Lo primero es explicar, que por tratarse de la administración de recursos de una institución educativa que tiene la entidad jurídica de fundación, no es posible aplicar el tipo penal de administración desleal, porque este tipo penal, solo es aplicable a sociedades mercantiles como bien lo dispone el artículo 250B del Código Penal:
ARTÍCULO
250-B. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El administrador de hecho
o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación,
directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con
abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los
bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta causando
directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De conformidad con los
hechos anteriormente narrados los tipos penales que se pueden configurar son
los siguientes:
Artículo
249. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de
cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no
traslativo de dominio, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y
multa de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Artículo
250. Abuso de confianza calificado. Las pena será prisión de tres (3) a seis
(6) años, y multa de treinta (30) a quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes si la conducta se cometiere:
4.
Sobre bienes pertenecientes a
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles,
benéficas o de utilidad común no gubernamentales.
En el caso presente, el
abuso de confianza calificado se configura, toda vez que sin autorización, y
contrariando las limitaciones del estatuto de la Universidad que le prohibía
expresamente ordenar gastos por más de 59 salarios mínimos, se giraron recursos
por valor de $444’444.451.oo para el pago de los honorarios de los abogados de
la señora SILVIA GETTE PONCE, cuando efectivamente, la autorización no estaba
dada para el pago de honorarios de la ex rectora, sino para el pago de
honorarios de abogados necesarios para la defensa de la Sala General o el
Consejo Directivo. En ese orden de ideas, la señora tenía un mandato de pagar o
administrar unos recursos, pero los desvió para fines propios pagando a sus
abogados. En este orden de ideas no solo vulneró los estatutos al disponer de
más de 59 salarios mínimos, sino que también los invirtió en temas diferentes a
los autorizados la Sala General, y además se engañó a la contabilidad para
registrar a su nombre préstamos, que realmente no tenían autorización.
Hay que aclarar que la
Universidad se entiende que es una asociación benéfica o de utilidad común,
pues sus recursos no pueden ser redistribuidos como utilidades, sino que deben
ser reinvertidos en la comunidad, en virtud de ello se configura el abuso de
confianza calificado establecido en los artículos 249 y 250 del Código Penal,
toda vez que la señora desvió los recursos del destino asignado por la Sala
General, y se los apropió para el pago de los honorarios de sus abogados, sin
autorización y excediendo el límite de 59 salarios mínimos.
Artículo
239.Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de
obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis
(6) años.
La pena será de prisión de uno (1) a dos (2)
años cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Artículo 241.Circunstancias de agravación
punitiva. Modificado por el art. 51, Ley
1142 de 2007. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se
aumentará de una sexta parte a la mitad si la conducta se cometiere:
2.
Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la
cosa en el agente.
De acuerdo con los hechos
narrados la Universidad Autónoma del Caribe giró recursos para el pago de
acreencias propias de la señora SILVIA GETTE y préstamos por encima del límite
de 59 salarios mínimos, establecido por los estatutos. Esta conducta se puede
tipificar en el delito de hurto agravado por la confianza, porque estas
operaciones nunca tuvieron objeto lícito en cuanto se encontraban prohibidas
por el mismo estatuto de la Universidad, por consiguiente, debe entenderse que
la señora SILVIA GETTE PONCE se apoderó de los recursos de la institución, a
través de préstamos ilegales, para pagar acreencias propias, aprovechándose del
grado de confianza derivado de su calidad de Rectora de la Universidad.
Esta modalidad de fraude
con que se extraían los recursos de la Universidad, para fines propios mediante
préstamos de grandes cantidades de dinero fraccionadas, se puede establecer
como un delito continuado donde la señora, sin previa autorización de la sala
general y por encima de los límites estatutarios, se apoderaba para beneficio propio
de recursos de la institución, recursos que ascienden a los $1.430’457.500. No
se podrá decir que estas transacciones corresponden a un contrato comercial de
mutuo, toda vez que el objeto del contrato es ilícito pues ni tenía
autorización de la Sala General, y los montos se exceden del límite de los 56
salarios mínimo legales para la época.
Por otra parte, si se suman
los recursos girados dentro del límite de los 56 salarios mínimos, podemos
encontrar que fueron 9 pagos por un valor total de $109’807.486.oo, monto que
excede de los 59 salarios mínimos, y que son parte de un delito continuado
donde la señora SILVIA GETTE PONCE dentro de un plan bien diseñado, pretendía
desfalcar los recursos de la Universidad Autónoma del Caribe de forma
fraccionada, con la sustracción de fuertes cantidades de dinero que no superaban
el monto máximo de los 59 salarios mínimos, pero que sumadas en definitiva se
configuraban en un hurto en su modalidad de delito continuado.
Artículo 246. Estafa. Modificado por el art. 33, Ley
1474 de 2011. El que obtenga provecho
ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o
manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en
prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que en lotería,
rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier
medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.
La pena será de prisión de uno (1) a dos (2)
años y multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
En el presente caso se
puede configurar una estafa, toda vez que los préstamos autorizados a la señora
SILVIA GETTE PONCE para la compra de las acciones del Hospital Universitario,
fue por valor de $359’250.000.oo, recursos de la Universidad Autónoma del
Caribe, que utilizó la ex rectora para realizar inversiones en una sociedad que
iba a desarrollar la construcción de un hospital que luego sería utilizado por la Universidad
para que sus estudiantes de medicina hicieran sus prácticas. Como se dijo en
los hechos es absurdo financieramente que la Universidad teniendo los recursos,
financie a la ex rectora para que luego ella cobre la inversión sin haber
colocado un solo peso.
Igualmente, es absurdo y
lesivo las condiciones de pago de los préstamos realizados por la ex rectora
quién, pagaba mensualmente la suma de $3’000.000.oo de pesos, para amortizar
una deuda quedó por valor de $2.135’697.990.oo, y sin pagar intereses. Más que
unas condiciones propias de un contrato leonino a favor de la ex rectora, se
trata de una estafa pues con esas condiciones de pago nunca iba a amortizar
totalmente una deuda de más de dos mil millones de pesos, con abonos de
$3’000.000.oo. Lo que se buscaba en últimas, era darle apariencia de legalidad
a unos recursos que se obtuvieron de forma que nunca se iban a restituir, ni
tampoco existía una seria intención de restituirlos basados en esas condiciones
de pagos, pues la señora requeriría pagar 711,89933 cuotas mensuales para pagar
la suma que adeuda, y para ello necesitaría de 59,32494417 años para pagar, y
en consecuencia si se consideran esos 59,32494417 años con la expectativa de
vida de la señora SILVIA GETTE PONCE, de seguro que no se podría pagar antes de
que esta señora falleciera.
OTRO CASO, LA COMPRA ILEGAL DE ACCIONES DE CLUBES SOCIALES CON RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD.
- Que
desde el año 2003 hasta el 2013 la señora SILVIA GETTE PONCE desempeñó el cargo de Rectora de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE.
- Que
durante su gestión, en el año 2007 la señora SILVIA GETTE compró unas acciones
directamente a la corporación Club Lagos de Caujaral, por valor de $12’000.000.oo.
- Que
el valor de las acciones fue pagado con dineros de propiedad de la Universidad
Autónoma del Caribe mediante orden de pago No 91668 realizada el 27 de
Noviembre de 2007, según consta en factura de venta No 26-1057 del 23 de
Noviembre de 2007 generada a nombre de la señora SILVIA GETTE PONCE.
- Que
de conformidad con certificación expedida el 27 de diciembre de 2013 por el
revisor Fiscal de la Universidad Autónoma del Caribe, se explica que no existe evidencia contable de que la señora SILVIA
GETTE hubiera reintegrado el valor de las acciones a la Institución, y que
mucho menos haya endosado las acciones a nombre de la Universidad, a pesar de
que dichos bienes fueron pagados con recursos de la Institución Educativa y según
los archivos contables, el egreso de $12’000.000.oo se pagó con cargo a la
cuenta contable de inversión a favor de la Universidad. Esto quiere decir, que
las acciones del Club Lagos de Caujaral, contable y financieramente aparecen
como un bien pagado por la Universidad, pero aparecen dentro del patrimonio de
la señora SILVIA GETTE PONCE, sin que ésta haya pagado dicha suma, o
reintegrado ese patrimonio a la Universidad Autónoma del Caribe.
- Que
un año después, la ex rectora SILVIA GETTE PONCE repite la conducta, esta vez
comprando acciones del club Campestre del Caribe pertenecientes al señor xxxxxx, con recursos de la Universidad según consta en las órdenes de pago No
93709 del 13 de Mayo de 2008 por valor de$13’500.000.oo y la orden No 95668 del
1 de Mayo de 2008, por valor de $1’500.000.oo.
- Que
según explica igualmente el Revisor Fiscal de la Universidad Autónoma del
Caribe, mediante la misma certificación del 27 de Diciembre de 2013, los
recursos fueron cargados también en la cuenta contable de inversiones de la
Universidad y que hasta el momento no ha existido prueba contable alguna de que
la señora haya reintegrado este bien, a pesar de que contable y financieramente
está claro que fue la institución Universitaria la que pago por dichos activos,
pero éstos aparecen a nombre de la señora SILVIA GETTE PONCE.
ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CONDUCTAS:
Que de conformidad
con los hechos anteriormente narrados es posible tipificar las conductas en el
tipo penal descrito en los artículos 239 y 241 del Código Penal, denominado
Hurto Agravado por la Confianza:
Artículo
239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de
obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis
(6) años.
La
pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la cuantía no exceda de
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 241. Circunstancias de agravación
punitiva. Modificado por el art. 51, Ley
1142 de 2007. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se
aumentará de una sexta parte a la mitad si la conducta se cometiere:
2.
Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la
cosa en el agente.
Del análisis de los
hechos, encontramos que muy probablemente la señora SILVIA GETTE PONCE ha incurrido en una conducta punible aprovechándose
de la confianza que genera su cargo como Rectora de la Universidad Autónoma del
Caribe, porque se apoderó ilegal y arbitrariamente de unos recursos
pertenecientes a la Institución Universitaria, para comprar y colocar a su
nombre unos activos, sin nunca reintegrar los recursos a la Universidad, según
consta en las órdenes de pago a favor del Club Lagos de Caujaral y a favor del
señor Germán Ancinez, y en la certificación emitida por el Revisor Fiscal en
Diciembre de 2013. A lo anterior, hay
que añadir que actualmente la señora SILVIA GETTE PONCE se encuentra
usufructuando los derechos derivados de las acciones de los dos clubes,
excluyendo de esos derechos a la verdadera persona que pagó por esos activos.
Se reitera que la misma conducta provechosa fue repetida en dos ocasiones bajo
el mismo modus operandi, una en el año 2007 cuando compró las acciones del Club
Lagos de Caujaral y la otra en el año de 2008, cuando compró las acciones del
Club Campestre del Caribe, evidenciándose así un plan continuo y reiterado para
defraudar a la Universidad.
La conducta encuadra
en el tipo penal de Hurto Agravado, toda vez que la señora SILVIA GETTE PONCE, se
aprovechó de la confianza que tenía en su cargo y sustrajo recursos de la
institución Universitaria para comprar activos y colocarlos a su nombre, sin
ningún mandato para ello, ni autorización alguna por parte de los órganos
directivos de la institución Universitaria; tampoco tuvo la intención de
devolverlo, ni dejar garantía sobre los montos sustraídos, a favor de la
Universidad Autónoma del Caribe. Tampoco reportó la compra, ni endosó las
acciones a favor de la Universidad. Por ello se afirma que el tipo penal que
debe configurarse es el Hurto Agravado por la confianza, pues se apoderó de los
recursos de la Universidad con un claro propósito de obtener provecho propio,
comprando unos derechos en clubes sociales de forma clandestina, sin mediar
ningún tipo de título no traslaticio de dominio, pues lo hizo fraudulentamente.
No existió en este caso apoderamiento aprovechado por un título no traslaticio
de dominio, sino una sustracción clandestina de dineros de la institución
universitaria aprovechando la confianza de su cargo para acceder a los dineros
ilícitamente sustraídos.
Sobre el tema
particular ha dicho la Corte Suprema de Justicia Sala Penal en Sentencia del 7
de Abril de 2010:
“En
síntesis, en el abuso de confianza el sujeto se apropia de la cosa mueble que le
fue entregada o confiada por un título que no traslada el dominio que sobre
ella tiene su propietario, poseedor o tenedor; en el hurto agravado por la
confianza el sujeto se apodera de la cosa mueble respecto de la cual entra o
tiene contacto material en razón de la buena fe depositada en él, por su
propietario o tenedor.
La
confianza en la conducta furtiva agravada puede provenir de una relación
laboral, de la amistad, del parentesco o de servicios gratuitos, siendo
esencial que esa relación entre el dueño o tenedor y el sujeto sea la que
facilite o posibilite el apoderamiento, porque lo que caracteriza al
comportamiento es la defraudación de la confianza depositada en él.”
Precisamente en el
caso planteado, a la señora SILVIA GETTE PONCE no se le autorizó manejar los
dineros para comprar acciones en clubes sociales en Barranquilla, por ello,
esto es una sustracción de recursos de la Universidad que debe tomarse como un
apoderamiento.
Otra tipo que se
puede configurar en este caso, es el enriquecimiento ilícito de particular que
versa de la siguiente forma:
Artículo
327. Enriquecimiento ilícito de particulares.
El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o
para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma
de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis
(6) a diez (10) años y multa correspondiente al doble del valor del incremento
ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De conformidad con
los hechos narrados, la sustracción de recursos de la Universidad para comprar
activos y bienes, que luego quedaban en cabeza de la ex rectora, es una
conducta sostenida y repetitiva, que sin duda encaja en el enriquecimiento
ilícito de particulares, toda vez que se trata de que a partir de este tipo de
conductas, la señora SILVIA GETTE PONCE obtenía un incremento patrimonial no
justificado derivado de sus actividades fraudulentas destinadas a desviar los
recursos de la Universidad para sus fines propios, entre ellos enriquecer su
patrimonio.