Por: Jorge Arturo Abello Gual.
INTRODUCCIÓN
En
el presente trabajo se aborda el tema de la política criminal aplicada en el
contexto latinoamericano, partiendo de las particularidades socio-políticas
propias de los estados que se encuentran en esta franja del mundo. Se ha
analizado las dos tendencias político- criminales como son el enfoque de la política criminal
en contra del enemigo y el enfoque de una política criminal garantista.
El
estudio de las tendencias político-criminales al interior del derecho penal
surge como resultado de la necesidad de integrar la ciencia jurídica, con las
ciencias sociales y la política en busca de una mayor complementación entre las
citadas ciencias para la elaboración y
fundamentación del derecho penal. De esta manera, de la interrelación de estas
ciencias surge entonces una ciencia penal integral, en la cual “es válido
plantear que la criminología sin la política criminal es ciega y corre el
riesgo de ser manipulada por las clases dominantes, y la política criminal es
la respuesta a la necesidad sentida por la dogmática penal de transformar el
derecho penal, aunque pasando por el filtro verificativo y crítico de la
criminología.”[1]
De
lo anteriormente dicho, quisiera complementar un poco sobre la idea de la
necesaria relación que debe existir entre la criminología y la política
criminal, en el sentido que “la primera necesariamente se refleja en la
segunda, y ésta, a su turno, puede entenderse como concreción de aquel, en
tanto que las medidas que el Estado adopta para enfrentar la cuestión criminal,
tienen que estar fundamentadas en su visión del delito, de la víctima, del
castigo y su utilidad, así como de los factores que desencadenan,
promocionan o confrontan el
comportamiento que, bajo determinados patrones culturales, jurídicos, políticos
y económicos, se considera contrario a las exigencias del orden social.[2]
“La Política
criminal por consiguiente, ha de seguir necesariamente los lineamientos de la
criminología y por ello, en ausencia de patrones que revelen el quehacer
criminológico de los órganos del Estado, los efectos político criminales de la
legislación y de las acciones oficiales revelarán la concepción del delito y de
la pena, la posición de los órganos de gobierno sobre los factores que inciden
en la criminalidad, las finalidades que se persiguen con la expedición de
normas, y todos los aspectos implicados en la noción de delito y sus
consecuencias.”[3]
La
política criminal es definida por el profesor IVAN GONZALEZ como “la ciencia
aplicada con la finalidad de controlar el delito, esto es, busca definir las
acciones específicas que los distintos órganos del Estado deben emprender o
abstener de hacerlo, para lograr una reducción apreciable en el número de
conductas criminales que se producen en la sociedad, pero también de acuerdo
con el pensamiento moderno para prevenir la comisión de comportamientos
delictivos y evitar la victimización, o al menos minimizar los daños que las
víctimas puedan sufrir a consecuencia del crimen.”[4]
Por
su parte el profesor FERNANDO VELASQUEZ define a la política criminal “como la
política jurídica en el ámbito de la justicia penal”[5]
y cuya función en el sistema penal se cumple “en tres fases distintas: en
primer lugar, orienta al legislador en la tarea de creación del derecho penal
positivo y de las nuevas instituciones llamadas a luchar contra la
criminalidad, sea que parta o no de un determinado derecho positivo. Así mismo,
en segundo lugar, una vez configurado el derecho penal contribuye –…- en la
elaboración dogmática del mismo. En tercer lugar, critica el derecho vigente
partiendo de los resultados obtenidos por la labor dogmática y formula
propuesta de enmienda y reformas legales.”[6]
Al mismo tiempo el profesor citado, resalta la importancia de la política
criminal por cumplir “una imprescindible tarea cuestionadora, no solo de los
valores jurídicos, sino también de su realización social, contribuyendo a la
creación y modificación del derecho penal, e incluso a su elaboración
dogmática.”[7]
Para
el profesor JUAN FERNANDEZ el sentido de la actual política criminal se
entiende desde dos puntos de vista:
“a) Primero, el punto de
vista de los valores superiores del ordenamiento jurídico nacional e
internacional, con los cuales las normas legales son sometidas, lo mismo que
las teorías jurídicas sobre ellas, a una permanente confrontación crítica con
el fin de evitar contradicciones, desarmonías o vacíos en la sistematización
vertical.
b) En segundo lugar, la
política criminal somete las normas, las teorías y la propia práctica judicial
del derecho penal a una labor constante de “crítica externa”, compulsándolas a
cada paso con los valores ideales de legitimidad, justicia igualdad, libertad,
seguridad y solidaridad de la comunidad jurídica nacional e internacional, que
es de donde emanan los principios
político-criminales, v.gr. los de legalidad, culpabilidad, lesividad,
humanidad, intervención mínima, etc.”[8]
- VISIONES
ANTAGONICAS DE
La
política criminal como toda política, se encuentra sujeta a la problemática de
tomar una decisión en una circunstancia dada, buscando el equilibrio entre los
intereses de la comunidad y los intereses individuales. Si observamos un poco
la historia del derecho, este siembre se ha movido en relación con posiciones
disímiles entre sí. Cada teoría tiene otra que le contradice y a su vez, para
saldar el debate entre los exponentes de una y otra teoría, se crea una tercera
denominada ecléctica que toma aspectos de una y otra posición.
En
el campo político por ejemplo, siempre ha existido una tensión entre dos
pensamientos: el individualismo y el comunitarismo. El primero expone los
postulados de la escuela clásica
liberal, sostiene que la satisfacción de los derechos individuales es el fin
primordial de la política[9].
El segundo en cambio, parte de una concepción muy diferente, pues afirmaba que
el fin de la política “no radica en la libertad individual, sino en el
mantenimiento de los vínculos valorativos que cohesionan y dan su identidad a
la comunidad, en aras de su estabilidad y del bien de la colectividad.”[10]
Los efectos disímiles de estos dos
planteamientos se pueden observar por ejemplo, en la forma como cada una de las
concepciones aborda la idea del conflicto:
“la
tradicional concepción orgánica de la sociedad privilegia a la armonía, la
concordancia incluso impuesta, la subordinación regulada y controlada de las partes
al todo, y condena el conflicto como elemento de desorden y disgregación
social.”[11]
Por el contrario el individualismo aboga porque “el contraste entre el
individuos y grupos en competencia (…) sea benéfico y sea una condición
necesaria del progreso técnico y moral de la humanidad, el cual solamente emana
de la contraposición de posiciones e intereses diferentes.” [12]
Con
el paso de los años, el debate entre las concepciones individualistas y
comunitaristas sigue vigente y convive a diario entre nosotros, pues muchos
problemas cotidianos de nuestra vida se concentran en definir: “¿Qué debe ser
primero, el individuo o la sociedad?” o en otras palabras: ¿Qué es primero, la
satisfacción de mis intereses o el cumplimiento de mis deberes frente a la
sociedad? Así por ejemplo, mientras se conduce hacia un lugar, no solo se debe
pensar en que se quiere llegar en determinado tiempo al lugar donde se tiene
una importante cita con alguna persona, sino al mismo tiempo debe tenerse
presente el deber de respetar todas las normas de tránsito aplicables durante
todo el recorrido, así pues nuestro conductor se encontrará ante la disyuntiva
de escoger entre llegar tarde y respetar las normas de tránsito, o llegar a
tiempo y violar algunas normas de tránsito.
En
el campo de la política estatal se presentan circunstancias similares, en las
cuales el gobernante de turno debe definir a menudo conflictos en los cuales se
deban establecer la prioridad entre derechos individuales y derechos
colectivos, piénsese por ejemplo el conflicto actual sobre la regulación del
moto-taxismo en varias ciudades de Colombia, en el cual la autoridad pública
debe hacer una fórmula de ponderación entre el derecho al trabajo y a la libre
circulación de los conductores de los moto-taxis por un lado, y la seguridad de
la población en general, respecto a las condiciones en que debe prestarse
el servicio.
En
lo jurídico, también podemos encontrar la tensión entre el pensamiento
individualista y el pensamiento comunitarista, y esto se debe a que conceptos e
instituciones jurídicas pertenecientes a uno u otro pensamiento, coexisten al
interior del ordenamiento jurídico, por ejemplo, el profesor BOBIO nos expone
que los conceptos de Estado Liberal[13]
(producto del pensamiento liberal individualista), y democracia, no son
conceptos necesariamente convergentes:
“En la acepción más
común de los dos términos, por “liberalismo” se entiende una determinada
concepción del Estado, la concepción según la cual el Estado tiene poderes y
funciones limitados, y como tal se contrapone al Estado absoluto como al Estado
que hoy llamamos social; por “democracia”, una de las tantas formas de
gobierno, en particular aquella en la cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos sino de
todos, o mejor dicho de la mayor parte, y como tal se contrapone a las formas
autocráticas, como la monarquía y la oligarquía. Un Estado liberal no es por
fuerza democrático…”[14]
La
democracia en sus orígenes en la
Grecia antigua, tenía un significado muy diferente. “Para los
griegos, el individuo no tenía derechos y no disfrutaba en ningún sentido de defensa jurídica. Su libertad se resolvía
en su participación en el poder y en el ejercicio colectivo del mismo. No se
consideraba que el individuo necesitara garantías ni tuviera que hacer valer
derechos individuales. La libertad no se afirmaba oponiéndose al Estado porque
este no existía como tal. La libertad se afirmaba al tomar parte en el poder
colectivo.”[15]
En tal sentido se advierte que esta forma de democracia primitiva, se
encontraba fundamentada en una idea de autoritarismo, pues como lo advierte el
profesor SARTORI “la fórmula “todo por la polis” puede promover una democracia
con un alto porcentaje de fusión comunitaria, mientras que la fórmula “todo
dentro del Estado” que luego se explica como “todo por el Estado”, es, en
cambio, la fórmula del Estado totalitario.”[16]
En la actualidad la
Democracia se constituye según el profesor BOBBIO, en “la
mayor garantía de que los derechos de libertad están protegidos contra la
tendencia de los gobernantes a limitarlos y suprimirlos reside en la
posibilidad de que los ciudadanos se defiendan de los abusos eventuales. Ahora
bien: el mejor remido contra el abuso de poder bajo cualquiera forma, aunque
mejor de ninguna manera quiere decir ni óptimo ni infalible, es la
participación directa o indirecta de los ciudadanos, del mayor número de
ciudadanos, en la formación de las leyes.”[17] Pero el mismo Profesor aclara que para que
una Democracia se constituya en una verdadera garantía para el ciudadano, debe
ser ejercida por cada sujeto de manera libre, esto es, que los individuos gocen
de todas las libertades que constituyen la esencia del Estado Liberal[18],
para que el ejercicio democrático sea real y no ficticio.[19]
Otra
situación en la que se presenta la coexistencia de conceptos contrarios se
encuentra el artículo 58 de la Constitución Nacional , que reconoce el derecho de
propiedad como derecho fundamental del individuo, pero a su vez le pone una
carga al ejercicio de este derecho, y es cumplir una función social.[20] Igualmente podemos encontrar el mismo
problema en el artículo 1 de la Constitución Nacional
donde se define que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés
general.” En el texto citado encontramos dos conceptos disímiles, que son
“el respeto de la dignidad humana” que es un concepto meramente individual, y
la cláusula de la “prevalencia del interés general” que es un concepto del
pensamiento comunitarista, y a pesar de ello, ambos son principios que debe
aplicar el operador jurídico en todas sus decisiones. La coexistencia de
derechos individuales y mandatos colectivos, parecen remitirnos nuevamente a
las discusiones entre individualistas y comunitaristas, sin embargo, en la
actualidad se plantea una técnica de ponderación para que los principios que
aparezcan como contrarios en una circunstancia particular puedan coexistir, sin
que ello implique una anulación de un principio por otro.
Al respecto, el
profesor ROBER ALEXY expone un método con el cual se puede realizar la
ponderación de principios, de la siguiente manera:
“… los principios son mandatos de
optimización… En tanto mandatos de optimización, los principios son normas que
ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las
posibilidades jurídicas y fácticas. Esto significa que pueden ser satisfechos
en grados diferentes y que la medida ordenada de su satisfacción depende no
sólo de las posibilidades fácticas sino jurídicas, que están determinadas no
sólo por reglas sino también esencialmente, por los principios opuestos. Esto
último implica que los principios son susceptibles de ponderación y, además los
necesitan.”[21]
Siguiendo con
el tema desarrollado, pero ahora trasladado al derecho penal, debemos decir que
en esta rama del derecho se presenta igualmente la necesidad de ponderar principios opuestos. Así por ejemplo, la Corte Constitucional
ha debido realizar juicios de ponderación entre la facultad de expedir los
códigos de todos los ramos (el código penal) artículo 150.2, y el respeto de
los de derechos individuales consagrados en la Constitución en los
artículos 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, de cuyos textos se derivan
límites al poder punitivo del Estado. De esta manera, la Corte Constitucional
ha establecido que el Congreso tiene una alta libertad para la configuración de
los delitos, sin embargo esa libertad se encuentra limitada por otros preceptos
constitucionales que se configuran como prohibiciones, como la establecer
castigos crueles, inhumanos o degradantes (art.12), como la de no ser molestado
en su domicilio sin orden de autoridad judicial competente (art.28); el de no
poder ser condenado por un hecho contemplado como delito, frente a un juez
competente, con observancia a las formalidades de cada juicio y respetando la
presunción de inocencia, el derecho de defensa, el principio de culpabilidad y
la favorabilidad (art.29).[22]
En la Sentencia C-70 -96 la Corte Constitucional
realizó el siguiente juicio de ponderación entre la facultad del Legislativo
para expedir normas penales, y los derechos y garantías constitucionales
creadas a favor de los individuos:
“El principio de
proporcionalidad presupone la ponderación de bienes jurídicos constitucionales.
Este sopesamiento asume la forma de un juicio de proporcionalidad de los
medios. Como principio para la delimitación y concretización de los derechos
constitucionales, la proporcionalidad exhibe una naturaleza diferencial, o sea,
que admite una diversa libertad de configuración legislativa dependiendo de la
materia. Así, por ejemplo, en el ejercicio de la reserva legal establecida para
la reglamentación de derechos constitucionales, sólo la restricción excesiva e
imprevisible de los mismos implica la ilegitimidad del medio escogido para la
realización de los fines constitucionales. En términos generales, entre mayor
sea la intensidad de la restricción a la libertad mayor será la urgencia y la
necesidad exigidas como condición para el ejercicio legítimo de la facultad
lega[23]”
Dada la
coexistencia en la política y el derecho de conceptos que pertenecen tanto al
pensamiento individualista como el comunitarista, se presenta en este punto el
tema de la definición de una política criminal en un contexto determinado,
entendiendo que “La política criminal es representación y decisión con respecto
a: (i) qué comportamientos son definidos como atentatorios de bienes e
intereses considerados fundamentales por la sociedad y, (ii) con qué clase de
medios serán prevenidos y reprimidos tales comportamientos… La política
criminal debe estar habilitada para examinar la utilidad de la intervención
penal del Estado y, por lo tanto, para reorientar esa intervención recomendando
su reducción e incluso su eliminación”[24]
2. PROBLEMÁTICA
COMPLEJA DEL CONTEXTO LATINOAMERICANO RESPECTO DE LA POLITICA CRIMINAL.
2.1. INFLUENCIA
DEL PROCESO DE COLONIZACION
Los países
latinoamericanos comparten muchos rasgos históricos, sociales y culturales que permiten hacer algunas generalizaciones
en materia de política criminal, sin que ello implique aseverar que todas las
realidades sociales de estos países sean iguales. Uno de los aspectos comunes
con los que iniciaré el análisis es el desarrollo histórico latinoamericano
marcado por los procesos de colonización y de independencia. Precisamente estos
procesos incidieron en gran medida en el desarrollo social, político y cultural
sobre todo de las antiguas colonias de España como lo veremos seguidamente.
Cuando cesó la
dominación de la Corona
española, y los movimientos independistas americanos forjaron las nuevas
Repúblicas americanas, la ideología liberal europea que impulsó la independencia siguió siendo
utilizada para la organización política. Así lo expresa el profesor ELBERT:
“Las gestas de la independencia y la estructuración de las nuevas repúblicas
fueron un traspaso entusiasta de ideas “adecuadas para países modernos”
orientadas a reemplazar las pesadas estructuras monárquicas, por los nuevos
modelos republicanos y representativos.”[25]
Desafortunadamente,
la asimilación de la ideología europea por parte de los principales pensadores
latinoamericanos, no permitió el desarrollo del pensamiento autóctono de las
regiones, sino muy al contrario, “el entusiasmo hacia las novedades de Europa
ocupó, lisa y llanamente el vacío de un proyecto de síntesis, de un pensamiento
sistemático propio de la región, inspirado en su geografía, su clima, sus
gentes, sus usos y costumbres. Los pueblos indígenas habían quedado atrás; los
españoles, a un costado; y al frente marchaba una minoría de patriotas
mestizo-europeos, a la búsqueda de modelos ágiles de progreso como los de
Francia, Inglaterra o Estados Unidos.”[26]
La euforia por
el pensamiento liberal de la época iluminista llevó como ya se dijo, a los
principales pensadores que orientaban la filosofía de las repúblicas
latinoamericanas a aceptar las doctrinas extranjeras “desentendiéndose de los
aspectos específicos de su procedencia haciendo propios incluso, los postulados
más negativos, en forma de cruda admisión de la realidad.”[27] De
esta manera, fue como ingresaron algunos postulados racistas europeos[28] que
influyeron en gran parte en los criollos mestizos[29]
quienes adoptando acríticamente tales creencias, comenzaron a fomentar la
exclusión en razón de la raza[30]. Por
decirlo de otra manera, “nuestros países se fundaron en el principio de
igualdad republicana, certificada y proclamada en todo tipo de constituciones, leyes, banderas
y escudos; más en verdad arrancaron despreciando o negando culturalmente la
calidad humana de buena parte de la población, estipulando una dualidad cínica,
que, en el mejor de los casos, trataba a los diferentes como inferiores o
incapaces y les dejaba solo la opción institucional de adaptarse a la cultura
dominante.”[31]
Por lo
anteriormente dicho se puede explicar el
por qué de lo siguiente[32]:
“Quien recorra las prisiones de máxima seguridad de ciudades y pueblos
en Latinoamérica o sus “reformatorios” –en realidad deformatorios-, hechos para
jóvenes transgresores, se encontrará con lo que desde hace años constituye un
nuevo estereotipo caracterizado por la coloración de la piel, casi siempre
negra o pardusca: tienen un modo de andar y de vestir parecidos: jeans,
chaqueta o algún abrigo negro, cautela frente al visitante, la mirada huidiza,
ojos brillantes, marcas en la cara y, casi siempre varios dientes menos.
Poseen denominadores comunes: son gente “de abajo”, humildes, en el
límite crítico del hambre y la exclusión, que han tomado por desesperación el
atajo de las adicciones o de la delincuencia, ante la miseria. Provienen de
barrios paupérrimos, de casas de lata, sin luz ni sanitarios. Han vivido
atenaceados por el desempleo. Y, en realidad, seres que no saben si van a comer
ese día y no tienen alimentos para llevar a su casa ni medicamentos si sus
hijos se enferman; nunca fueron hombres libres, aunque formalmente las leyes
puedan decir lo contrario.
En esta suerte de selectividad penal, no cabe duda de que el derecho
penal y la ley aplicable resultan clasistas. El otro denominador común que los
liga es estar presos por similares delitos: homicidios, hurtos, robos, asalto a
mano armada, violación de domicilio…”[33]
Igualmente se
puede explicar en parte, el lado opuesto de la situación antes descrita, que se
trata sobre la impunidad de los delitos de “cuello blanco” que comenta el
profesor ELIAS NEUMAN:
“Hay una tipología humana de delincuentes que viven “del” y “por” el
delito. Viven muy bien. Son exitosos en la vida y su estereotipo no ha podido
ser definido, pero sí cierta identidad. A simple vista se advierte que son
francamente simpáticos, usan la misma marca de perfume y corbatas que algunos
jueces, mandan a estudiar a sus hijos en los mismos colegios que los fiscales,
se ven peinados como abogados, son amigos o vivieron bajo el ala de algún ministro
o algún militar o legislador. En sus opulentas mansiones “dan comidas”, tanto
en la ciudad como en la costa y, por lo general, se irritan cuando hablan del
robo del equipo de sonido del automóvil, de su mujer o de los de sus hijos, de
que fueron víctimas, y de la consecuente inacción policial. Van a los programas
de televisión que sus empresas financian y se posesionan de ciertos aires a la
hora de poner la sonrisa y modular la expresión. Saben a que cámara mirar… Más
que delincuentes, son financieras que, para vaciar un banco, primero lo fundan…
En el caso supuesto, conjetural, impertinente e hipotético (todo ello)
de que alguno fuera detenido y, más tarde, condenado, sería innecesario
efectuarle uno de esos “tratamientos para la readaptación social” porque es
innegable que poseen un alto grado de socialización… No nos indignemos, pero en
realidad si de establecer comparaciones se trata, deberemos concluir que
socialmente ¡Son parecidos a muchos de nosotros!”[34]
El autor citado
afirma que “la delincuencia callejera o urbana sirve de chivo expiatorio. Hace
que los ojos y el pensamiento de multitudes de personas giren hacia ella y no
capten u olviden –frente a la cortina de humo creada- otros problemas mucho más
acuciantes y serios que suelen generarse en y por la delincuencia económica.”[35] Lo
cual sustenta de la siguiente manera: “un único delito cometido por un grupo de
inteligencia o por un solo funcionario desde las alfombras rojas de un
ministerio, un banco, una entidad financiera o una empresa multinacional
produce más daño (medido por el coste social, económico y número de víctimas)
que aquellos causados por la totalidad de autores de delitos contra la
propiedad, alojados en estos momentos en la cárceles de Latinoamérica.”[36] Así
por ejemplo, los “excesivos precios al consumidor fijados por oligopolios, la
acción de empresas monopólicas de tipo multinacional y la constante evasión de
impuesto y de capitales que fluyen hacia cuentas bancarias del extranjero: se
trata de delitos que inhiben el desarrollo de regiones que son potencialmente ricas
en desmedro económico y moral de sus pueblos.”[37]
Se presenta de
esta forma, una desafortunada diferencia entre la política criminal dirigida a
la criminalidad callejera y la política criminal dirigida a la criminalidad
económica, pues “Mientras la política criminal de la criminalidad callejera
está impulsada por campañas de ley y orden o de seguridad ciudadana y las
asociaciones de víctimas, la política criminal de la criminalidad económica no
está impulsada por actores sociales, porque la ciudadanía no percibe su dañosidad social (salvo
colectivos concretos y normalmente pequeños) y porque los principales agentes
susceptibles de cometer dichos ilícitos son sujetos bien situados en las
esferas económicas y políticas, no interesados en criminalizar conductas que
bordean lo ilícito.”[38]
De acuerdo con
lo anterior, existen fundamentos para decir que durante el periodo posterior al
de la colonia “la copia masiva de legislaciones europeas tuvo sentido
equivocado, mal modelo antropológico y peor ejecución.”[39] Y en
la actualidad, la posibilidad de la formación de un pensamiento autóctono se
sigue truncando a partir del desarrollo de los medios de comunicación y el
proceso de globalización[40].
2.2. LA INEXISTENCIA DE
DEMOCRACIAS MATERIALES INCLUSIVAS
El profesor
ELBERT describe que los Estados Latinoamericanos adoptaron sin ningún
inconveniente los aspectos formales de la ideología Europea, pero no lograron
implementarla satisfactoriamente en la práctica: “Nuestros países se fundaron
en el principio de igualdad republicana, certificada y proclamada en todo tipo
de constituciones, leyes, banderas y escudos; mas, en verdad, arrancaron
despreciando o negando culturalmente la calidad humana de buena parte de la
población, estipulando una dualidad cínica, que, en el mejor de los casos,
trataba a los diferentes como inferiores o incapaces y les dejaba solo la
opción institucional de adaptarse a la cultura dominante.”[41]
Con el
establecimiento de Estados democráticos formales e incapaces de lograr un
ambiente social incluyente en varios países de América Latina, se propició que
este hemisferio fuera el escenario para la implantación de regímenes
totalitarios, desarrollo de guerras civiles y establecimiento de anarquías
durante el siglo XIX y XX[42]. El
profesor NEUMAN explica este periodo de la siguiente manera: “Todo es
privatizado y se suprime la participación del pueblo en cualquier tipo de
manifestación y decisión; en un principio, con la llegada de militares de modo
sincrónico a los gobiernos de todos los países americanos (salvo México, Costa
Rica, Colombia y Venezuela), se preconiza y exalta de defensa de la tan mentada
“civilización occidental y cristiana”, que no se sabe históricamente o en el
campo social, qué es. (…) Se impone la fuerza y se produce una desigualdad profunda
de participación y un respeto verticalista opresivo. Se aniquila literalmente a
estudiantes y a los movimientos obreros. Muertes y desapariciones resultan
oprobiosas pero sellan el miedo de las gentes.”[43] La
influencia de las dictaduras y los regímenes autoritarios en Latinoamérica
propiciaron que el abuso del poder se haya
incrustado en la costumbre y en las prácticas políticas estatales, hecho
que se “atribuye a una mezcla de prejuicios, autoritarismo, omnipotencia y
machismo”[44].
Un ejemplo de ello, es la relación del pueblo con las autoridades de policía en
Latinoamérica, las cuales se fundan en el miedo y en la desconfianza[45],
dada la función represora que cumplieron las autoridades policiales en los
regímenes autoritarios y las dictaduras implantadas en diferentes países de
América Latina[46].
“Esto explica que en los pueblos latinoamericanos salvo quienes, merced a su
holgada situación social, económica o profesional pueden mantenerse indemnes,
se desconfía de la policía en abstracto y de sus funcionarios y agentes en
concreto. El ejemplo más común se refiere al simple ingreso de un agente
policial en un bar o en un restaurante: la gente se incomoda, cambia de
comportamiento, habla menos recio y trata de pasar inadvertida. El ambiente
deviene tenso.”[47]
Las relaciones
entre ciudadanos y policías no obedece a las que se procuran en un Estado
democrático de Derecho donde la policía debe cumplir “una función necesaria,
útil y compleja en el entramado social. Diariamente asiste a personas en
riesgo, ya sea en salvamento de vidas o en imprevistos partos generalmente de
mujeres humildes, ayudando a nacer. La acción social que realiza en muchos
países es encomiable durante las severas reyertas familiares y vecinales cuando
adopta una postura morigeradota. En los pueblecillos, el policía es hombre de
consulta de los más diversos problemas. Aún ocurre que oficie de amigable e
inapelable componedor de discordias. En los barrios eran invitados a las
fiestas familiares con toda amistad en épocas en que el policía era apreciado
como servidor público.” En su defecto, en algunos países del mundo la relación
policía-ciudadano a devenido en una guerra, así por ejemplo:
“En diciembre de 2003 fue dado a conocer un informe en Argentina según
el cual cada 60 horas la policía mata a un ciudadano de entre 15 y 25 años de
edad, y la metodología de esta operación limpieza implica verdaderos
fusilamientos, so capa de enfrentamientos con sospechosos que no representan
peligroo para persona alguna. Esos enfrentamientos son en realidad
fusilamientos. (…) En esta guerra con la delincuencia también caen gran
cantidad de policías a manos, en especial, de asaltantes y autores de delitos
de robo; pero en múltiples ocasiones se ha llegado a investigar que se trata de
policías contra policías que, de ese modo, encuadran una represalia contra
colegas infidentes de la autoridad que les compromete y testigos arrepentidos.
En ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, la violencia delictiva ha
constituido en los primeros años del siglo la segunda causa de muerte (la
primera ocurre por enfermedades cardíacas). Se producen ataques contra
comisarías por grupos de delincuentes, en especial dedicados al negocio de las
drogas y, en contrapartida, emboscadas policiales a dichos grupos.
Estos hechos superan a los que acontecen en países como Colombia, país
violento por antonomasia, en que se calcula en casi 3000 las personas que
permanecen en cautiverio –algunas hace varios años- como resultado de la acción
de secuestradores de todo tipo.”[48]
Al tiempo en
que se generalizaba la fuerza militar como forma de política y la dictadura
como forma de gobierno, la situación al interior de los Estados
Latinoamericanos se complica más al analizar el fenómeno de la corrupción[49].
Este flagelo que tanto azota a las clases más necesitadas y en general al
desarrollo social de todos los países Latinoamericanos[50],
también tiene sus orígenes históricos en la época de la colonia, así lo explica
el profesor ELBERT: “es probable que la tradición española haya implantado el
estilo ambivalente en el manejo de las leyes, según las prácticas de la
colonia. El pico máximo de dualidad estuvo dado por la famosa solución del “Se
acata pero no se cumple”, previsto para situaciones de excepción, pero
generalizado en nuestras tierras conforme a los intereses particulares de los
colonizadores. Las disposiciones de ultramar fueron burladas sistemáticamente
en las colonias de América, y constituyeron la escuela internalizada por los
criollos que luego redactaron por copia sus primeras constituciones, leyes y
códigos.”[51]
En otro
sentido, “Cuando se habla de corrupción se habla de un enemigo mortal de la
vida en democracia y de la erosión de las instituciones. De asesores
presidenciales, en número indeterminado, según ocurre en Argentina, que se
prevalen de sus cargos y credenciales para vender influencias, exigir
porcentajes y comisiones frente a trámites de radicación de industrias y de
capitales. De minorías de funcionarios que no trepidan en hacer sus negocios
millonarios en dólares, sin siquiera tocar ese dinero. Basta que quede asentada
en la cuenta cifrada de algún banco suizo o estadounidense la “comisión” que se
recibe de alguna empresa transnacional o aun vernácula, por el aviso oportuno
de la desvalorización monetaria.”[52]
Pero muy a
pesar de lo nocivo de los delitos de la corrupción, estos son los que gozan de
mayor impunidad, y así lo comenta el profesor NEUMAN: “Delitos que se deben, en
buena parte, a la corrupción y al soborno en el que intervienen empresas
estatales y privadas, en peculiares asociaciones ilícitas adscritas a la
codicia y sin que les importe la acción de la justicia.”[53] Y
muy a pesar de esta situación “los controles sociales formales del poder
punitivo estatal (ley penal, policía, justicia, administración carcelaria y
post carcelaria) centran deliberadamente su mira en la parte más débil de la
delincuencia. Lo que López Rey llamara la criminalidad del pobre diablo”, los
ladrones de garrafas y gallinas.”[54]
2.3. LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL
El
establecimiento de Estados democráticos formales, que fomentan la exclusión y
la discriminación a través de sus normas -entre las cuales se incluyen las
normas penales-, produce hacia la sociedad a la cual gobierna la llamada
violencia estructural[55], que
propicia las reacciones de los excluidos[56], en
contra de un poder dominante cuyo discurso político desgastado no llega a
satisfacer las exigencias ni las necesidades de la sociedad. El profesor ELBERT
describe esta situación de la siguiente manera:
“Verdaderas multitudes residuales que van quedando al margen en
nuestros países se están transformando en masa humana no integrada, sin valor,
descartable, sin expectativas. Lógicamente, este conjunto es cada día más
difícil de controlar en términos convencionales; su violencia y agresión a la
propiedad privada crece, y es dable esperar que nuestros ejércitos serán
movilizados contra ellos, como lo son contra cultivadores de coca,
cárteles de la droga, “favelas”, huelgas
y explosiones sociales. La inseguridad se está estableciendo a nuestro
alrededor como la regla, y la “seguridad” paso a ser un lujo de ricos, un
producto de consumo de alto costo.”[57]
Una
situación de violencia estructural surge “cuando una colectividad impide a la
mayor parte de sus miembros la satisfacción
de sus necesidades fundamentales, mientras las minorías se aprovechan
cada vez más del trabajo ajeno, existe entonces una situación de violencia
estructural que se manifiesta cotidianamente a través de hechos violentos como
el desempleo, la vagancia, la prostitución, la enfermedad, el hambre. Si los
bienes existen, pero están detentados por unos pocos, nos encontramos en una
situación de violencia estructural.”[58]
Para el profesor Bustos Ramírez un sistema social que albergue violencia
estructural, es contrario a la paz y a la democracia, toda vez que ella implica
la explotación o dominación de un grupo humano por otro, y que en todos los
casos deviene en ilegítima cuando proviene de las características del sistema
social o de sus objetivos.[59]
Así por Ejemplo “Colombia sigue siendo un país con altos
grados de inequidad. El 20% de la población más rica recibe el 62% de los
ingresos laborales mientras que el 20% más pobre recibe sólo el 3%. Según el
índice de Gini la desigualdad no ha disminuido durante los últimos años. En
comparación con el año 1996 el índice de Gini ha aumentado (de 0,544 a 0,56 en
el año 2004). La inequidad económica se refleja también en el acceso limitado a
ciertos bienes y servicios por parte de los más desfavorecidos. La desigualdad
se manifiesta marcadamente entre los sectores urbano y rural. La diferencia de
ingreso por persona en la zona urbana es casi dos veces y medio mayor a la de
la zona rural.”[60]
Igualmente “la situación de pobreza sigue siendo muy grave. Más de la mitad de
la población, es decir más de 22 millones de colombianos, tienen un nivel de
ingresos que los sitúa en la pobreza. Entre los pobres están particularmente
afectados los grupos étnicos, las mujeres y la niñez. El cálculo de la línea de
pobreza ha suscitado un amplio debate público sobre la metodología para
determinar el número de personas que viven en la pobreza o en la indigencia. En
algunas ocasiones se utiliza la metodología de las Necesidades Básicas
Insatisfechas. Según ésta se ha visto una disminución en el nivel de pobreza
por los aumentos del gasto público en educación, salud y saneamiento básico. Tomado del
Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.”[61]
Ante la
insuficiencia del discurso político para calmar la inconformidad de las masas,
se apela al derecho penal no como ultima ratio, sino como único instrumento
simbólico para contener la violencia proveniente de los excluidos. “Así es como
el control formal termina ocupando el centro de esa lucha contradictoria de las
democracias débiles, como la herramienta que se apela, fatalmente, pretendiendo
resolver de cuajo problemas sociales sin salida institucional. Lamentablemente,
si hay algo que está cabalmente demostrado es que el sistema penal no resuelve
problemas sociales y los complica siempre cuando caen bajo su intervención. El
uso obcecado del control en estos términos es una actitud irracional y
profundamente antidemocrática que pretende legitimarse con el pretexto de la
defensa social.”[62]
El profesor
BUSTOS explica sobre la importancia de la legitimación y la confianza de las
instituciones democráticas lo siguiente:
“un sistema social organizado de modo tal que no hay posibilidad de
resolver los conflictos sociales en virtud de la fuerza física puntual
ilegítima implica que da lugar a la dominación de unas personas por otras, o
bien del Estado respecto de las personas, y seguramente ambas cosas a la vez En
este caso sin que la violencia física puntual (ilegitima) al vincularse con la
dominación se constituye en un obstáculo a la democracia y a la paz.”[63]
La alteración
del orden público es un aspecto muy frecuente en los sistemas formales
Latinoamericanos que propician como se dirá más adelante de este artículo,
legislaciones excepcionales para conjurar crisis políticas y de seguridad, lo
cual dificulta la elaboración de una política criminal coherente según lo
expone el profesor ELBERT:
“Resulta difícil elaborar políticas criminales de avanzada contra
urgencias de la política circunstancias y los grupos de interés, que convierten
frecuentemente a muchos legisladores en simples oportunistas de la vindicta
pública sacando provecho de situaciones de conmoción para cosechas votos
futuros. Nuestra política criminal no logra programas basados en ideas claras y
precisas, con mediano sustento científico cualitativo y cuantitativo. La
legislación de fondo y forma es errática, por que sufre intromisiones y
retoques de todo tipo en la redacción de textos que pierden coherencia y
sistemática. Las lagunas, malas redacciones o reglamentaciones caprichosas
convierten la interpretación de la ley en una especie de deporte dialéctico y
posibilitan al mismo tiempo, soluciones antojadizas. En suma los grandes
trabajos teóricos modernos y los especialistas con que contamos para trazar
políticas criminales racionales, democráticas y previsibles son dejados de lado
a favor de medidas de urgencia tendentes a responder al “clamor popular” con
respuestas vindicativas, anticuadas, reductoras de garantías y presentadas como
producto de las circunstancias, que apelan al arsenal positivista o a los
modelos de sistemas extraños, frecuentemente incompatibles con los nuestros.”[64]
En el mismo
orden de ideas el profesor ISAZA señala “que en muchos países se ha planteado
el dilema entre seguridad y libertad en perjuicio de esta última, como lo
muestra la adopción de normas antiterroristas que restringen las libertades y
que a menudo se usan para perseguir a los opositores; o el creciente apoyo
internacional a regimenes poco o nada democráticos, pero que han sabido vender
a buen precio su colaboración en la guerra contra el terror, obteniendo de ella
respaldo político, apoyo económico y legitimidad para mantenerse en el poder,
aplicar las políticas de fuerza y cerrar el paso a soluciones pacíficas y
negociaciones a los conflictos.”[65] A su
vez el autor citado critica las políticas fuertes fundamentadas principalmente en
la actuación militar, que son desplegadas para reestablecer el orden alterado,
de la siguiente manera:
“… en primer lugar porque ignoran por completo los orígenes no
militares de la inseguridad y en segundo lugar porque al definir militarmente
la seguridad circunscriben el debate a la esfera de los países desarrollados
del mundo (Occidente) negando las consecuencias para la mayoría de la población
mundial: aquellos que viven en los países en desarrollo.”[66]
Siguiendo al autor citado, el papel que juega el Estado en los países en
desarrollo es diferente de los países desarrollados, toda vez que en los
primeros “el Estado es en la mayoría de ocasiones, la fuente de inseguridad
para los y las ciudadanas. Por consiguiente es un peligro real, que la idea de
seguridad de un régimen o de una élite social se convierta en el discurso
dominante, por lo tanto resulta fundamental que el concepto de seguridad pueda
controvertir el estatu quo”[67]
En vista de los
inconvenientes antes citados que pueden presentarse al adoptar políticas
fuertes para combatir problemas estructurales, el profesor ISAZA propone una
redefinición del concepto de política de seguridad. Según el autor, una
política de seguridad “debe posibilitar alcanzar la paz, la democracia, el
desarrollo, la justicia social y la protección ambiental.
A partir de
esta redefinición una política de seguridad debe proveer seguridad antes de
mantener seguridad, enfocándose en un desarrollo humano sostenible que priorice
el análisis de las causas de la inseguridad humana antes que sus consecuencias
y cuyo centro sean las personas.”[68] Y
para ello, considera necesario entender que la paz no se alcanza solo
combatiendo con fuerza la violencia, sino garantizando justicia social.[69] Para alcanzar un orden justo, se debe establecer
una “sociedad en donde el conflicto puede ser resuelto sin violencia o
intimidación, por medio de procesos de ley o reconciliación en un marco
generalmente aceptado por todo el mundo.”[70] Así
mismo se requiere que los procesos democráticos logren “avanzar en el concepto
de una seguridad humana desde una perspectiva colectiva que incluya condiciones
económicas, sociales, ecológicas y políticas para una paz justa, que analice
las fuentes de la inseguridad, teniendo presente que una seguridad comprehensiva
solo puede alcanzarse si las relaciones de dominación y sumisión, en todos los
aspectos de la vida, son eliminadas. La justicia social en términos del
desarrollo económico, la protección de los derechos humanos, la paz militar y
una ecología sostenible dependen de que se alcance la justicia para todos.”[71]
De acuerdo con
el nuevo concepto de política de seguridad planteada, la finalidad a la que va
dirigida es iniciar “un proceso por
medio del cual las amenazas son eliminadas en tanto se atienden sus causas. Lo
anterior no significa, que bajo el orden y la estabilidad, el conflicto este
ausente y se alcance la paz y la seguridad; específicamente se está planteando
un escenario en el cual la violencia (directa o indirecta) es menos proclive de
aparecer y en la que el sistema es activo pero no de manera violenta.”[72] Este
nuevo concepto de seguridad implica en primer lugar entender a los derechos
humanos como condición básica de la justicia y la seguridad humana, en el
entendido de que ellos se mantengan incólumes ante las normas y valores de la
ideología dominante.[73] En
segundo lugar es necesario establecer un modelo económico que permita a todos
los ciudadanos el “acceso a los recursos, créditos y mercados necesarios para
sostener niveles aceptables de bienestar”[74],
pues para que exista paz y desarrollo se requiere que todos los ciudadanos
puedan cubrir sus necesidades básicas. Y en tercer lugar se requiere de la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales, como forma de
protección del grupo social en dos sentidos: a) Garantizar condiciones
ambientales saludables; y b) Garantizar la existencia de recursos para su
explotación en beneficio de las generaciones actuales y futuras[75].
[1] VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ,
Fernando. Manual de derecho penal. Editorial Temis S. A. Bogotá. 2002. pág.13
[2] GONZALEZ AMADO, Iván.
Criminología y política criminal oficiales en la Colombia actual.
Dogmática y Criminología. Libro Homenaje a Alfonso Reyes Echandía. Legis. 2005.
pág. 238
[8] FERNÁNDEZ CARRASQUILLA,
Juan. Derecho Penal Fundamental 1. Tercera Edición. Ediciones jurídicas Gustavo
Ibáñez. . Bogotá. 2004. pág.71
[9] El individualismo
político, por su parte, afirma que la sociedad es un conjunto de individuos
racionales, generadores de deseos y preferencias y únicos jueces y defensores
de sus intereses. Las ideas principales del individualismo político son las
siguientes: 1) la legitimidad y la autoridad del gobierno derivan el
consentimiento individual de los ciudadanos; 2) la representación política no
es una representación de sectores o de clases, sino de intereses individuales;
3) el propósito del gobierno es proporcionar la satisfacción de las necesidades
particulares y la protección de los derechos individuales. ESTUDIOS. filosofía-historia-letras. Otoño 1990. Encontrado en la siguiente dirección
electrónica
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras22/textos4/sec_2.html
[10] BOBIO, Norberto. Liberalismo y democracia. Fondo de cultura económica.
México. 2001. Pág.66
[11]Ibíd.. Pág. 28
[12] Op.Cit. Pág. 29
[13] Una concepción Liberal de
Estado, evoca un sistema de gobierno sometido al imperio de la Ley , pero en la actualidad el
concepto de límite se relaciona con la intangibilidad de los derechos humanos,
frente al poder estatal.
[14] BOBBIO, Norberto, Op.Cit. Pág. 7
[15] VILA CASADO, Iván. Límites de la Corte Constitucional.
Legis. Bogotá. 2005. Pág.47
[16] SARTORI, Giovanni. ¿Qué es la democracia? Altamir Ediciones. Bogotá.
1994. pág.144. Citado por VILA CASADO, Iván. Ibíd. Pág. 48
[18] “Los ideales liberales y
el método democrático gradualmente se han entrelazado de tal manera que si es
verdad que los derechos de libertad han sido desde el inicio la condición
necesaria para la correcta aplicación de las reglas del juego democrático
también es verdad que sucesivamente el desarrollo de la democracia se ha vuelto
el instrumento principal de la defensa de los derechos de libertad. Ho y son
democráticos y solamente los Estados democráticos protegen los derechos del
hombre: todos los Estados autoritarios del mondo son a la vez antiliberales y antidemocráticos.”
Ibíd. Pág. 48
[20] ARTICULO
58 CN. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
Por motivos de utilidad pública o de interés
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.
[21] ALEXY, Robert, el concepto y la validez del derecho. Editorial Edisa. 1996. Pág. 162
En
pronunciamientos anteriores (C-556 y C-557 de 1992 y C-093 y C-565 de 1993), la Corte ha reconocido la
competencia del Legislador "para establecer, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, regímenes estructurados a partir de criterios
diferenciales en el tratamiento penal de las conductas que lesionan o ponen en
peligro bienes jurídicamente protegidos, basados por ejemplo, en la existencia
objetiva de distintas categorías delictivas que presentan variaciones
importantes en cuanto a la gravedad que comporta su comisión, en la
trascendencia de los bienes jurídicos que se buscan proteger mediante su
incriminación y en otros criterios de política criminal" (C-565 de 1993).
Ahora bien,
en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador debe actuar
dentro de los límites constitucionales. Tales límites pueden ser explícitos
como implícitos. Así, al Legislador le está vedado, por voluntad expresa del
constituyente, establecer las penas de muerte (CP art. 11), destierro, prisión
perpetua o confiscación (CP art. 34), así como someter a cualquier persona a
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CP art. 12). Por
otra parte, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador
debe propender a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos,
los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución
y de asegurar la vigencia de un orden justo (CP art. 2). La dosimetría de las
penas es un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a la Corte velar para que en el
uso de la discrecionalidad legislativa se respeten los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.
[24] GOMEZ, Juan Gabriel.
Marco constitucional, política y política criminal: ¿Quiénes hacen política
criminal en Colombia?, en Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana,
seminarios 9. 1999. Citado por GONZALEZ AMADO, Iván. Op. Cit. Pág.240
[27] Op. Cit. Pag. 125
[28] Por ejemplo la filosofía Hegeliana, que el profesor ZAFFARONI explica
de la siguiente manera: “El contractualismo hegeliano está reservado, pues,
únicamente a los nórdicos burgueses, para los que se reserva la pena talonial, pero HEGEL ni se ocupa del
resto. Esto permitiría –aunque HEGEL no lo hace- introducir toda la ideología
del disciplinarismo burgués inglés, destinado a las clases marginadas, pues la
indisciplina de los pobres sería necesario controlarla, para hacerlos hombres
libres.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl.
Criminología. Tercera Reimpresión. Temis. Bogotá. 2003 Pág.122 También dijo al
respecto el mismo autor “mientras que la superioridad blanca nordeuropea de las
clases hegemónicas y de los trabajadores disciplinados de Europa frente a la
inferioridad de las restantes razas de Europa y del mundo y de las masas
indisciplinadas y de sus dirigentes,
eran cuestiones que no admitían discusión en la ciencia de los superiores
centrales, en nuestro margen latinoamericano las élites criollas tampoco lo discutían,
identificándose con los sectores hegemónicos centrales y considerando inferior
a la inmensa mayoría de la población latinoamericana, con variables
argumentales de detalle en cuanto a sus consecuencias políticas a corto plazo.
(…) Los matices ideológicos centrales también fueron recibidos en nuestro
margen: los restos del poder colonial español y portugués matizaron su discurso
teocrático con el biologismo racista pesimista, que de este modo se difundió
preferentemente entre los sectores terratenientes y mineros, en tanto que los
sectores vinculados a la actividad mercantil y urbana, por regla general
participaban del optimismo a largo plazo de los burgueses centrales” Op. Cit.
Pág. 134
[29] “Por esto es que la implantación de la República (del Perú) y la
abolición de los títulos de nobleza no determinaron un cambio en la mentalidad
de los criollos ya que, si bien juraban fidelidad a la patria y a la república
en lugar de sumisión al soberano, continuaron usufructuando los privilegios y
menospreciando a las otras clases y castas. Por su parte, los indios no se
identificaron con la causa emancipadora y la nueva república, dirigida por el
nuevo grupo dominante, no logró integrarlos.” Op. Cit. Pág.129
[30] “Algo más tarde la eclosión positivista, con SPENCER a la cabeza,
completó la visión racial selectiva del futuro de las flamantes repúblicas
latinoamericanas e inició particularmente en los programas económicos y los
sistemas penales y de control formal de América Latina.” Op. Cit. Págs. 126-127
[31] Op. cit. pág.127
[32] BARATTA, Alessandro. en Política criminal entre la política de
seguridad y la política social en países con grandes conflictos políticos Memorias Foro de política criminal. Seminarios
No.9. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad ciencias Jurídicas. Bogotá.
1998. pág. 31 explica: “En la opinión pública y en los
medios de comunicación de masa, estos delitos son caracterizados por una
regular repartición de papeles de la víctima y del agresor, respectivamente, en
los grupos sociales garantizados y “respetables” y en aquellos marginales y
peligroso (extranjeros, jóvenes, tóxicodependientes, pobres, sin familia, sin
trabajo, o sin una calificación profesional.)
[33] NEUMAN, Elías. Los que viven del delito y los otros. La delincuencia
como industria. Tercera edición. Temis. Bogotá. 2005. págs.2-3
[35] Op. Cit. Pág.4
[36] Op. Cit. Pág.4
[37] Op. Cit. Pág.11
[38] ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura.
Viejas y nuevas tendencias político criminales en las legislaciones penales.
579-606. Derecho Penal Liberal y Dignidad Humana. Libro homenaje
al Doctor Hernando Londoño Jiménez. Temis. Bogotá. 2005. Pág. 594
[40] Op. Cit. Pág. 130
[41] Op. Cit. Pág.127
[42] Op. Cit. Pág. 130, Igualmente ALESSANDRO BARATTA: “De la doctrina
de seguridad nacional queda todavía el trágico recuerdo en América Latina, de
los años setenta y ochenta, cuando la ideología autoritaria inspirada en el
principio shmittiano del amigo enemigo, sirvió para sostener no solamente un
derecho penal del enemigo, cuyas señales todavía están presente incluso en los
Estados con regímenes formalmente democráticos sino, sobre todo, un sistema
penal ilegal, paralelo al legal, y mucho más sanguinario y efectivo que éste
último: un verdadero y propio terrorismo de Estado, como aquél que se
desarrolló en las dictaduras militares del Cono Sur.” BARATTA Op. Cit pág. 29
[43] NEUMAN, Elías. Op. Cit. Pág. 8
[44] Ibíd. Pág. 88
[45] Al respecto, el profesor ELIAS NEUMAN afirma: “El cuerpo policial se
ha puesto en una relación hostil y asimétrica a los pueblos. Ello implica poner
un valladar en la democracia en que se requiere de actitudes distendidas,
abiertas, solidarias.
[46] “Durante los procesos militares, que junto a la exaltación de valores
antidemocráticos, la policía presta un servicios autoritario y criminal. Se
erige en el brazo adjetivo de las dictaduras militares (Argentina, Chile,
Brazil, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Panamá) y, por otras razones (Venezuela,
Colombia o México). Desata cada vez mayor violencia contra los ladrones.
Irrumpe contra las personas solicitando documentación personal, y si no la
poseen, puede ser motivo de detención. La erradicación o el mero cercenamiento
de estos derechos adquiridos no será fácil ocurrida la vuelta al Estado de
derecho, puesto que la Policía
no se democratiza y siempre habrá políticos en el poder dispuestos a pactar con
ella.” Op. Cit. Pág. 89
[48] Op. Cit. Págs. 89-90
[49] “La corrupción en Colombia mueve $3 billones. En el mismo sentido, “se
calcula que a través de la corrupción se ha sacado cerca del 25 por ciento del
Producto de la nación y aún no se sabe en manos de quién están quedando estos
recursos.” CAMARGO GANTIVA, Adriana. Corrupción en Colombia mueve $3 billones.
Diario LA REPUBLICA.
Mayo 5 de 2004. “En la reciente Argentina, Menem estableció
un grado notable de corrupción. Cuando se le preguntaba por funcionarios que
había designado en cargos expectables y que eran objeto de juicios penales,
algunos directamente por fraude administrativo o cohecho, los dejaba en el
cargo hasta cuando una sentencia firme dijera que había habido delito y, por
ende, delincuent. Para él funcionario el in dubio pro reo, que es una garantía
del proceso penal, sin advertir que
resultaba un avasallamiento a principios republicanos que impone la democracia
por más adolescente que esta fuera.
Viajero
impenitente, como Salinas de Gortari, Fujimori y tantos otros, llevaba consigo en
el avión presidencial, además de su peluquero y modistas de su hija, a una
comitiva de varias decenas de funcionarios, incluidos legisladores. As{i
recorrió el mundo todo alojándose en hoteles carísimos con su grupo de
aláteres. Jamás dio noticias al pueblo sobre la suerte corrida en su viaje,
que, en fin, el pueblo había pagado con su aporte impositivo, y si se habían
logrado acuerdos comerciales, culturales. En una palabra, qué consecuencias se
extraían del paseo. Una de ellas estaba a la vista: sus funcionarios y amigos
se enrolaban en una vida laxa y en el privilegio corruptivo.” NEUMAN, Elías.
Op. Cit. Pág. 39
[50] “El costo social que se
verifica en la Argentina ,
expoliada por la corrupción, el soborno y los delitos económicos (hay alrededor
de doscientos autores de delitos “de cuello blanco” y ninguno preso) es similar
a lo que, de hecho ocurre, en otros países latinoamericanos (México, Perú,
Venezuela...) a lo que de modo ineludible habrá que sumar la usuraria deuda
externa y la ingente corrupción y soborno a la que ha dado lugar.” NEUMAN, Elías. Op. Cit. Pág.4
[55] La violencia estructural se presenta “cuando una colectividad impide a la mayor parte de sus
miembros la satisfacción de sus necesidades fundamentales, mientras las
minorías se aprovechan cada vez más del trabajo ajeno” Cano
Carmen y Cisneros Maria Teresa. Citadas por BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Control Social y Sistema Penal. Promoción Publicaciones
Universitarias. Barcelona. 1987. Pág.516
El profesor José Fernando Isaza afirma que “la violencia estructural
existe cuando las condiciones económicas y sociales son tales que las personas
mueren o sufren como consecuencia de la distribución desigual de recursos.”
ISAZA DELGADO, José Fernando. Libertad y seguridad un falso dilema. Págs.
17-46. En ISAZA DELGADO, José Fernando; CEPEDA ULLOA, Fernando; GÓMEZ MENDEZ,
Alfonso; LOSADA, Rodrigo. Libertad y seguridad un dilema contemporáneo.
Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá. 2005. pág. 29
[56] El abuso en los discursos jurídicos con base en intereses particulares
y en pro de la ineficiencia de los objetivos políticos que necesita la
sociedad, generan la “... incapacidad
para explicar el ejercicio del poder en términos de necesidad y no de fuerza.
De esta manera, la sublevación popular puede exponerse como un caso límite en
el cual se agotan las posibilidades de maniobra del discurso en beneficio de
los intereses dominantes.” GARCIA, Mauricio. Eficacia simbólica y eficiencia
instrumental del derecho. El otro derecho No.7. Temis. ILSA. Bogotá. 1991. Pág.
14
[58] CANO, Carmen; CISNEROS, Maria Teresa. Citado por BUSTOS RAMÍREZ, Juan.
Control Social y Sistema Penal. Promoción Publicaciones Universitarias. Barcelona.
1987. Pág. 516
[59] Ver BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Op. Cit. Pág. 517
[60] Tomado del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2005_esp.doc
[62]Op.cit. págs. 131-132
[69] “… definir la seguridad
humana como la ausencia de daños o amenazas para la vida humana se convierte en
un prerrequisito para que se de una paz positiva, que no es solo la ausencia de guerra 8la
también llamada paz negativa), sino también la existencia de la justicia
social.” Op. Cit. Pág. 26
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