LA INTERVENCION MILITAR DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL COMO FORMA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

En un debate abierto donde Amnistía Internacional expone su posición al respecto de estar o no de acuerdo, con las intervenciones extranjeras en las crisis humanitarias desatadas por conflictos armados, en su mayoría internos, como fueron los casos de Yugoslavia, de Ruanda, de Kosovo, o Chechenia, se planteó a su vez los pro y los contra  de  la  actitud  intervencionista,  y  de  la  actitud  pasiva  de  la  comunidad internacional frente a las crisis humanitarias.

Amnistía Internacional comenzó planteando su visión sobre la situación al respecto:

“Amnistía Internacional no se opone al uso de la fuerza: las leyes deben hacerse cumplir. Cuando la organización pide a los gobiernos que protejan a la gente de las violaciones de  derechos humanos y lleven a los perpetradores ante los tribunales, entiende que esto puede requerir el uso de la fuerza, incluso el uso de medios letales. Cuando nos dirigimos a aquellos que han recurrido a la lucha armada para conseguir sus objetivos, no les pedimos que depongan las armas sino que respeten los derechos básicos de los civiles y de sus oponentes. No nos oponemos a que se use la fuerza con el fin de obtener justicia. Lo que cuestionamos es si la justicia es la fuerza motriz en la toma de decisiones de la comunidad internacional.”[1]

Partiendo de esta posición bastante ecléctica, un poco inclinada hacia el lado de la intervención,  por estar conciente que para que una ley se cumpla es necesario que aquella este dotada de juridicidad o poder de coerción –elemento consustancial a lanorma- para que la sociedad tenga conciencia de que “la norma o se cumple o se hace  cumplir”.  Amnistía  Internacional  comenzó  a  citar  los  argumentos  de  los partidarios de la intervención:

“Los gobiernos que apoyan la intervención extranjera argumentan en términos de moralidad  y  de  valores  universales.  Bill  Clinton,  presidente  de  Estados  Unidos, justificó el bombardeo de Belgrado por parte de la OTAN argumentando que cerrar los ojos ante la limpieza étnica constituiría un «desastre moral y estratégico». Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, afirmó: «Ésta es una guerra justa, basada no en ambiciones territoriales  sino  en valores». El presidente francés Jacques Chirac calificó la intervención de «batalla  en defensa del imperio de la ley y la dignidad humana», y dijo: «Lo que está en juego  hoy  es la paz en nuestro suelo, la paz en Europa...».

Los partidarios de la intervención externa también citan el desarrollo del derecho internacional para respaldar sus argumentos. Aluden a la Carta de la onu, que permite al  Consejo de Seguridad adoptar medidas coercitivas, incluida la acción militar, si determina que existe una amenaza para «la paz y la seguridad internacionales».”[2]

Por  otro  lado,  los  argumentos  de  los  partidarios  a  la  no  intervención  son  los siguientes:

“Los gobiernos que se oponen a la intervención extranjera basan su postura en los principios de soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos de un Estado. La propia Carta de la onu dice: «Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados...».

China sostiene desde hace largo tiempo que los derechos humanos no deben estar sometidos al escrutinio internacional. «Nos oponemos categóricamente a cualquier acto de injerencia en los asuntos internos de otro país bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos», ha afirmado un portavoz del gobierno chino en respuesta a las críticas al historial de derechos humanos de China. Rusia afirma que el bombardeo de civiles en Chechenia es un asunto interno.

El presidente de Argelia y presidente de la Organización de la Unidad Africana, Abdelaziz  Buteflika,  ha  argumentado  de  forma  similar.  Comparó  la  intervención internacional  con  la  irrupción  en  la  casa  de  un  vecino  porque  un  niño  ha  sido

supuestamente golpeado por sus padres. ”[3]

Sin embargo, a pesar de los argumentos políticos de parte y parte, sus acciones no están tan acordes con aquellas posiciones. Por una parte los gobiernos que están de acuerdo  con  la   intervención,  son  muy  selectivos  en  formar  parte  en  dichas intervenciones, de lo cual se  presume que la regla de intervención en las crisis humanitarias  no  es  una  regla  general  que  ellos  aplican,  y  que  existen  ciertas preferencias políticas que distorsionan su posición al respecto.  Además, en ciertas ocasiones el apoyo político a determinado gobierno proveniente de los partidarios a la intervención, los hacen a veces muy flexibles en exigir el cumplimiento de las obligaciones de respeto por los derechos humanos. A continuación varios ejemplos citados por Amnistía internacional en el mismo debate:

“Si la motivación de los gobiernos es la protección de los valores universales, ¿por qué es  la comunidad internacional tan selectiva en sus acciones? La imposición de sanciones por parte de la onu a Libia e Irak, por ejemplo, contrasta absolutamente con la no imposición de  sanciones a Israel por negarse a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las  intervenciones en Kosovo y Timor Oriental invitan a la comparación con la inacción en relación con Chechenia o Ruanda. ”24

En el mismo sentido, esta dado que las intervenciones armadas también dependen en alto  grado  de  la  posibilidad  de  un  posible  triunfo  militar.  De  esta  manera,  se descartan las intervenciones militares de países con alto potencial militar como China o  Rusia,  en  donde  también  han  surgido  crisis  humanitarias,  o  en  casos  como intervenciones que no gozan del apoyo necesario y no obstante se hacen, como fue la campaña militar en Irak.

Así mismo, Amnistía Internacional también ha criticado la fundamentación de los países partidarios a la no intervención de la siguiente manera:

“La motivación  de  los  gobiernos  que se oponen a la intervención es igualmente discutible. Se oponen al uso de la fuerza para combatir los abusos masivos en otros países, pero no dudan en usar ilegítimamente la fuerza contra sus propios ciudadanos. La  soberanía  nacional  no  es  una  licencia  para  torturar,  encarcelar  y  matar.  La soberanía nacional fue  conquistada por personas que lucharon por la libertad y la liberación  nacional,  personas  que  no  se  sacrificaron  para  después  sucumbir  a  la

opresión y la violencia a manos de sus propios gobernantes.

Estos gobiernos argumentan que la intervención extranjera no es legítima, pero qué legitimidad tiene un gobierno cuyas credenciales democráticas no aprueban el examen del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «La voluntad del pueblo  es  la  base  de  la  autoridad  del  poder  público;  esta  voluntad  se  expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente...».

Estos gobiernos citan el derecho internacional para respaldar su postura, pero muchos de ellos  infringen las normas internacionales de derechos humanos abusando de su poder y cometiendo violaciones de derechos humanos. Usan la carta de la onu para justificar sus argumentos, pero se resisten al escrutinio de los órganos internacionales creados por la onu para promover y proteger los derechos humanos.”[4]

Por fuera, de la incoherencia que guardan los gobiernos entre sus posiciones políticas y sus actuaciones, se encuentran los pro y los contra que han tenido los  resultados de las  intervenciones  militares  en  diferentes  crisis  humanitarias.  A  menudo  se  ha argumentado  muy  bien  la  necesidad         de  intervenir  en  la  crisis  humanitaria  en determinado país que sufre un conflicto armado, y una vez terminada la campaña militar, los resultados obtenidos no son muy favorables aquí hay varios ejemplos de lo anterior:

“En Kosovo, seis meses después de las incursiones aéreas de la otan se cometían a diario actos violentos contra serbios, romaníes y activistas albaneses moderados. En diciembre de 1999, se recibieron informes de asesinatos, secuestros, ataques violentos, intimidación e incendios de viviendas en un número casi tan elevado como en junio, cuando las tropas de la  Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (kfor) fueron

desplegadas por primera vez. Unos 200.000 serbios de Kosovo habían sido expulsados de sus  hogares.  Casi  todos  los  serbios  y romaníes  estaban  viviendo  en  enclaves protegidos por las tropas de la kfor, y los serbios de Pristina y de otras comunidades mixtas necesitaban una escolta militar para salir de sus casas y llevar a cabo tareas diarias como comprar alimentos.

Siete años después de la intervención militar de la onu, Somalia no tiene gobierno ni poder judicial operativos. Los continuos combates, especialmente en el sur del país, pusieron en peligro la vida de cientos de miles de personas que ya estaban expuestas a morir de hambre. Las propias fuerzas de la onu enviadas para proteger los convoyes de ayuda humanitaria en un país asolado por la guerra civil y el hambre han cometido graves abusos contra los  derechos humanos. Sus fracasados intentos de detener al general Aideed, líder de uno de  los clanes, las desvió del aparente propósito de su misión,  y  mataron  y detuvieron  arbitrariamente  a  centenares  de  civiles  somalíes, incluidos niños.

Angola, donde la onu intervino en la década de los noventa, está de nuevo dominada por  un  conflicto  armado  a  gran  escala  que  se  está  cobrando  la  vida  de  civiles indefensos.  Algunos  son  víctimas  de  homicidios  deliberados  y  arbitrarios  como consecuencia  de   bombardeos  indiscriminados  de  ciudades.  Otros,  debido  a  la enfermedad y al hambre.  Según informes, al año pasado en las ciudades sitiadas la gente comía semillas, raíces, gatos y perros con el fin de sobrevivir.

Es evidente que la comunidad internacional no tiene la voluntad política de intervenir militarmente en todos los países en los que se están cometiendo abusos masivos contra los derechos humanos. Ha retirado sus tropas de Somalia y Angola, y, como muestra

este informe, hay decenas de países más donde hacen estragos los conflictos armados o donde se cometen abusos contra los derechos humanos a escala masiva.”[5]

Otro    gran    ejemplo    de    la    inconveniencia    de    las    intervenciones    militares internacionales es lo ocurrido en Irak, sobre los casos de torturas y tratos inhumanos a los prisioneros  iraquíes tanto en cárceles de ese país, como en la prisión de alta seguridad en Guantánamo   (Cuba). Al respecto el periódico el tiempo reseñó en su editorial del 5 de Mayo de 2004 de la siguiente manera:

“Hace  un  año, el  primero  de  mayo,  desde  el  portaviones  ‘Abraham Lincoln’,  el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunciaba el victorioso final de la mayor parte de las acciones militares en Irak. Y para dentro de menos de dos meses, el

30 de junio, se anuncia la transferencia del poder a un gobierno iraquí de soberanía limitada. Los hechos de las últimas semanas han matados tanta gloria y lo que ahora prevalece es un profundo escepticismo en torno al desenlace de la aventura militar que tenía en  sus planes la Casa Blanca. Todo indica que Irak se ha convertido en una trampa de la que  Bush difícilmente saldrá y el fantasma de Vietnam se siente más cercano.

Un  notable  grupo  de  58  ex  diplomáticos,  que  han  servido  en  gobiernos  tanto demócratas como republicanos, le envió una carta a Bush para cuestionar su política hacia el Medio Oriente. (Algo semejante ocurrió en Gran Bretaña) En el Congreso se planean  debates  sobre  las  evidencias  que  demuestran  la  práctica  de  torturas  de ciudadanos iraquíes en varias cárceles, en especial en al de Abu Ghraib, entre octubre y  diciembre  del  año  pasado.  El  respaldo  a  la  guerra  va  en  picada.  En  el  plano

internacional, la Organización Mundial contra la Tortura se manifestó ayer contra los

maltratos recientemente revelados, la Comisión de Derecho Humanos de la ONU expresó  inquietudes semejantes, y el Comité Internacional de la Cruz Roja exigió castigos penales contra los autores.”[6]

En lo correspondiente a Guantánamo el periodista Daniel Santos expresó:

“Considerados  combatientes  ilegales,  están  sometidos  a  reglamentos  castrenses arbitrarios que contemplan la posibilidad teórica de torturar al preso (o, en la práctica, enviarlo a un país amigo donde lo torturen), carecen de recursos jurídicos distintos a los que ofrece la rama militar (ya podrán imaginar cómo serán) y no cuentan ni con el habeas corpus, aquel  conjunto de normas que regula la privación de libertad. En efecto,  pueden  estar  detenidos  sin  cargos  concretos  cuanto  tiempo  quieran  los coroneles, se les procesa lejos de la jurisdicción civil (aunque ya la Corte Suprema de Justicia empieza a mosquearse, tardía y tímidamente) y sus abogados sufren diversas y esenciales restricciones. Por ejemplo, los  militares graban las conversaciones entre clientes y apoderados, relación cuya  confidencialidad es sagrada en cualquier país medianamente democrático. Tampoco tienen  opción de pedir la comparecencia de determinados testigos, ni cuentan con plazos y protocolos estables, todo detenido que desee un defensor distinto al militar que le asignan debe primero declararse culpable, con lo cual se amarra al cuello la horca. Lord Steyn,  respetado jurista británico, denunció en Londres lo que calificó como monstruosa falla de la justicia y dijo que las disposiciones presidenciales despojan a estos individuos de absolutamente todos sus derechos.”[7]

A pesar de los fallidos efectos de varias intervenciones militares, también se pueden encontrar  argumentos  para  la  intervención,  que  radican  en  evitar  que  nuestros

similares     se    conviertan    en    víctimas     de    horrendos    crímenes,     cuando    la institucionalidad de su gobierno entra en crisis para protegerlos  de tales desmanes, o cuando los mismos gobiernos apoyan y realizan todo tipo de atrocidades en contra de sus opositores                  o en contra  de ciertas etnias raciales a las cuales esta dispuesto a exterminar. Al respecto Amnistía Internacional expreso lo siguiente:

“Si Hitler se hubiese limitado a exterminar a los comunistas, los gitanos y los judíos dentro de Alemania y no hubiese invadido países vecinos, es muy poco probable que las  potencias   aliadas  hubiesen  reaccionado.  De  forma  similar,  la  comunidad internacional cerró los ojos ante el trato dado por Irak a sus propios ciudadanos hasta que Irak invadió Kuwait.

Otro contundente argumento en apoyo de la intervención humanitaria es el asalto a nuestra propia humanidad. ¿Pueden los gobiernos esperar realmente que nos crucemos de brazos ante situaciones de indescriptible sufrimiento? Todos nosotros, como seres humanos, compartimos una responsabilidad por la suerte que puedan correr otros seres humanos, dondequiera que éstos vivan.

El riesgo para la paz y la seguridad regionales se usa también como argumento para justificar la intervención armada extranjera. Ésa es también una consideración válida. La tragedia de Ruanda radica no sólo en la muerte de las personas exterminadas en el genocidio,  sino también en la pervivencia del conflicto en la zona de los Grandes Lagos de África central, donde las matanzas continúan hasta el momento.”[8]

Ahora,  ¿Qué  plantea  Amnistía  Internacional  frente  a  este  debate?  Amnistía Internacional,   no   toma  partida  en  uno  u  otra  posición  de  las  anteriormente planteadas. Esa institución hace un llamado sobre lo que en realidad debe hacerse y la forma como debe hacerse una intervención militar.

En primera instancia hace un gran énfasis sobre los criterios que se deben tener en cuenta para iniciar una intervención militar en un Estado:

“En la onu el debate sobre la intervención humanitaria avanzó cuando el secretario general, Kofi Annan, bosquejó algunos de los criterios que podrían guiar al Consejo de Seguridad a la hora de autorizar las intervenciones, por parte de la onu o de una organización regional o multinacional. Estos criterios incluyen:

• La escala y naturaleza de las violaciones de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario;

• La incapacidad de las autoridades locales para mantener el orden, o su complicidad en las violaciones de derechos humanos;

• Agotar los medios pacíficos para abordar la situación;

• La capacidad del Consejo de Seguridad de la onu para supervisar la operación; y

• El uso limitado y proporcionado de la fuerza, prestando atención a las repercusiones sobre las poblaciones civiles y el medio.”[9]

El segundo punto en que se hizo énfasis, trataba sobre la crítica a la forma en que se deciden las intervenciones militares. Para Amnistía Internacional, es preocupante que tales decisiones se sigan tomando basándose en razón al interés de las potencias que

tienen a su cargo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por tal razón, no puede apoyar absolutamente a las intervenciones armadas internacionales.

“Las intervenciones  militares  de  la  onu  o  regionales inevitablemente reflejan los intereses de Estados poderosos política y militarmente. De forma inversa, los Estados más débiles desde el punto de vista económico y militar son los más vulnerables a la intervención  y  los  menos  capaces  de  resistir.  Si  Amnistía  Internacional  apoyase intervenciones militares concretas, movida por el sufrimiento de las víctimas, podría a la  larga  llegar  a  la   conclusión  de  que,  involuntariamente,  había  apoyado  una concentración global o regional  de poder y que a corto plazo había respaldado una acción  que  en  sí  misma  contribuía  a  la  comisión  de abusos  contra  los  derechos humanos. En Somalia las tropas de la onu  perpetraron graves abusos; en Bosnia presenciaron  sin  intervenir  la  devastación  de  localidades  declaradas  «zonas  de seguridad» por el Consejo de Seguridad de la onu; en Kosovo, las incursiones aéreas de la otan violaron las normas internacionalmente acordadas  sobre el desarrollo de hostilidades.”[10]

De esta forma, Amnistía Internacional hace un llamado, para que la decisión de intervenir en un conflicto armado o en una crisis humanitaria, debe ser fundamentada no por intereses militares de las potencias que tienen a cargo el cumplimiento de la norma  internacional,  la  paz  y la  tranquilidad  mundial,  sino por los  criterios de intervención y por lo que realmente necesitan las víctimas de crímenes atroces. “La postura de Amnistía Internacional en este debate es clara. Nuestro punto de partida es siempre preguntar qué es lo mejor para las víctimas. Y para las víctimas lo mejor es que se prevengan las violaciones masivas de derechos humanos.”32

Es sin duda el trabajo de prevención, el más importante y el más difícil. Importante porque a partir de éste se podría evitar las graves violaciones a derechos humanos, y la  degradación  de  un   conflicto   armado  hasta  llegar  a  la  intervención  militar internacional. Y el más difícil, pues, no es fácil definir estrategias efectivas para la prevención de un conflicto; como tampoco es fácil conseguir ayuda para evitar una calamidad,  sino  hasta  que  ésta  se  ha  producido.  Para  Amnistía  Internacional  la prevención significa lo siguiente:

“El trabajo de prevención puede tener menor interés periodístico y ser más difícil de justificar ante la opinión pública que la intervención en tiempos de crisis. Requiere la inversión sostenida de recursos importantes sin las imágenes emotivas de penurias y sufrimiento que difunden los medios. Significa prestar atención al trabajo diario de protección de los derechos humanos. Significa utilizar medidas diplomáticas y otros medios  de presión para convencer a los gobiernos de que ratifiquen los tratados de derechos humanos, modifiquen su legislación para adaptarla a esos tratados y cumplan y hagan cumplir sus disposiciones. Significa garantizar que no hay impunidad para los abusos contra los derechos humanos, y que cada vez que se violan los derechos de una persona se investiga el caso, se establece la verdad y se procesa a los responsables. Significa ratificar y establecer  con celeridad la Corte Penal Internacional. Significa acabar con la discriminación y trabajar para garantizar la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos: que los gobiernos trabajarán por la construcción de un mundo en el que no existan la crueldad ni la injusticia, el hambre ni la ignorancia.

El trabajo de prevención exige que los gobiernos condenen las violaciones de derechos humanos  cometidas por sus aliados así como por sus enemigos. Significa que debe ponerse  fin a la venta de armas a los autores de violaciones de derechos humanos.

Significa garantizar que las sanciones económicas no llevan a violaciones de los derechos socioeconómicos.

En Irak, tras años de sanciones draconianas, el índice de mortalidad infantil en 1999 fue el más alto del mundo. Los derechos de los niños iraquíes privados de alimentos y de la  asistencia médica básica no parecen ocupar un lugar muy importante en la agenda de la comunidad internacional. El trabajo de prevención exige un compromiso serio para proteger los derechos humanos de todos, vivan donde vivan y sean quienes sean.”[11]

De igual manera, Amnistía Internacional explica que las intervenciones militares internacionales deben realizarse en los casos necesarios y bajo el total respeto de la normatividad internacional, para que no se convierta el ideal de la protección a los derechos humanos en un argumento para  violarlos en una intervención desmedida. Igualmente se ha dicho que “Tanto la intervención como la inacción representan el fracaso de la comunidad internacional.”[12]  Por tanto, ninguna de las dos  posiciones debe ser adoptada radicalmente. Es necesario intervenir garantizando los derechos fundamentales  de  las  víctimas,  de  los  combatientes  y  de  la  población  civil, respetando      las       normas                  del  DIH,       y     garantizando    un        regreso                     al     gobierno institucionalizado, de lo contrario, se incurriría en la antítesis de buscar proteger los derechos humanos a partir de campañas militares que los agraden sistemáticamente. Pero  igualmente,  esa  intervención  debe  estar  respaldada  necesariamente  por  los organismos  internacionales  en  los  cuales  la  comunidad  internacional  delegó  el principio de la democracia; sin el respaldo de los  organismos internacionales, se estaría  violando  tajantemente  el  acuerdo  al  que  llegaron  todos  los  Estados  que

suscribieron  la  Carta  de  Naciones  Unidas,  que  desde  su  preámbulo  comenta: “Nosotros,  los   pueblos  de  las  Naciones  Unidas,  resueltos:  a  preservar  a  las generaciones venideras del flagelo de la guerra (…); a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el  valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas” y  que  posteriormente  en  el  mismo  preámbulo  afirma  la  finalidad  de   “crear condiciones  bajo  las  cuales  puedan  mantenerse  la  justicia  y  el  respeto  a  las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional;” principios y propósitos que son bien afirmados en el Artículo 1 de la misma Carta que consagra como propósitos de las naciones unidas:

1. Mantener  la  paz y la  seguridad  internacionales,  y con  tal  fin:  tomar  medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz;  y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo  de  controversias  o  situaciones  internacionales  susceptibles  de  conducir  a quebrantamiento de la paz;

2.     fomentar  entre  las  naciones  relaciones  de  amistad  basadas  en  el  respeto  al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

(…)

Así entonces, la única vía legal para efectuar una intervención internacional en otro Estado, es a partir del aval del Consejo de Seguridad, que es el órgano legitimado por el acuerdo que se llegó en la Carta de Naciones Unidas, con el fin de mantener la paz

y la seguridad internacionales[13]; de tal forma, que cualquier intervención que se realice sin el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está, sin lugar a dudas violando los principios de no agresión, de autodeterminación de las Naciones, de  no  interferir  en  los  asuntos internos  de  otro  Estado y de  igualdad entre  los Estados, que se deducen de los parágrafos anteriormente citados.

Por estás razones, se debe condenar los hechos que antecedieron y sucedieron en la intervención  en  Irak  en  el  año  2003,  pues  no  es  admisible  la  declaración  del Presidente George W. Bush, en la cual desafió al mundo entero con su poder militar, haciendo caso omiso a los procedimientos y decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En un artículo de Matthew Tempest  y Noam Chomsky se registró de la siguiente manera la declaración de Bush:

“Bush y su administración dijeron ya en noviembre al consejo de seguridad abierta y directamente que la ONU será "relevante" si nos otorga la autoridad para hacer lo que queramos, para usar la fuerza si queremos, y si la ONU no lo hace será irrelevante. No podía ser más claro.

Dijeron que ya tenemos la autoridad para hacer lo que queramos, o venís a respaldar esa autorización o sois irrelevantes. No podía haber una forma más clara y explícita de informar al mundo de que no nos importa lo que piense, haremos lo que queramos. Esta  es  una  de  las  principales  razones  por  las  que  la  autoridad  de  los  líderes

estadounidenses se ha hundido según la encuesta del Foro Económico Mundial.”[14]

Estas afirmaciones son inconcebibles en medio de una organización internacional que debe fundamentarse en la igualdad de todos los Estados, y que no debe permitir excesos en el abuso del poder, y sobre todo en asuntos tan delicados como lo son las intervenciones armadas en otros países sin ningún control, pues estaríamos frente en a la violación tajante de los principios de la Carta de Naciones Unidas, lo que crea una gran deslegitimación de la ONU en el ejercicio de sus funciones, y en segundo termino, se estaría avalando la violación de los derechos humanos por medio de una intervención  armada    sin       ninguna           justificación       contenida         en             las                    normas internacionales. Según los señores Matthew Tempest y Noam Chomsky, las políticas intervencionistas  de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak, hacen parte de una política institucional entre los  primeros en el mundo, y así lo describen estos dos autores:       

“Cuando cualquier administración toma posesión lo primero que hace es llevar a cabo una valoración de la situación a nivel mundial - "¿Cual es el estado del mundo?"- por parte de los servicios de inteligencia. Esta información es secreta y sale a la luz unos

30 ó  40  años  más  tarde  cuando  es  desclasificada.  Pero  cuando  llegó  la  primera administración Bush en 1989, partes de su informe de inteligencia fueron filtradas, y son muy reveladoras sobre lo que ocurrió precisamente respecto a estas cuestiones en los 10 años siguientes.

Las partes que fueron filtradas hablaban de enfrentamientos militares con enemigos mucho  más débiles, reconociendo que éstos eran los únicos a los que estábamos dispuestos a enfrentarnos, los únicos que queríamos que existieran. De tal modo que en enfrentamientos con enemigos mucho más débiles Estados Unidos debe ganar "con

decisión y rapidez" porque de otro modo el apoyo popular se erosionará, ya que se considera que este es muy frágil. No es como en los años sesenta, cuando el gobierno podía librar una guerra larga y brutal durante años y años destruyendo prácticamente un país sin protesta alguna. Ahora no, ahora tienen que ganar. Tienen que aterrorizar a la población para que sientan que hay una gran amenaza para su existencia y llevar a cabo una victoria milagrosa, contundente y rápida sobre el enorme enemigo y después pasar al siguiente.”[15]

Y esto definitivamente no tiene presentación. Y mucho menos tiene presentación lo que ocurrió durante la guerra, que fue descrito por el periodista Abel Montero de la siguiente manera:

“Lo que estamos viendo no es una guerra: es una masacre. ¡Con qué impunidad los aviones americanos bombardean Bagdad una y otra vez! ¿Dónde están las mortíferas armas de  destrucción masiva, las bombas nucleares que Bush ponía como pretexto para invadir y  desarmar a Irak? Lo que vemos en nuestras pantallas caseras son soldados  mal  pertrechados,  casi  hambrientos,  enfrentando  aviones,  helicópteros  y tanques de alta tecnología, contra los que el pueblo iraquí no puede hacer nada más que llenarse de ira y  dejarse matar. ¿Saben ustedes cuántas vidas iraquíes cegó la pasada “Tormenta del  Desierto”, de Bush padre? Más de cien mil. ¿Saben cuántos americanos murieron en aquella masacre? ¡DOCE! La mayoría de ellos en accidentes.

¿Cuántos muertos habrá ahora que los Estados Unidos atacan ciudades y planean

tomar Bagdad?”[16]

Igualmente, la idea de una intervención sin la vigilancia y control de la comunidad internacional,  pone en tela de juicio no solo la institucionalidad de los organismos internacionales           sino       también,           el         valor                           esencial               y   el   fundamento   de   tales intervenciones como lo es, el  respeto por la dignidad del ser humano, y así  lo describe igualmente el periodista Abel Montero:

“Nuestras mujeres tienen miedo. Nuestros niños presencian escenas bélicas que no les hacen  ningún bien. Se teme que esta invasión abusiva empeore la crisis económica mundial que  ya  lleva varios años. La guerra está costando ¡cien mil millones de dólares,  solo  durante  el  primer  mes! Eso  constituye  un  derroche  de  fondos  que, necesariamente, desbalanceará aún más las finanzas estadounidenses. Con ese dinero se  podría  alimentar  durante  muchísimos  años  a  todos  los  niños  hambrientos  del mundo.”[17]

De igual manera, estas intervenciones hacen tambalear los fines para las cuales se suponen que fueron iniciadas (que es el reestablecimiento de la democracia), pues sin controles eficaces, las intervenciones hacen revivir la justicia de los vencedores sobre los vencidos, que no genera otra  cosa  que injusticia, y así lo revela el siguiente artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español:

“La credibilidad del operativo imperialista está dañada en todo el mundo. La difusión de los maltratos en la prisión de Abu Ghraib ha conmocionado a grandes segmentos de la   población   norteamericana.   Se   ha   vuelto   muy   difícil   explicar   porqué   los "liberadores"  torturan  a  los  prisioneros  con  los  mismos  métodos  de  Sadam.  Las sádicas  fotografías  que   recorrieron  el  planeta  ilustran  el  grado  de  impunidad

descontrolada que acompaña la terciarización de la guerra y todavía se desconoce lo que  ocurre en Guantánamo o en las cárceles secretas que maneja la CIA en varios países.”[18]

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[1] AMNISTIA INTERNACIONAL. Informe Anual de Amnistía Internacional 2000.  Soldados  en nombre de los derechos humanos. http://amnistiainternacional.org/infoanu/2000/info00prologo.htm

[2] Ibíd.

[3] Op. Cit.

[4] Ob. Cit.

[5] Ob. Cit.

[6] ELTIEMPO. Editorial. Miércoles 5 de Mayo de 2004. Pág. 1.12

[7] SANTOS PIZANO, Daniel. El Tiempo. Guantánamo el GULAG de Bush. 9 de diciembre de 2003

[8] AMNISTIA INTERNACIONAL. Op. Cit

[9] Ob. Cit.

[10] Ob. Cit.

[11] Ob. Cit.

[12] Ob. Cit.

[13] Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas.

[14] TEMPEST, Matthew; CHOMSKY Noam. CHOMSKY, SOBRE EL MOVIMIENTO CONTRA LA GUERRA. 4 de febrero de 2003.

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Irak2003/irakmovimientochomsky.htm

[15] Ibíd.

[16] MONTERO, Abel. Estados Unidos contra el Mundo. 23 de Marzo de 2003.

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Irak2003/irakeeuucontramontero.htm

[18] Ibíd.