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miércoles, 26 de octubre de 2016

RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE FIN DE AÑO.

Por: Jorge Arturo Abello Gual.

Uno de los grandes problemas del presupuesto público de un país, es su ejecución dentro del año de su respectiva vigencia. La regla presupuestal en el caso de los entes públicos es que se castiga a las entidades que no ejecutan su presupuesto dentro de la vigencia respectiva, por tanto, la administración pública premia el gasto, y castiga el ahorro de los recursos públicos.

Debido a esta lógica de las finanzas públicas, cuando las entidades estatales tienen inconvenientes para ejecutar su respectivo presupuesto en el transcurso del año lectivo, y si se llega a los tres últimos meses del año, donde los tiempos no alcanzan para estructurar ni abrir licitaciones públicas,  comienzan a presentarse todo tipo de irregularidades para tratar de ejecutar lo más que se pueda del presupuesto vigente, antes de que se pierdan los recursos para la respectiva entidad.

La Contraloría de Bogotá por ejemplo, advirtió que el bajo nivel de ejecución del presupuesto de administración del Alcalde Peñaloza, preocupa y es un alto riesgo de corrupción:

“Según los datos entregados a través de un informe, “transcurridos ocho de los 12 meses del año, en promedio solo el 46 % de los recursos han sido comprometidos (destinados a proyectos, iniciativas, etc) cuando en llegamos al 70 % del tiempo de la vigencia fiscal”, explicó Juan Carlos Granados, jefe de la entidad.

La lista negativa la encabeza la Secretaría de Hacienda, la cual solo ha ejecutado 26 % del presupuesto asignado para sus funciones, seguida por la Secretaría de Movilidad (34 %) y la Secretaría de Ambiente (35 %). Las entidades que relativamente han comprometido en mayor medida los recursos son: “la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con 66 %, la de Educación con 70 % y de Integración con 71,1 %”, dijo el contralor.

En llamado de atención fue en general para todas las entidades del Distrito, pues a pesar de que el Concejo aprobó un amplio presupuesto para la mayoría de ellas, algunas como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) solo han invertido 24,6 % del dinero. Otras empresas como TransMilenio también se quedaron cortas (41 %).

Las localidades que se rajaron por la baja distribución de la partida asignada para los Fondos de Desarrollo Local (FDL) son: Teusaquillo (23,3 %), Usaquén (38 %) y Bosa (39 %). Las que superaron por poco la mitad de lo entregado fueron: Kennedy (61 %), Candelaria (66 %) y Engativá (80 %).

“El estudio advierte en que en la medida en que avance el tiempo y no se ejecuten los recursos, la tendencia es ir a los convenios y a la contratación directa, obviando los procesos objetivos de licitación pública. Por eso hacemos el llamado para que la Administración tome los correctivos”, alertó Granados.”[1]

Por ser el primer año de gobierno del alcalde Peñaloza en Bogotá, es muy posible que la inexperiencia y los problemas de empalme con la anterior administración de Gustavo Petro, generen serios problemas para ejecutar los recursos del presupuesto del año 2016. Pero de seguro que habrá más de un alcalde o Gobernador que se encuentre en las mismas dificultades.

Ahora bien, la falta de ejecución en inversión pública coloca al alcalde Peñaloza en la cuerda floja respecto de su capacidad para la ejecución del plan de su  gobierno, lo cual afecta sin duda su imagen política. Igualmente la falta de inversión social y pública afecta la convivencia, la infraestructura, el crecimiento y el desarrollo de una ciudad.  

Ante semejante presión, los riesgos de corrupción son altos como lo señaló el Contralor de Bogotá, porque comienzan a realizarse contrataciones directas en bloques, a través de muchas fórmulas fraudulentas dirigidas a evadir los procesos de selección objetiva, es decir la licitación pública, la selección abreviada, o los procesos de mínima cuantía.

Las mayores prácticas corruptas de fin de año son:
   
   1)      Fraccionamiento de contratos: Una prestación de servicio que supera la cuantía estipulada para la contratación directa, es fraccionada en varios contratos, que les permiten realizar la contratación “a dedo”. Se trata del mismo objeto y de la misma prestación, solo que se adjudica directamente a una misma persona o a varias personas varios contratos, con lo cual se evade el principio de selección objetiva.
  
   2)     Los convenios interadministrativos: Se acude a la contratación directa con entidades públicas estatales, evadiendo de esta manera, los procesos de selección objetiva con particulares. El límite que tienen los entes públicos para suscribir los contratos interadministrativos, es que la entidad pública con la cual se suscriba, tenga dentro de su objeto social la actividad para la cual contratan. La figura permite celebrar los convenios interadministrativos con otras entidades públicas, que por regla general terminan subcontratando con otros que escogen “a dedo”, la prestación.
   
   3)      Emergencias manifiestas falsas: Para contratar directamente, se decretan estados de excepción inexistentes, o innecesarios para justificar procesos de contratación directa, permitiéndole al operador del gasto escoger nuevamente “a dedo”, al contratista que va a realizar la obra o labor.
    
   4)      También se realizan procesos de contratación sin la debida planificación y estudios de pertinencia, como le ocurrió a la señora Magda Lizzeth Rodríguez López, gerente de la Empresa Social del Estado ESE Hospital Santo Domingo Savio del municipio de El Playón (Santander):

“A la entonces gerente de la institución hospitalaria se le reprocha haber celebrado, presuntamente, el 2 de marzo de 2012, un contrato de compraventa con el representante legal de La Muela S.A.S., sin la realización de un estudio técnico que le permitiera planear estratégicamente la inversión de los recursos para asegurar el fortalecimiento en la prestación de los servicios de salud, pues ni la ESE pudo recibirlos ni el contratista instalarlos y ponerlos en funcionamiento, ante la carencia de un espacio apto para ello.

El objeto de este proceso contractual consistía en la adquisición de equipos médicos dentro de los cuales se relacionan: un equipo de rayos X digital y una planta eléctrica de control digital para el Hospital Santo Domingo Savio, por un valor que ascendió a $471.000.000 correspondientes al 35% del valor total del contrato suscrito.

Con este actuar, la investigada podría haber incurrido en falta disciplinaria por contrariar lo dispuesto en el principio de planeación regulado en el Acuerdo número 017 de 2010 en cuyo artículo 7° contempla los principios para la celebración de contratos y establece, entre otros, que para iniciar un proceso contractual se debe contar con los estudios previos, de conveniencia, oportunidad y especificaciones técnicas que permitan planear la inversión de los recursos asegurando su objeto y finalidad.

En esta etapa del proceso el ente de control calificó la falta de la señora Rodríguez López como gravísima cometida a título de culpa gravísima por la desatención elemental de velar por la utilización de los recursos financieros afectos al hospital, pues resultaba lógico que para recibir y poner en funcionamiento los equipos médicos comprados se requerían unas condiciones de infraestructura idóneas..."[2] 

   5)      En el mismo orden, se realizan contratos sin mediar estudios de conveniencia y viabilidad, solo por el mero fin de ejecutar lo que queda del presupuesto del fin de año. Por la premura de celebrar los contratos, se terminan realizando obras innecesarias o absurdas, como la repavimentación de una calle en perfecto estado.

   6)      También se presentan las adiciones a los precios de los contratos para evitar abrir nuevos procesos licitatorios, que incluso algunos por torpeza, se exceden de los topes del 50%. Es a través de las adiciones de los precios de los contratos donde se formulan los sobrecostos en la obra o trabajo.

   7)      También por esta época se presentan los contratos fantasmas, es decir, los contratos de prestación de servicios que nunca se prestan; los de los contratistas que cobran pero que no trabajan;  los contratos  suministros que nunca llegan, las compras con facturas, pero sin mercancías, como en efecto ocurrió por muchos años en la Guajira[3], y a cualquier época del año.

  8)      También llegan los contratos para las fiestas de fin de año de todas las entidades, donde los sobrecostos son evidentes, pero con lo que sobra del presupuesto se cubren con mucho disimulo en las celebraciones. Igualmente, debe incluirse el presupuesto para la decoración de navidad y las luces navideñas, donde sin duda cualquier árbol puede costar 20 millones, o un cohete puede costar 12 millones de pesos.

En fin, hay que compadecerse de los contadores y tesoreros de las entidades públicas que trabajan hasta finalizar el año, pues tienen muchos recursos que girar antes del 31 de diciembre, eso sí, todo tiene soportes, pero ninguno verificable en tan pocos días. Y lo peor de todo, cualquier problema que se presente, ya le quedó pendiente para el próximo año, así que el sentido de responsabilidad disminuye, pero sin duda girar recursos en un fin de año en una entidad pública es como un tiro al aire.

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[1]BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN BOGOTÁ, ADVIERTE CONTRALORÍA, en la siguiente página: http://www.redmasnoticias.com/portal/redmas/noticias/nacional/colombia/detalle/alcaldia-penalosa-bogota-535519/
[2] Ver: Procuraduría formuló cargos a gerente de ESE por suscribir, presuntamente, contrato de compraventa sin la realización de estudios técnicos. By: System Administrator on domingo, octubre: 9http://www.contratacionenlinea.co/index.php?action=view&id=2570&module=newsmodule&src=%40random50ff48e1e3fd3
[3] “La corrupción en La Guajira es sistémica”: Fiscal General.
By: System Administrator on jueves, octubre 20
"Imputadas cuarenta y una (41) personas, de estas 20 fueron capturadas y once (11) más serán acusadas.
En desarrollo del plan “Bolsillos de Cristal” impulsado por la Fiscalía General de la Nación para enfrentar la corrupción,  se han logrado los primeros resultados de la intervención integral en el departamento de La Guajira, donde resultan comprometidos funcionarios públicos, contratistas  y particulares.
El trabajo desarrollado por fiscales de direcciones nacionales y seccionales durante cerca de dos (2) meses, permitió descubrir irregularidades en procesos de contratación de programas sensibles para la comunidad, en diversas áreas: educación, acueductos, salud, atención a la primera infancia y diferentes obras civiles.
I.          Labor preventiva:
1.            En desarrollo de sus labores de investigación, la Fiscalía efectuó una auditoría integral sobre las cuentas bancarias del departamento, a partir del balance certificado a 31 de diciembre de 2015. Allí se advirtió en la cuenta de bancos una partida que correspondería a un establecimiento denominado “ajustes tesorales”, cuya valoración judicial concluyó con la identificación de cuentas bancarias y partidas a favor del departamento, no registradas en sus estados financieros, que dan lugar a compulsa de copias ante la Contraloría, debido a la inexistencia de ilícitos penales.
2.            Se obtuvo que la alcaldía de Riohacha y el contratista del Programa de Alimentación Escolar (PAE) regularizaran la entrega de todas las raciones contratadas a favor de los estudiantes. Cuando comenzó la investigación se estableció que los alumnos de las instituciones públicas de jornada única no recibían los alimentos convenidos, situación que se normalizó, a través de otrosí de fecha 19 de septiembre de 2016. La Fiscalía seguirá valorando el desarrollo de este contrato.
3.            Durante el proceso investigativo en el departamento de La Guajira la Fiscalía fue informada de un posible detrimento patrimonial con la realización de convenios interadministrativos entre la gobernación y alcaldes de quince (15) municipios, suscritos entre los meses de marzo a junio de 2016.
Se evidenció que los recursos por cerca de  veinte mil trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y tres mil cuarenta y seis pesos ($20.347.493.046), fueron girados con diversos objetos contractuales.
La Fiscalía realizó investigaciones en los municipios y estableció que los dineros aún estaban en las cuentas aperturadas por  las administraciones. Sobre la ejecución de estos convenios se ejercerá una labor de seguimiento.

 II.                 Resultados
Los primeros resultados de las diferentes investigaciones que se adelantan en La Guajira, permitieron descubrir una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del departamento  por los cuales se ha dispuesto la imputación de cargos a cuarenta y una (41) personas y  se avanza en la acusación de otras once (11).
 1.     ICBF
En este caso la Fiscalía investiga dos contratos por más de 3 mil 421 millones de pesos ($3.421.000.000), destinados para la atención integral de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres gestantes o lactantes, como resultado de lo cual se habría establecido un peculado del orden de mil cuatrocientos noventa y cinco  millones de pesos ($1.495.000.000), que equivalen a casi la mitad de los recursos de los dos convenios.
Se encontró que con facturas falsas  cobraron  de manera irregular más de quinientos millones de pesos ($500.000.000). Además, realizaron cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y se efectuó pagos a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.
Para desarrollar este proyecto el ICBF regional La Guajira contrató con la Asociación ASOMILENIO.
La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de catorce (14) personas, como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. A la fecha se han capturado doce (12) personas.
Entre ellas se encuentran el representante legal, el gerente  y trabajadores de la fundación, así como funcionarios del ICBF y proveedores.
2.     PLAN AGUAS:
La Fiscalía indaga sobre el Plan de Aguas de La Guajira, que incluye los acueductos de Camarones, Manaure y Uribia; Pondores; Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro.
Como resultado de la priorización se ha concluido la investigación del  denominado Acueducto Camarones.
En este caso la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción dispuso la imputación de cargos a once (11) personas, entre quienes se encuentran el entonces alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La Fiscalía detectó una serie de presuntas irregularidades en la  construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de Camarones (Riohacha), por un valor de doce mil ciento dos millones novecientos noventa mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($12.102.998.043).
Dentro de la investigación se evidenció que la inversión efectuada por la alcaldía no correspondía con las obras construidas y que el contratista subcontrató el total de la obra con terceros.
Aunque la obra fue terminada, a la fecha no se encuentra en funcionamiento, el agua no es apta para el consumo humano y al parecer se presentaron sobrecostos.
3.     LOS CONVENIOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
En este municipio la Fiscalía General de la Nación encontró serias irregularidades en el programa que se ejecutó en marzo y junio de 2011, con el propósito de  “reducir la mortalidad infantil”, a través de los convenios 008 y 041.
Estas inconsistencias se habrían presentado en una serie de convenios interadministrativos por un monto de dieciocho mil novecientos noventa millones de pesos ($18.990.000.000) en los que intervinieron la alcaldía del municipio de Albania, la Secretaría de Salud municipal y el hospital San Rafael de esta localidad.
Según las investigaciones, dentro de ese proceso contractual se desconocieron los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva; y sin haber realizado estudios previos técnicos y financieros que justificaran la necesidad específica de la contratación.
Entre las irregularidades detectadas está la contratación de 1.450 personas sin requisitos mínimos. La presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de sumas no canceladas a contratistas, inejecución de contratos, doble contratación en el programa de salud mental y diferencia de valores entre lo contratado y lo pagado a subcontratistas.
En este proceso la Fiscalía adelantará acusación contra once (11) personas y continúa las indagaciones respecto de otras.
4.     MEGACOLEGIOS (EDUCACIÓN):
En el año 2009 se contrató la construcción de cuarenta y dos (42) megacolegios por un valor de ciento cuarenta y nueve mil millones de pesos. ($149.000.000.000).
En este caso la Fiscalía encontró sobrecostos y facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento al departamento por cerca de veinte mil millones de pesos ($22.000.000.000).
Por estos hechos el ente acusador obtuvo nueve (9) órdenes de captura  (4  fueron materializadas y se hizo la respectiva imputación), y ha dispuesto la imputación a otras cinco (5) como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; uno de ellos el exgobernador de La Guajira, Jorge Luis Pérez Bernier (2008-2012).
5.     SALUD
La Fiscalía investiga la forma como a través de la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud, mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del FOSYGA.
En una primera fase de la investigación la Fiscalía obtuvo 4 órdenes de captura, ha hecho efectivas dos de ellas y procedió con la imputación, Asimismo, ha dispuesto la formulación de cargos en contra de siete (7) personas por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento público.
6.     JUSTICIA
La Fiscalía capturó dos (2) de sus funcionarios: una fiscal y un técnico investigador del CTI, luego de reunir elementos probatorios suficientes que los comprometen en los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos sucedieron en el municipio de Maicao y corresponden a conductas relacionadas con la exigencia de dinero para no adelantar trámites o denuncias propias de sus funciones.
 7.     CONTINUIDAD DE LAS INVESTIGACIONES
Al dar a conocer los primeros resultados en el día de hoy de las investigaciones en curso en el departamento de La Guajira, el Fiscal General de la Nación manifestó que “las primeras averiguaciones comprometen la responsabilidad de dirigentes públicos, empresarios, miembros de la comunidad Wayúu e inclusive funcionarios judiciales”, lo que pone de presente que la corrupción en este departamento “ha alcanzado un carácter sistémico, que obliga a las autoridades y a la propia ciudadanía a desarrollar las acciones necesarias para que La Guajira no termine siendo un caso de un departamento fallido”.
Martínez explicó que en el curso de la presente semana se formularán nuevas imputaciones y que las investigaciones sectoriales continuarán. Los resultados de las mismas se conocerán oportunamente.
III: “Bolsillos de Cristal” llegará a  Arauca y Sucre
El Fiscal Martínez manifestó que el programa de intervenciones judiciales contra la corrupción continuará en otras regiones del país e impartió instrucciones para que el programa “BOLSILLOS DE CRISTAL” se traslade en los próximos días a los departamentos de Sucre y Arauca".
Fuente: Fiscalía General de la Nación.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, “La corrupción en La Guajira es sistémica”: Fiscal General en la siguiente página web: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/imputadas-cuarenta-y-una-41-personas-de-estas-20-fueron-capturadas-once-11-mas-seran-acusadas/

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