramilitar vestido de civil, posiblemente un jefe, porque era el único que se comunicaba con radioteléfono, y le preguntó a Jennifer: “¿Tú eres Neivis Arrieta?”.

A Jennifer siempre la habían confundido con Neivis Judith Arrieta. Tenían la misma edad, el pelo negro hasta la cintura y rasgos similares. Las diferenciaba que, al parecer, la otra andaba de amores con un guerrillero y, se decía, tenía dos meses de embarazo.

“Yo no soy, usted está confundido”, le respondió ella, y prefirió no delatar a la verdadera Neivis, que estaba sentada a su lado. “Pues si eres, hoy te vas a morir, hoy vas a conocer qué es ser mujer de un guerrillero”, le advirtió el jefe.

Minutos después, el mismo paramilitar llegó empujando a un guerrillero y le ordenó que dijera cuáles de las mujeres tenían romances con compañeros suyos. El joven, con lágrimas en los ojos, ni siquiera levantó la cabeza, ni siquiera miró a las mujeres, sino que con el dedo pulgar señaló al azar, justo en el sitio donde estaba sentada Rosmira Torres, de 46 años, madre comunitaria y mamá de Luis Pablo Redondo, un joven maestro a quien acababan de arrancarle las orejas en la cancha, frente a decenas de saladeros cuyo castigo era presenciar el macabro espectáculo.

A Rosmira la tomaron del pelo, la pasaron por encima de Jennifer, la arrastraron por el piso, hasta la calle que separa a la iglesia de la cancha, y allí la amarraron por el cuello con una cuerda que usualmente se usa para colgar hojas de tabaco. Uno a uno, un corrillo de paramilitares se iban pasando la cuerda, jalaban y jalaban para estrangularla, y cuando estaba sin aire, la soltaron, le infligieron dos puñaladas y con un tiro de gracia apagaron el soplo de vida que le quedaba.

Los paramilitares regresaron de la carnicería humana y el guerrillero señaló a la auténtica Neivis. Los uniformados decían que era la mujer de “Camacho”, un jefe guerrillero, aunque según las investigaciones posteriores, no era así.

A la joven, de tan solo 15 años, la llevaron a un árbol contiguo a la cancha de microfútbol, la acostaron boca abajo y la desnucaron frente a la multitud de campesinos. Así la vio por última vez Jennifer, su compañera de clase, aunque después de muerta no cesaría la barbarie.

Con la bestialidad de un sicópata, un paramilitar le quitó la falda a Neivis, le atravesó un palo por el cuerpo, desde los genitales hasta la cabeza, y con frialdad volvió al ruedo, a la cancha, en busca de otra víctima.

Mientras tanto, el hombre vestido de civil regresó a donde estaban las mujeres al borde del pánico, y le ordenó a Jennifer que se fuera con él, que tenía que preparar la comida de sus compañeros. La señora Eliza le imploró que se la llevara a ella, que la niña no sabía cocinar, pero el jefe tomó a la joven por el brazo y la condujo a una casa al lado de la iglesia, profanada por tanta sangre que corría a sus pies.

(…)

En la casa había cerca de 20 paramilitares, algunos encapuchados. No había comida, por lo que la muchacha sospechó que no iba precisamente a cocinar. La duda la confirmó cuando por el radioteléfono un hombre le dijo al jefe: “suéltela que ya la comida está hecha”. Entonces, en un tono burlón, le dijo a Jennifer: "¿Tú sabes lo que te va a pasar muchacha?”, y ella, que con los nervios le da por hablar más de la cuenta, le respondió que ya se imaginaba, pero que por favor no la torturaran, que la mataran y listo.”[22]

Luego la joven fue violada por cuatro paramilitares uno después de otro. Vuelve el patrón. La violación no se genera como un castigo, ello es supuestamente una justificación, pero no, realmente es un pervertido o un grupo de pervertidos que se aprovechan de su poder sobre la víctima, que no tiene otra alternativa que ceder a la violación, y el pervertido no tiene ni límite legal, ni autoridad que le impida realizar el acto.

CASO HERNÁN GIRALDO.

En Colombia se encuentra un claro caso de ambientes de violencia y de intimidación, que es el de Hernán Giraldo, un jefe paramilitar que actuaba en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde accedió carnalmente a muchas niñas entre 12 y 18 años de edad, aprovechándose de su condición de jefe paramilitar, solicitando que se presentaran voluntariamente o que se las llevaran sus propios padres a sus aposentos, donde después las accedía. Frases como “se buena conmigo”, o “sabes que le puede pasar a tu familia si no eres buena conmigo”, a una menor de edad o una niña, de seguro es un entorno de coacción, que impide a la víctima dar su consentimiento.

“Laura* fue violada por Giraldo en 2004, cuando tenía 13 años:

“A partir del caso, como consecuencia no he podido continuar mi vida normalmente, me quedaron secuelas, se me ha dificultado llevar una vida normal como la llevan las jóvenes. En el estudio, he estudiado, pero no me siento realizada, se me dificulta mucho porque me siento diferente, a partir de eso me siento señalada de las personas porque tienden a juzgarlo a uno sin saber cómo fueron las cosas. (…) En ese tiempo para mí era duro porque era como una tortura, una niña de trece años que la utilizan porque a los trece años uno no sabe exactamente ni decide por uno mismo lo que va a hacer respecto a la sexualidad. (…) En ningún momento mi papá estuvo de acuerdo con que yo mantuviera una relación con Hernán Giraldo. Eso de que nos vendían, que estuvieran de acuerdo, que nos llevaban la gallinita, es totalmente falso nunca nos vendieron. Mis papás no tuvieron nada que ver con lo que me pasó, con lo que pasó en ese momento, ellos no tenían nada que ver con eso”.

Paula* fue violada por Giraldo en 2005, cuando tenía 11 años:

“Durante todo el tiempo que permanecí en la finca (vecina) vi que llegaba el señor Hernán Giraldo, él era el dueño, yo sabía que él mandaba en la región, él andaba con muchos hombres armados, me daba temor cuando él llegaba, cuando él llegaba a la finca mi papá nos encerraba a mi hermana y a mí en el cuarto y nos decía que no saliéramos o si no él se quedaba allí, aproximadamente a los seis meses de estar en esa finca, Hernán Giraldo pasó unos días allí. Un día como a las diez de la noche cuando yo me encontraba dormida en la habitación con mi hermana, llegó una muchacha y me dijo que el patrón me llamaba, que estaba en la habitación de él. Yo dije que no quería ir, no sabía para qué era, pero llegó uno de los guardaespaldas de él y me dijo que tenía que ir”.”[23]

En tales casos, se ve como el acto de intimidación del ex jefe paramilitar era manifiesto, y el grado de temor de las víctimas, hacía que aceptaran una relación sexual, y convivencia con él, de manera sumisa y sin oposición, más bien, todas sabían qué les podía pasar si se oponían.

Por otra parte, también se encontraron casos de pago, donde el ex jefe paramilitar le paga a miembros de la familia para que le llevaran a las niñas para ser violadas:

“Se han encontrado casos en los que la familia de las niñas no solo permitieron que fueran abusadas sino que las ofrecieron para obtener beneficios económicos o conseguir poder al tener un parentesco con el paramilitar.

Se dice que las niñas hacían fila para que ‘El Patrón’ pudiera escoger, e incluso que a sus papás les decía que se las “cultivara” para que él pudiera “disfrutarlas”. También se dice que les pagaba a las menores después de tener relaciones sexuales y que las drogaba. "Él era el patrón y todo allá era para el patrón. La mejor gallina y la mejor niña eran para el patrón", dijo a la Fiscalía Carmen Rincón, alias ‘La Gorda‘.

La pequeña que le gustara era suya, a las buenas o a las malas. “La vida me cambió. Yo antes reía y bailaba… Ahora no tengo ganas de vivir”, dijo una mujer consultada por el equipo del CNMH que fue abusada por Giraldo.”[24]

Aquí nos encontramos con otra forma de comercio carnal derivado de un contexto de intimidación y de violencia. La entrega de niñas a cambio de dinero, para ser violadas generó una cultura familiar retorcida, de distorsión de los valores, donde los propios familiares en medio del contexto de un conflicto armado interno, veían una forma de sacarle provecho económico a un mal que muy seguramente les podía ocurrir, y era que el ex jefe paramilitar mandase a buscar a su hija de todas formas. Fuera de lo retorcido de la situación, lo cierto es que las niñas no tenían ninguna opción, pues sus mismos progenitores y protectores decidían por ellas, en su libertad sexual, lo cual en todo caso es a todas luces en contra del derecho:

En primer término, la libertad sexual es un derecho personalísimo que no se puede anular por el consentimiento sustituto, es decir, nadie puede decidir sobre la libertad sexual de otro, ni siquiera la relación paterno o materno filial tiene ese derecho, ni careciendo la persona titular del derecho de capacidad para decidir.

En segundo lugar, la proscripción de la esclavitud, y de la trata de personas, genera que los seres humanos no pueden ser intercambiables como objetos, y su integridad sexual, es un derecho, que impide ser suprimido como un derecho humano, y su disposición solo puede darse como lo dijimos anteriormente por el consentimiento del titular, libre de todo vicio.
Tercero, en el caso de la libertad sexual, se entiende, que ningún menor de 14 años puede consentir, y de existir su consentimiento, este se entiende frente a la ley como inexistente, por una presunción de derecho que no admite prueba en contra.

Por último, está claro que dentro del contexto del conflicto armado colombiano, los valores se invierten, y el terror se convierte en el principal instrumento de anulación de los derechos. Las niñas no mantenían relaciones sexuales voluntariamente con el jefe paramilitar, ni eran sus compañeras permanentes por decisión propia, a pesar de que así lo aparentaban, y sus familias lo aceptaban, lo toleraban o lo fomentaban. La decisión no la tomaban las niñas, sino el victimario, y los que la ofrecían.

Precisamente en el caso de Hernán Giraldo se presente un concurso de crímenes internacionales, por un lado, un crimen de lesa humanidad[25] y por el otro, un crimen de guerra[26], ambos relacionados con la esclavitud sexual, la violación, embarazo forzado y cualquier otra forma de violencia sexual.

Ahora bien, cabe preguntarse si las conductas del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo se encuentran relacionadas con el conflicto armado interno que se presenta en Colombia, y la respuesta, se debe hacer desde varios planteamientos.

Por una parte, el contexto en que se dieron las violaciones masivas de niñas en la zona de influencia del ex jefe paramilitar, no se hubiesen presentado si él no hubiese aprovechado el terror que producían los hechos que realizaba su organización en la zona, a tal punto que no tenía ningún tipo de oposición ni de la población, ni de las autoridades públicas, lo que le facilitaba en todo momento satisfacer sus instintos depredadores.

Cualquier oposición que hicieran las víctimas o sus familiares, eran reprimidas y sometidas con el aparato militar con que contaba el ex jefe paramilitar.

Si bien es cierto, estamos hablando de un depredador sexual, con serios problemas de formación sexual, con un claro perfil de pedofilia y obsesión con la virginidad femenina, utilizaba el contexto del conflicto armado para lograr satisfacer sus fetiches, aplacar la oposición y normalizar la situación en un contexto de inversión de valores facilitado por el terror generado por su organización armada en las zonas de su influencia.

CONCLUSIONES.

Luego de los análisis realizados, encontramos que la violencia sexual en un contexto de conflicto armado, no es un efecto necesario del conflicto o un daño colateral a él. Se trata de crímenes de guerra cuando se configura un conflicto armado, y en caso de ser parte de un acto sistemático y generalizado, sería un crimen de lesa humanidad.
Los jefes políticos y militares que promueven y fomentan este tipo de actos como un instrumento para ganar la guerra o destruir al enemigo, realmente lo que buscan es satisfacer sus problemas de formación sexual, justificándolos con fines o consecuencias necesarias de esos fines.
Las agresiones son delitos pasionales que incumben a los violadores como personas con problemas de formación sexual, quienes se aprovechan de los contextos de conflicto armado para lograr sus fines.
En las guerras, darle armas y tropas a violadores, es como darles un dulce a un niño.






[1] El períodico el Tiempo 24 de junio de 2004: LOS DESCENDIENTES DE GENGIS KHAN consultado en la siguiente página web: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1563401: “El estudio, a cargo de investigadores del Reino Unido, Italia, China y Uzbekistán, recogió muestras del tejido de unos 2.000 hombres de Asia central para concluir que más de 16 millones en esa región del mundo (el 8 por ciento de la población masculina) tienen el mismo cromosoma Y que el líder mongol.”
[2] ENCICLOPEDIA WIKI WIKI. Consultada en la siguiente página web: https://es.qwe.wiki/wiki/Jauhar
[3] MOREYRA, María Julia. (2007). Conflictos armados y violencia sexual en contra de las mujeres. Editores del puerto. Buenos aires. Pág.22
[4] Ob. Cit. Pág..10
[5] Ob cit. Pág..10-11
[6]  BELTRAN, Ana. (2019). Las víctimas invisibles de la justicia penal internacional. Cuadernos de derecho penal No 20. Julio-Diciembre de 2018. Terrorismo, organizaciones criminales y derechos fundamentales. Universidad Sergio Arboleda. Tiran lo blach.  Págs. 111-138. Pag. 118
[7] MOREYRA, María Julia. (2007). Conflictos armados y violencia sexual en contra de las mujeres. Editores del puerto. Buenos aires. Pág. 12.
[8] Ob. Cit. Pág. 13.
[9] Ob. Cit. Pág. 13
[10] Ob. Cit. Pág. 63
[11] Ob. Cit. Pág. 66
[12] Ob. Cit. Pág..67
[13] Ob. Cit. Pág. 67
[14] Ob. Cit. Pág..67
[15] Ob. Cit. Pág..76
[16] Ob. Cit. Pág.. 78
[17] Ob. Cit. Pág..78
[18] Ob. Cit. Pág..82-83
[19] Ob. Cit. Pág..83
[20] NOTICIAS ISRAEL. El porqué los islamistas violan a las mujeres cristianas
13 diciembre 2019 - Updated on 19 febrero 2020. En la siguiente página web: https://israelnoticias.com/islam/islamistas-violan-mujeres-cristianas/#:~:text=Estas%20mujeres%20est%C3%A1n%20obligadas%20a,convertirse%20al%20Islam%20fueron%20ejecutados.
[21] Ob. Cit.
[22] ESCOBAR ROLDAN, Mariana. 'Cuando los paramilitares me arrancaron la inocencia'. En el periódico el Tiempo. El 24 de noviembre de 2014. En la siguiente página web: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14881155
[23]DIARIO EL ESPECTADOR. Redacción judicial: "Era una tortura": víctimas del exparamilitar y "depredador sexual" Hernán Giraldo. 1 Sep 2019 - 5:16 PM, en la siguiente página web:
Redacción Judicial https://www.elespectador.com/noticias/judicial/hernan-giraldo-el-paramilitar-que-fue-un-depredador-sexual-de-menores-en-la-sierra-nevada-articulo-878995
[24] REVISTA SEMANA. Nación. Hernán Giraldo, el depredador de vírgenes. 3 de Marzo de 2017, en la siguiente página web: https://www.semana.com/nacion/articulo/ex-paramilitar-hernan-giraldo-abusaba-de-ninas-en-la-sierra-nevada/517375
[25] Artículo 7 literal g: g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
[26] Artículo 8 literal e, vi: Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;






miércoles, 3 de junio de 2020

AGRADECIMIENTOS A MIS ESTUDIANTES

AGRADECIMIENTO A MIS ESTUDIANTES.



Hoy quiero manifestarles a mis estudiantes, en estos tiempos en el que el Coronavirus nos quitó el contacto personal, y nos confinó en nuestras casas, mis más sinceros agradecimientos, por su atención, por sus esfuerzos, y por su dedicación en mis clases.

Tuvimos la oportunidad de comenzar clases presenciales, y luego pasamos a las clases virtuales, y traté en todo momento de responder con mi mejor actitud al reto de dar las clases remotas a través de las plataformas digitales.

No es lo mismo lo presencial y lo virtual. El contacto humano es importante, las relaciones sociales igualmente lo son, porque hacen parte de nuestra naturaleza. La virtualidad no hubiese funcionado igual, si no hubiesemos tenido un primer contacto presencial.

Muchos en cada clase me demostraron su interés y su compromiso, y otros me lo demostraron en ciertos momentos a su modo y en sus tiempos. Muchas gracias a todos de verdad.

Este semestre fue un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde todos aprendimos un poco de una situación totalmente nueva.

Por mi parte me doy por bien servido al ver que la metodología de casos tiene sus efectos positivos en mis estudiantes, en su análisis y su reflexión. No quiero que mis estudiantes memoricen, sino que analicen y argumenten, y ello lo veo en cada uno de ustedes, cuando comparo las primeras clases con las últimas: crecen en sus habilidades para analizar y argumentar.

Ver un análisis de un caso por mis estudiantes es verdaderamente enriquecedor, y verlos cómo crecen en la argumentación me deja complacido y me llena de orgullo.

Estoy muy contento por los resultados que ustedes dan en los casos y en los juicios simulados, pues espero que desarrollen sus competencias al máximo y sepan analizar un caso, sostener una tesis, y sobre todo, que no se queden callados cuando les toque actuar como abogados y proteger los derechos, que todos nosotros estamos obligados a defender.

Sigan creciendo, nunca den un solo argumento, den varios, porque así le hacen más difícil la tarea al oponente.

Muchas gracias, y en mi tendrán siempre a un amigo con el que podrán hablar.

Atte,

Jorge Arturo Abello Gual
Su profesor.

martes, 19 de mayo de 2020

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA Y EL COVID 19


ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA Y EL COVID 19



Este es un análisis realizado por los estudiantes del Consultorio jurídico de la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla, en la cual se hacen tres ensayos críticos sobre la difícil situación carcelaria en Colombia, y en especial, se trata el tema complejo de los derechos de los reclusos, y las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Iván Duque para tratar de sobrellevar la pandemia del Covid 19 en las cárceles del país.

El trabajo se dividió en dos partes, en la primera, se elaboraron unos videos introductorios al tema, y la segunda parte, contiene tres ensayos críticos realizados por los estudiantes: María José Duque, Oscar Fernández, Antuaneth Alarcón, Claudia Gómez, Laura Cervantes y Zanya Pineda.


1. VIDEOS:


CORONAVIRUS EN LAS CÁRCELES ¿SENTENCIA DE MUERTE?

https://www.youtube.com/watch?v=OGLSIX15y1c

POLITICA CRIMINAL Y POLÍTICA CARCELARIA EN COLOMBIA

https://www.youtube.com/watch?v=FVrJcLKdWWY
Por: Jorge Arturo Abello Gual.

INTRODUCTORIO DEL TEMA: LA POLITICA CARCELARIA Y EL COVID 19

https://www.youtube.com/watch?v=1njdS3NnaQA&t=11s
Por: Jorge Arturo Abello Gual.

CONTRA EL COVID Y EL HACINAMIENTO CARCELARIO

https://www.youtube.com/watch?v=GQEJyUZCX40
Por Claudia Gómez y Antuaneth Alarcón

HACINAMIENTO CARCELARIO Y EL COVID 19
https://www.youtube.com/watch?v=Resi1z1Pd3o&feature=youtu.be
Por María José Duque


3.  EL HACINAMIENTO CARCELARIO Y LA PANDEMIA DEL COVID 19, UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PENA.


Por: Laura Cervantes Jiménez y Zanya Pineda Molina.

En el presente ensayo vamos a analizar y reflexionar sobre la situación de salud que enfrentamos hoy en día, como lo es la pandemia del Covid – 19, esto dirigido a la situación de hacinamiento carcelario que enfrenta nuestro país. Es decir, como este virus agrava la situación de los prisioneros en las cárceles del país, para el cumplimiento de la pena.

En primera medida, vamos a hablar sobre el hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia.
“Según las últimas cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), existen 124.188 personas que están en condición de intramuros, pero según la capacidad que tienen las 132 instalaciones en el país, solo hay espacio para 80.156 reclusos, por lo que hay una sobrepoblación de 44.032. Las cifras han venido aumentando debido a que en el 2019 había 123.802 privados de la libertad y en 2018 la cifra era de 118.513.” [1](Rojas, D. 2020).

Según cifras del INPEC, el hacinamiento carcelario ha aumentado alrededor de un 54%. Esta crisis se viene presentando muchos años atrás, donde incluso se están violando derechos fundamentales como la honra, la vida digna, al no trato cruel e inhumano, a la salud, a la integridad, entre otros. Las condiciones de estas personas son precarias, pues tienen problemas de salud, alimentación, desarrollo de sus trabajos, falta de medidas sanitarias, etc. Además de la gran crítica que tiene la política criminal del país, pues la idea de “resocialización” a los reclusos ha sido poco viable y aplicable y los niveles de conductas punibles por parte de la sociedad no ha sido controlada. Incluso, una sentencia de la Corte Constitucional declaró esta situación como “estado de cosas inconstitucionales”, por motivo de corrupción, extorsión, violación a derechos fundamentales y la falla en la política criminal.

Con base en la situación de salud pública actual y con respecto a este tema de hacinamiento, el Estado ha tomado varias decisiones y medidas para con los centros penitenciarios y sus reclusos. Por medio de la expedición de decretos como el Decreto 546 del 14 de abril de 2020. Este decreto tiene como fin conceder el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de detención preventiva en los lugares de residencia de los reclusos que se encuentran en centros carcelarios, es decir, ejecutar medida privativa de la libertad domiciliaria. Este decreto también regula los casos o situaciones que deben presentar estos reclusos para optar por esta medida, los cuales hacen alusión a tener enfermedades complejas que hacen vulnerable a las personas, como algún tipo de cáncer, VIH, diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades huérfanas, entre otras, teniendo en cuenta su historia clínica; aquellos reclusos mayores de 60 años; aquellas personas que por determinación médica tengan alguna discapacidad que les impida movilizarse; las personas condenadas o con medida de aseguramiento de detención preventiva, que se encontraran el centros carcelarios y penitenciarios por delitos culposos podrán optar por esta medida; las personas con penas privativas de la libertad de cinco (5) años; las personas que hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) de su pena privativa de la libertad en centros penitenciarios. Las personas que fueron diagnosticadas con el virus Covid – 19 en los centros carcelarios y penitenciarios, según disposición médica, se deberá evaluar qué lugar es adecuado para realizar el respectivo tratamiento.

También se debe tener en cuenta que, como requisito, los reclusos no deben incurrir en la lista de delitos que se establece en el artículo seis de este decreto. Estos delitos por su esencia son de gran riesgo para la sociedad, algunos de ellos son genocidio, homicidio (en varias modalidades), feminicidio, lesiones personales con pérdida funcional de un órgano o miembro agravados, lesiones causadas con agentes químicos, ácidos o sustancias similares, secuestro (en varias modalidades), desplazamiento forzado, constreñimiento ilegal por parte de Grupos Armados o Grupos Delictivos Organizados, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de niños, niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar, hurto (en varias modalidades), extorsión, contrabando (en varias modalidades), terrorismo (en varias modalidades), fabricación tráfico porte o tenencia de arma de fuego, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, peculado, cohecho (en varias modalidades), soborno (en varias modalidades), espionaje, rebelión, etc. Cabe aclarar que, si los reclusos están cumpliendo penas privativas de la libertad en centros carcelarios por los delitos nombrados anteriormente, no podrán optar por cumplir tal pena en su lugar de residencia. Esta medida tendrá vigencia bajo el término de seis (6) meses.

En este mismo decreto también se contemplan los procedimientos que se deben seguir para solicitar la aplicación de esta medida, si el recluso está en detención preventiva o si está en prisión; las formas en cómo las entidades públicas, ya sea Ministerio de Justicia y Derecho, por medio del INPEC y la USPEC y jueces de conocimiento y de control de garantías van a coordinar la aplicación de esta medida; y otras facultades otorgadas a las entidades públicas encargadas del caso.

Ahora bien, si relacionamos estos dos importantes temas actuales y preocupantes para la sociedad, podríamos observar de dos formas. La primera, en una óptica desfavorable para la comunidad parte de que si estos reclusos que se les permita cumplir su pena privativa de forma domiciliaria, podrían violar las medidas como reclusos y como ciudadanos frente al Covid, y delinquir realizando conductas del mismo delito por el cual fueron condenados u otros delitos, es decir, cumpliendo su pena desde sus lugares de residencia podrían estar más propensos a cometer actividades delictivas, poniéndose en riesgo a ellos mismos, a sus cercanos e incluso a la comunidad. Sin embargo, también hay que analizar la segunda perspectiva, que es un poco más favorable para las personas reclusas, pues en estos centros carcelarios podrían estar propensos a adquirir este virus y estar en riesgo de muerte. Y no solo podrían correr este riesgo por el simple contagio de Covid – 19, sino también por las pobres e insuficientes condiciones de las cárceles y de las condiciones en las que se encuentran los mismos reclutas en estos centros. En esta medida, podríamos analizar que este es un buen momento para el gobierno, para replantear sus políticas criminales con respecto a los centros carcelarios, pues esta situación solo es una “gran lámpara” que ilumina la gran crisis que sufre sistema penal. Esta es una oportunidad para tomar mejores medidas, y no es solo pensar que la construcción de cárceles o la inexistencia de estas son la solución; consideramos que se debe partir de la concientización social de no realizar conductas delictivas, pues si realmente se trabaja este tema en la sociedad, el problema carcelario podría ser resolverse como consecuencia positiva de esta medida. Con respecto a las penas impuestas, si bien es cierto para algunos estas penas no son suficiente castigo para los delincuentes, y no es para menos si hablamos de delitos como feminicidio o delitos contra menores, otros dicen que las duras penas no son la solución. Nosotras tenemos un punto medio: lo importante es atacar a la conciencia social, buscar estrategias públicas para que las personas no sigan delinquiendo, de ahí que la persona que delinque sea porque le place y no “por necesidad”, por ejemplo. Solo en ese caso, consideramos que las penas deben ser severas, pues son personas que quieren ocasionar daños a la sociedad. También se debe analizar el tema de la resocialización del condenado, pues la idea es que las personas no sigan delinquiendo una vez salgan de cumplir su pena, sino que hayan aprendido la lección y busquen retomar su vida con un nuevo comienzo.

Encontramos entonces que el Derecho Penal, a voces del humanismo que se pregona con la implementación del nuevo decreto, nos remite a los siglos XVII a XIX, donde unos de los grandes expositores de este nuevo movimiento fueron Bohmer, Montesquieu, Rousseau, Beccaria, entre otros, y justamente de este último debemos detenernos para realizar un análisis del sistema penal de nuestros tiempos con ideas que se exponen en siglos atrás.

Un vistazo al libro “Los delitos y las penas” nos muestra ese conjunto de normas que regulan una serie de comportamientos o hechos a los cuales se les debe imponer una sanción y lo caracteriza como fragmentario, liberal, judicial y garantista; cuando nos habla de las funciones de las penas nos coloca dos paralelos, uno es el justificacionismo y por otro lado el abolicionismo. El primero de ellos justifica la existencia de las penas y el último, hace una crítica a la existencia de las penas, interesante porque analiza algunos problemas sociales, como es el odio que genera a la sociedad, el rechazo en temas laborales y conformación de bandas criminales, es así como un recluso que haya incurrido en un tipo penal culposo, materialmente no tenía la voluntad de cometer el hecho que lo tiene en prisión, pasa algún tiempo con medida intramural y el resultado es un individuo con doctorado en asuntos delictivos, y es su mismo entorno por un periodo prolongado quien le da la experticia en otros campos antijurídicos que antes de encontrarse en esa posición desconocía completamente.

Por consiguiente, al aumentar las penas encontramos que se dispara la rentabilidad para los delincuentes, y ese ha sido el enfrentamiento más discutido en todos los tiempos, penas VS incremento del delito, porque a partir del siglo XIX se comienza a ver como se incrementaron la penas, tanto así como nuestro anterior código penal, al que tenemos en vigencia, aumentaron delitos y en general aumentaron las penas, así mismo nacen y se organizan grupos criminales como bandas, dado a la rentabilidad que les producía delinquir, y el fin último de la disminución de los delitos no se materializa.

El análisis que se quiere aplicar en este punto de nuestra historia es el que por años el autor mencionado ha hecho énfasis: aumentar las penas lo que busca es aumentar la economía delincuencial, aumenta la sed de ese homicida o violador por cometer el hecho, y es algo ilógico pero eso mismo es la psiquis de quien comete el delito, es así como por un homicidio antes le pagaban quinientos mil pesos, ahora por la pena aumentar, el mismo delincuente subirá la tarifa a un millón y más personas se suman a este que para ellos es un negocio, ahora bien, las personas que son condenadas por narcotráfico, su objeto social era este, lavado de activos entre otros, pero esta persona solo dirige, quizás materialmente no ha llegado ni a lesionar a otro individuo, que peligro puede ser para la sociedad, nuestros mandatarios no se han dedicado analizar a fondo cada conducta, y la peligrosidad de a quien condenan.

La psicología criminal estudia las conductas delictivas, los tipos de delincuentes y el fenómeno de la delincuencia en el ámbito de la sociedad, si lo unimos con una política criminal efectiva, el resultado debe la eficacia de las penas, en Colombia encontramos escuelas criminales, donde en lugar de disminuir la agresividad, concientizar al individuo del hecho dañino, aumentar sus relaciones interpersonales, lo que vemos en la realidad es tratos inhumanos, hacinamiento, desnutrición, la palabra miserable se queda un poco corta, al encontrarnos con la cruda realidad que sin olvidar que son personas, viven dentro de una celda diminuta, sin las condiciones necesarias; un derecho fundamental es la libertad, y estos seres humanos ya no cuentan con este privilegio que nos otorga un estado social de derecho.

En conclusión, consideramos que esta pandemia sólo vislumbra una vez más un problema de muchos años, que debe aprovechar el gobierno para, entre otras cosas no menos importantes, reconocer y estudiar formas, métodos, mecanismos o estrategias para mitigar esta crisis carcelaria, también para establecer estrategias para tratar de acabar con los altos niveles de delincuencia, mejorar estrategias para la resocialización, en teoría, que el estado establezca una respuesta asertiva a las condiciones que se están materializando y las consecuencias de las políticas criminales ya adoptadas, es así como una recolección de datos en la aplicación de cada política aplicada por el Estado en consecuencia a las nuevas necesidades y los resultados que estas han arrojado, es cierto que lo que se busca es la garantía y protección de los intereses esenciales del consolidado, pero hay que avanzar con las nuevas tendencias que arroja el mundo en cuanto a la racionalización de la pena que son teorías antiquísimas y que los efectivos resultados los vemos en países europeos como España.



4.  CRISIS DE LAS PENAS

Por: Claudia Gómez y Antuaneth Alarcón

Es muy acertado cuando se dice que el estudio sobre los fines de la pena, la aplicación y su efectividad son unos de los temas más estudiados en el ámbito penal, ciertamente esto se da gracias a que existe una incongruencia entre la teoría y la aplicación de la doctrina, las leyes y la realidad de lo que se vive frente a la pena. En países como Colombia la pena no cumple sus funciones como la resocialización o la no reincidencia, sumándole a esto, las precarias e inhumanas condiciones por las que tiene que pasar en reo en las cárceles. Una vez escuche mencionar que 10 años en una cárcel colombiana, equivale a 20 años en una prisión de otro país. Una fuerte declaración, pero muy cierta, dado que, las personas que ingresan a los centros penitenciarios se enfrentan a una falta y garantía total de sus derechos fundamentales, incluso como reos.

La realidad  nos deja ver que es necesario que se replantee el sistema que tenemos, considerando un estudio del sistema completo, que va desde la dogmática penal hasta el procedimiento penal; una reconsideración muy válida frente la eficacia ,ya que, los años y las estadísticas nos muestra que los fines de la pena no están siendo cumplidos o mediamente cumplidos  y que se está deshumanizando al reo por las aflicciones que le generan el estar privado de la libertad en condiciones que no son ni contemplados en muchos casos por los mismo doctrinantes sobre el tema.

La historia nos muestra que como seres humanos siempre hemos sido tendientes a la aplicación de castigos por los comportamientos tenidos, hoy llamados delitos, desde la ley del talión hasta nuestros días. Pero, debemos hacernos una pregunta importante, ¿Qué tan despiadadas, oportunas y eficaces han sido las penas que se han impuesto a través de la historia?, doctrinantes como Ferrajoli (2005), afirma que las penas aplicadas han sido más numerosas y feroces que la violencia que les ha producido el delito. Si es cierto que esta percepción ha cambiado a través del tiempo, hoy no vemos la tortura como ocurrió en la edad media, no se ve la pena de muerte o la crucifixión romana, no se habla de castigos corporales como el corte de algún miembro del cuerpo, incluso, en algunos momentos de la historia las sanciones eran aplicadas según el estatus y la solvencia económica de la persona. Por lo anterior, es posible afirmar que el sistema penal iba ligado con el pensamiento que más afín en ese momento determinaba la historia, otro ejemplo de esto, es cuando se produce en Europa el renacimiento bien conocido como al “era de las luces” en donde la cumbre era el pensamiento racional y se buscó en ese momento que se humanizaran las penas.

Con el nacimiento del Estado de derecho aparece el principio de legalidad, la primacía de la ley como principio fundamental en el Estado, aquí, se da la configuración de la escala de las penas, se distinguen los delitos y se actúa bajo la premisa de que las penas en tiempo debían ir acorde a los delitos cometidos. Pero, con el surgimiento de la edad moderna se busca eliminar del derecho penal las aflicciones para privar al reo de ciertos derechos contemplados en la ley. Una concepción que en la realidad ha sido muy desfavorable para el reo porque, en la imposición de la pena, no se garantizan sus derechos, incluso derechos personalísimos dadas las condiciones por las que el reo va a vivir en la cárcel ya que, la pena por excelencia es la que priva de la libertad a la persona. 

En Colombia cuando se ha intentado hacer cambios en el sistema en pro de los reos y sus derechos- uno de ellos el debido proceso dado que no tenían condena determinada- los medios de comunicación han sido un problema porque, los colombianos asimilamos la seguridad con la encarcelación de las personas que cometen actos delictivos. Los medios socializan de manera negativo este tipo de cosas que son y van completamente acorde al sistema penal; en este punto, creo fielmente que le se le debe exigir cierta responsabilidad a los medios de comunicación frente a temas que hablan sin pleno conocimiento, ya que, los medios hoy en día muestran una forma de ver el mundo y nunca falta la persona que les cree todo lo que dicen, publican o escriben.

Una máxima frente al tema de la crisis carcelaria en Colombia es que se debe resolver, se deben buscar alternativas más allá de que sean innovadoras, tienen que ser posibles, licitas y reales, sin dejar de lado el trabajo en la conciencia colectiva de las personas sobre la concepción que todo se soluciona enviando a una persona que comete un delito a la cárcel. Se debe abrir el catálogo de delitos tipificados en el código penal y ver cuál de ellos en lugar de la medida de aseguramiento se le puede dar una sanción económica, muchos doctrinantes no están de acuerdo con esto, pero la realidad es que duele y confronta cuando una acción hace que se toque el bolsillo. Otra opción posible y licita es mirar que conductas pueden ser resueltas por medio de los mecanismos alternos de solución de conflictos muy regladamente vale aclarar.

Si estas iniciativas son llevadas a la realidad estaríamos contribuyendo a la disminución de la sobrepoblación carcelaria ya que, en Colombia esta cifra de hacinamiento carcelario real según el INPEC equivale a un 53%;  y a la constitucionalización del derecho penal en Colombia. La Corte Constitucional menciono en la Sentencia T-153 de 1998 que la situación carcelaria era completamente inconstitucional y es claro que si la Corte decidiera nuevamente evaluar este tema 22 años después se pronunciaría de la misma manera e incluso, ampliara la gama de la violación de los derechos fundamentales. Una precisión sobre el tema es que las penas privativas de la libertad no se van a acabar, son necesarias, pero, si pueden disminuir el ingreso por delitos menos graves que hoy en día son encarcelables.

Decreto 546 del 14 de Abril

El Estado ha tomado una serie de medidas que contribuyan al aislamiento social para evitar el contagio del coronavirus; no obstante el hacinamiento carcelario es un fenómeno que de entrada contrarresta con el impacto negativo de la pandemia del COVID-19; por esto el Decreto 546 de 2020 dispone una serie de normas relativas a la descongestión de los establecimientos penicitarios y carcelarios, a través de la excarcelación con el fin de reducir el riesgo de la propagación del coronavirus de los internos en prisión y no se encuentren tan expuestos en zona de peligro. Es importante tener en cuenta que uno de los fines de la pena es proteger y velar por la garantía de los derechos fundamentales del reo, su vida y su salud, por tanto el Estado debe tener control sobre las personas privadas de libertad.

La norma especificó los beneficiarios y el respectivo proceso de excarcelación. Dichas medidas son relativas a la detención preventiva (medidas de aseguramiento) y prisión domiciliaria (personas condenadas a penas privativas de libertad). Los beneficiarios son:

a) Condenados a penas privativas de la libertad de hasta cinco años de prisión.
b) Quienes hayan cumplido el 40 % la pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, atendidas las respectivas redenciones a que se tiene derecho.
c) Personas que hayan cumplido 60 años de edad.
d) Personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos.
e) Personas con enfermedad (es) que afecte o ponga en peligro su vida y su salud, tales como Diabetes, enfermedad renal, hepatitis, artritis, hemofilia, cáncer, VIH, enfermedades autoinmunes, etc.
f) Madre gestante o con hijo menor de tres años de edad dentro de los establecimientos penitenciarios.
g) Personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada.

En cuanto al procedimiento para condenados y para los que se encuentran bajo medida de aseguramiento el Inpec se encargará de velar por el cumplimiento de los requisitos y remitirá esas personas a los juzgados de ejecución de penas (juez competente) y el juez respectivo ordenará la prisión domiciliaria transitoria, no sin antes haber solicitado a la Fiscalía los datos particulares de cada persona y los documentos que considere necesarios. El Inpec por su parte se encargará de llevar el listado con los nombres de las personas, el cómputo de la pena, los certificados médicos y otorgarlo al juez dentro de un plazo máximo de cinco días. Las audiencias no serán públicas y a su vez son susceptibles de recurso las respectivas actuaciones judiciales del juez. Para los diagnosticados en las cárceles o establecimientos penitenciarios con Covis-19, el Inpec se encargará de trasladarlos a las instituciones de salud para darle el respectivo tratamiento a la enfermedad.

Los delitos que quedan excluidos de excarcelación con sus respectivas modalidades, agravantes y atenuantes son: los relativos al genocidio, al homicidio, desaparición forzada, feminicidio, lesiones personales, el secuestro, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, constreñimiento ilegal por parte de miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, tráfico de niños, niñas y adolescentes, hurto calificado, uso de menores de edad para comisión de delitos, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, contrabando, terrorismo, concierto para delinquir, asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, relativos a la fabricación y porte de sustancias peligrosas, alucinógenas, armas, minas antipersonal, corrupción de alimentos y medicamentos, peculado, concusión y cohecho, violación al régimen de compatibilidades e inhabilidades, enriquecimiento ilícito, sobornos. Si la persona fue condenada bajo modalidad dolosa dentro de los 5 años anteriores no gozará del beneficio de prisión domiciliaria.


Luego de tener clara la historia, el procedimiento penal colombiano, las medidas que son representativas en nuestro derecho penal interno y la crisis que estamos viviendo por parte de la pandemia mundial hemos llegado a conclusiones que deben ser exteriorizadas pues, muestran la necesidad de buscar soluciones viables en medio de estas dificultades. Consideramos que el gobierno nacional no ha tomado medidas que resuelvan la problemática del hacinamiento carcelario en medio del Covid-19 por tres motivos: el primero de ellos, es que el decreto presidencial no busca dignificar los establecimientos carcelarios. El segundo, es que las medidas de excarcelación no son lo necesariamente flexibles y conexas con la emergencia sanitaria que se vive en el país. Y, por último, equivale al problema que no es generado en su totalidad por la pandemia, sino que, es un problema forjado por el sistema penal per sé, y es el incumplimiento de los principios de necesidad, debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad, que aplicados en contenido y alcance evitarían el hacinamiento que hoy se vive. El gobierno no ha tenido en cuenta que indiscutiblemente unas medidas adecuadas en las cárceles no acaban ni evitan el problema, pero si lo reducen, por tanto consideramos que también es de suma importancia reconocer el papel de otras medidas que en esta época pueden ser protagonistas tales como la libertad condicionada y la vigilancia electrónica, que permitan cumplir con los principios de la pena, sus funciones y lo más importante en estos momento; enfrentar y sobrellevar la crisis que vivimos.  

5. EL HACINAMIENTO CARCELARIO Y LA PANDEMIA DEL COVID19, UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PENA

Por: María José Duque y Oscar Fernández

El presente ensayo, analiza un tema derivado de la crisis sanitaria generada por el COVID19 en Colombia, específicamente en la población carcelaria, la cual ha sido una de las más frágiles y débiles ante una eventual infección colectiva debido al hacinamiento elevado y las condiciones precarias en las que pagan sus condenas penales.

Un antecedente importante a desatacar en el escrito, es que desde hace años son diversas las variables asociadas a los errores que se cometen en el sistema penal y penitenciario Colombiano, que bajo una arista de la excesiva aplicabilidad del sistema retributivo y punitivo, la intención más evidente es hacer pagar los delitos sólo con cárcel, lo que ha generado un aumento exponencial de presos en las cárceles, reflejados en hacinamiento alto (videos observados), baja condición de vida, nula resocialización y lo más paradójico un sistema penal estático que no se adapta a la realidad que otras naciones de mundo ya aplican con la despenalización de ciertos delitos.

Bajo el contexto anterior, la tesis argumentativa que planteó es que “El sistema penal colombiano es errático en cuanto a las penas de la mano con la cárcel como único método de penalización, dado que muchos delitos se les podría dar otro tratamiento, a su vez el sistema penitenciario es corrupto, débil y las políticas de resocialización no son tenidas en cuenta, lo que genera un caos del sistema en doble vía, por que por un lado las cárceles se llenan cada vez más, el que entra está diseñado para no salir y por otro lado se crean leyes con sanciones penales más altas, en consecuencia seguirá el desequilibrio en las cárceles mientras no se plantean mejores alternativas. “El Covid19 forjo a tener una visión más aguda del problema”.

En consecuencia de lo anterior debe generarse  la búsqueda de un mayor equilibrio en las penas del sistema penal colombiano; el efecto de políticas erradas del sistema penitenciario es evidente en las cárceles, se supone que con leyes como la de Justicia y Equilibrio en las penas, se lograría mucho, pero en realidad los resultados demuestran que la resocialización es baja y ello demuestra lo equivocado del sistema de negociación, es decir, deberían entrar todos los actores en la misma, pero no ocurre así, luego allí es donde se concentra la dificultad de la misma, la coyuntura es que son muchos los actores y las acciones no son definitivas.

Así la tarea debería ser la de revisar los avances del actual proceso de equilibrio en las penas tienen que pasar por la política, incluso se ha especulado respecto de hacer un juicio político a quienes lo han promovido, sin embargo, el equilibrio en las penas es un anhelo de todo mandatario, todos desean lograr la gloria y pasar a la historia, pero para que ello sucede la política en general deberá ajustarse a la realidad que se enfrente.

La política ha dividido más al país en vez de unificarlo en el actual proceso de equilibrio en las penas, en el actual sistema los internos  (presos) conviven en condiciones de sobrepoblación carcelaria, sin condiciones dignas de vida, poco acceso a la salud, educación y sumados en un abandono estatal comprobable, en sí, se les presentan problemas complejos, relacionados con su vida misma, complejidades en sus vínculos de amistad o afectivos con sus familias, compañeros de celdas, guardias, sociedad en general,  que hacen de su vida una constante desesperanza y desmotivación generalizada. Muchos internos no son visitados por su familia o poseen problemas con las mismas, son aislados sociablemente, generando en ellos, una distancia considerable hacia un proceso de regeneración social, humana y familiar.

Destaco los siguientes argumentos para soportar la tesis argumentativa anterior:

·         La política criminal no es eficaz y no es adecuado al entorno del país; en esencia existe un desborde en la capacidad de las cárceles, todas están sobre pobladas, con condiciones inhumanas que distan de generar garantías dentro de un Estado Social de Derecho. El actual sistema retributivo y punitivo es errado, pues a un delito se retribuye una pena, ello genera una mayor estadística de las personas que ingresan a las cárceles.

·         La resocialización es nula, allí está la gran falla del sistema penal colombiano, sumado a ello la capacidad de inversión del Estado Colombiano es poco. Estadísticamente entra más que los que salen, el que entra quizá está diseñado para que se quede siempre. En síntesis, los condenados están a la de Dios, no basta con estar en condiciones infrahumanas o a merced del Covid19, sino que la espera a la mejora del sistema penal y penitenciario, parecen un sofisma de largo plazo.

·         El Decreto 546 de 2020 por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la  medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, quedo corto y su alcance se dio por la pandemia (ironía jurídica), este decreto en realidad debió expedirse desde hace años, dado que la política penitenciaria es errada de la mano con el enfoque del sistema retributivo y punitivo vigente en Colombia. Luego, la pandemia llega a obligar a una solución idónea, retando al Estado Colombiano a replantear el actual sistema de penas que sólo suma  más y más personas, generando violaciones en los derechos fundamentales de los sindicados además de no ser efectiva la resocialización de los sindicados.

·         El aumento de penas no ha servido para lograr reducción de los delitos, ello genera es que la política criminal sea desacertada, dado que la cárcel es el castigo imborrable, pero que se deben plantear mejores garantías de los derechos fundamentales.

Un aspecto para tener en cuenta y que trabaja en línea con los argumentos anteriores es que en la actualidad se debe aplicar un modelo teórico en lo penal que aplique y redunde en beneficios para todo el sistema carcelario y la política del Estado Colombiano al respecto, se debe buscar una reducción de penas que no sólo estén motivadas por pandemias, y así lograr ese efecto deseado de reducción de hacinamientos en la mayoría de las cárceles colombianas.

En consecuencia, las penas deben ser revaluadas, construir equilibrio en las mismas juega un papel vital en la actual coyuntura socio económica y carcelaria, máxime porque los actores (la sociedad colombiana, sindicados, delincuencia común, sociedad civil, Estado) interactúan entre sí y los reclusos también hacen parte de esta problemática sin resolver. Bajo esa perspectiva es innegable que urge construir equilibrio en las penas en las cárceles de Colombia, pues sin ello, no se lograría el efecto social deseado y nunca se resocializaría un interno, situación que no se desea por parte del Gobierno central. La tarea de construir equilibrio en las penas en las cárceles no es fácil, sobre todo cuando existen mafias y grupos contrarios en ellas.

Es decir, las estrategias de búsqueda de equilibrio en las penas en toda Colombia se han planteado, pero quizás ninguna es efectiva ante la complejidad del problema, pero construir equilibrio en las penas en las cárceles es vital en la solución. El aumento de internos en las cárceles en los últimos años ha generado más violencia dentro de las mismas, la guerra se traslada a estos lugares.
Se podría concluir lo siguiente:

La Pandemia del Covid19, exhibe y ratifica una problemática compleja que venía desde hace décadas, el hacinamiento es alto, no se le han generado soluciones de fondo, pero lo más paradójico es que incluso ni las pandemias sanitarias son ajenas a los mismos, obligando una política de salud pública a influir en una de la pertinencia del derecho penal, la casa o un recinto por cárcel no es la solución a mediano plazo, se corren muchos riesgos desde la perspectiva que se vuelva a delinquir.

            El modelo de la justicia restaurativa es parte de la solución, aunque genera problema en países como Colombia, donde quizá se concibe que ya nadie se regenera (Error en el modelo carcelario).

            El Ministerio de Justicia entra en una encrucijada compleja, casos como la cárcel de Villavicencio con casi más de 100 contagiados por Covid19, evidencia que el sistema penitenciario es débil, que los controles no son los adecuados, de la mano que los proyectos de mejora y reforma al sistema, deben ser reajustados a las potenciales futuras pandemias que han de venir.

Las penas aplicadas mediante el actual sistema penal colombiano, generan una reflexión más de fondo, dado que quizá estas deberían ser reevaluadas, es decir, habrá alguna tipología de las mismas que quizá no necesiten que los sindicados estén en cárceles, en el devenir de la praxis del derecho y expertos juristas penales afirman que en Colombia algunos casos las penas son objetivas, razonables al delito penal; pero en otros casos muy subjetivas y fuera del ordenamiento penal colombiano, es decir se deben replantear las penas en general y reordenar el sistema penal actual.

El anterior estudio del sistema carcelario en Colombia nos lleva a tres conclusiones primordiales, la primera en Colombia la cárcel no debería el medio de castigo para todo delito ya que esta no soluciona el problema que la comisión del delito género, la segunda que la cárcel no previene la comisión de delitos en un futuro por parte de los delincuentes ya que no se les limita las herramientas que tiene en su poder para cometer delitos en un futuro, y la tercera es que el sistema carcelario no tiene la capacidad física para llevar a cabo todas la condenas privativas de la libertad que se dictan en Colombia lo que lleva a que este termine pagan un gran costo a causa de la mala ejecución de esta condenas y que no se logren los principios del sistema penal mismo.

REFERENCIAS

Abello Gual Jorge (2020). Política criminal y política carcelaria en Colombia. Video. YouTube. Disponible en la url https://youtu.be/FVrJcLKdWWY

Decreto 546 de 2020. Presidencia de la Republica. Bogotá (Colombia)
Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión y la detención domiciliarias transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19.

Pinzón Quevin (2020). Coronavirus en las cárceles... ¿sentencia de muerte? - Testigo Directo Caracol. Disponible en la url https://bit.ly/2Yjh2yP






[1] Rojas, D. (25 de marzo de 2020). “El hacinamiento en las cárceles colombianas sobrepasa 54,9% según estadísticas del Inpec”. Asuntos legales. Recuperado de https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-colombianas-sobrepasa-549-segun-estadisticas-del-inpec-2982618

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