Derecho Penal Empresarial en Colombia

domingo, 25 de junio de 2017

LA RESOCIALIZACIÓN EN PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL COMO EL DE COLOMBIA.

Por: Jorge Arturo Abello Gual.

Introducción al contexto social colombiano del conflicto.

El proceso de paz por el que viene atravesando la sociedad colombiana, mediante el cual se busca lograr la reconciliación y el fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC, es un proceso complejo, traumático y netamente político.

No es fácil concebir que los guerrilleros se conviertan en las nuevas figuras políticas, y den discursos con alto contenido cínico, exaltando los fines de su lucha y ocultando la cruda verdad de una delincuencia común enmascarada con el supuesto actuar de un delito político (motivado por fines altruistas de mejorar las condiciones de los más necesitados del país) y las barbaridades que se cometieron a lo largo de todo el conflicto.

El proceso es complejo, porque los compromisos son grandes y aún no se han cumplido, desmantelar el narcotráfico, desactivar campos minados, entregar las armas, y lograr el cese total de las actividades delincuenciales, son los temas más complejos de un proceso de paz, sobre todo el de buscar suspender totalmente los actos de violencia que desafortunadamente no se ha podido lograr en los territorios rurales de influencia guerrillera.

Sin embargo, hay un punto que sin duda es de resaltar y es el cese de hostilidades, y con ello, el fin del combate armado entre el ejército y las FARC,  la disminución casi total de las bajas en conflicto, y el cese del hostigamiento de la guerrilla a las poblaciones civiles.

Pero con esos logros no se puede cantar victoria. El conflicto armado colombiano sigue, muta y se está acomodando a las circunstancias. Hoy existen otros grupos armados al margen de la Ley denominados bandas criminales, que continúan con toda la herencia de la violencia del conflicto armado, y que hasta el momento han sido muy difíciles de combatir. Igualmente, se habla de grupos de disidencia de las FARC., que son grupos que se revelaron a los altos mandos del grupo guerrillero y siguen delinquiendo. Y existe otro grupo guerrillero como el ELN que se encuentra en negociaciones con el Gobierno colombiano pero que sigue operando militarmente.

Es de notar que se han disminuido los combates entre los grupos al margen de la Ley y la fuerza pública, pero por otra parte, sigue el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y todo tipo de presiones hacia la población civil, y ni que decir de los efectos nocivos de estas actividades en contra del medio ambiente (porque narcotráfico genera desforestación y la minería ilegal destruye los suelos y los ríos del país).

En suma parece preocupante, que mientras existe un cese de hostilidades entre el Gobierno colombiano y las FARC, otros grupos estén ocupando los territorios que esta guerrilla ha dejado, utilizando los corredores del narcotráfico, y las minas ilegales, para ensanchar su poderío militar y económico, sin que la fuerza pública intervenga y garantice el orden público.

Justicia punitiva, justicia restaurativa y justicia transicional.

En desarrollo de las negociaciones de paz, se ha dado un duro debate sobre los tres modelos de justicia en el campo penal: la justicia punitiva, la justicia restaurativa y la justicia transicional.

La justicia punitiva por regla general encuentra su centro conceptual en el castigo al delincuente. Inicialmente se planteaba como una justicia retributiva donde los ciudadanos le ceden al Estado la potestad de castigar a aquellos que quebranten el contrato social (a los delincuentes). En otras palabras se busca retribuir el daño que realizó el delincuente con otro daño impuesto por el Estado a través de una pena.

Posteriormente, esa justicia punitiva cambió a un concepto de prevención general, en el cual el castigo que se le daba al delincuente buscaba prevenir que el resto de la sociedad delinquiera. Así las cosas los castigos se imponían para trasmitir miedo ejemplarizante a los ciudadanos para que se abstuvieran de realizar los que hicieron los delincuentes. Luego, se planteó una prevención general más razonable, entendida la pena como la negación de la sociedad hacia las conductas delictivas, y como su comprensión del hecho delictuoso como algo malo, digno de rechazo y de castigo. Así las cosas la pena es la forma como la sociedad rechaza el delito, y la legalidad la forma de evitar la pena.
Luego la justicia punitiva cambió a un concepto diferente, donde la pena se le impone al delincuente con la finalidad de resocializarlo y reinsertarlo a la vida nuevamente, luego de un proceso de reeducación, rehabilitación y reinserción social aplicado al delincuente en la cárcel, para que luego de cumplida su condena, se encuentre preparado para retornar a la sociedad.

Posteriormente, de la justicia punitiva concentrada en el delito y en el delincuente, se pasó a una justicia restaurativa, en la que además de tenerse en cuenta al delincuente, se debía tener en cuenta la participación y la protección de los intereses y derechos de las víctimas, más específicamente, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esto implicó un cambio en la filosofía de la justicia penal, concentrada inicialmente en la configuración de los delitos, la captura y enjuiciamiento de los delincuentes, y la imposición y cumplimiento de una condena, para pasar a un proceso en el cual es obligación escuchar a las víctimas de los delitos, el delincuente tiene la oportunidad de ofrecerle perdón y reparación a las víctimas, y las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Con esta concepción de justicia restaurativa, el fin de un proceso penal ya no es lograr que el delincuente cumpla una pena de prisión y que sufra en la cárcel, los fines de esta nueva concepción es preocuparse por la forma en que la víctima continuará su vida después del delito, es decir, si alguien mata a otra persona, el centro del proceso no es imponerle una pena de 25 años, sino qué se puede hacer por los hijos, los padres, el cónyuge de esa persona que murió.

Por otro lado, en los Estados que padecen un conflicto armado como Colombia, existe una tercera concepción de la justicia, a la que se la ha denominado justicia transicional. La justicia transicional es una justicia de excepción, que se aplica solo cuando el Estado quiere pasar de una situación de conflicto a una situación de paz. Así las cosas, la duración de las penas sufre una considerable reducción, de tal manera que delitos de alta gravedad terminan con penas mucho menores a las consagradas en el código penal ordinario, por ejemplo un homicidio en persona protegida que tiene una pena de 40 a 50 años de prisión, puede quedar con una pena de 5 a 8 años. La justificación de ello, es lograr un proceso de transición donde se termine el conflicto, y donde las partes involucradas no aceptarían penas de 40 a 50 años de prisión para acordar la paz.

Cabe aclarar que este tipo de justicia solo se les aplica a las personas involucradas en el conflicto, así que si una persona común realiza un homicidio o un hurto, se le seguirá aplicando el código penal ordinario, lo que sin dudas genera una gran controversia sobre el principio de igualdad, sobre el sentido de la justicia y sobre las justificaciones de las excepciones.

Por otra parte, la justicia transicional debe ir de la mano con la justicia restaurativa, pues es la satisfacción de los derechos de las víctimas en los procesos penales, uno de los principales ítem que legitiman la razón de ser de una justicia transicional. Si no se respetan los derechos de las víctimas, todo fracasa y todos los procesos pueden venirse al piso por faltar a las exigencias de los tratados y convenios internacionales.

La resocialización en un contexto de justicia transicional.

Los modelos de justicia transicional llevan consigo planes de reinserción, de subsidios, de estudios, y de ayuda para los reinsertados que buscan retornar a la vida civil después de un conflicto armando.

Así las cosas, de todos los actores armados del conflicto armado podemos encontrar que unos pueden ser perdonados a través de una amnistía o un indulto, en los que se les otorga un perdón judicial, y no se les aplica ninguna pena. Mientras que otros, por haber cometido delitos atroces, que se constituyen graves faltas al DIH, o graves violaciones a los derechos humanos, deberán cumplir penas alternativas o penas reducidas hasta 8 años de prisión.

Por otro lado, los actores armados que ya estén condenados o que estén detenidos mientras se les sigue un proceso, con la llegada de la justicia transicional, pueden quedar en libertad si han cumplido más de 5 años de prisión.

Las soluciones dadas por la justicia transicional pueden ser razonables dentro de la política dirigida a acabar con el conflicto armado y lograr una transición para una paz estable y duradera. Sin embargo, la norma no deja de generar preocupaciones respecto de los efectos en el contexto social colombiano.
Por una parte, como se mencionó en la introducción de este artículo, el conflicto armado colombiano está mutando, y los focos de violencia que genera el narcotráfico han producido disidencias al interior del grupo guerrillero de las FARC., han reforzado a otros grupos al margen de la Ley como las bandas criminales y el ELN. Por lo que se advierte que si bien ha disminuido la confrontación bélica entre la fuerza pública y las FARC, se ha dejado de lado una de las raíces más fuertes del conflicto como es el narcotráfico, que sigue estando en pie de lucha en todo el territorio nacional. Así que la paz estable y duradera, aún no se ha conseguido.

Por otra parte, veamos tres grupos de personas a las cuales se les está aplicando la justicia transicional:
    
    a)      Los primeros son los delincuentes por convicción, que son aquellos convencidos de que han luchado por una causa justa, y que no reconocerán que su lucha fue en vano. Los cabecillas, los miembros del secretariado de las FARC, los ideólogos, los políticos, son personas que se escudan en un discurso legitimador de sus acciones, que las categorizan como un mal menor o un mal necesario. Gustavo Petro, Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Simón Trinidad,  Iván Márquez, Tiro Fijo, Raúl Reyes, tienen este perfil. Imponerle una pena a estos individuos no los va resocializar, y mucho menos reeducar, porque son personas instruidas, y políticamente convencidas de que su lucha no es banal, y que su finalidad es ser escuchados, hacer oposición y tener un estatus político, que se les ha negado. Así que la pena los convierte en mártires y les aumenta su convicción para obtener su estatus político, como un efecto “Nelson Mandela”. Realmente a estos no les importa tanto el mando militar sino su carrera política, por tanto, se reincorporarán rápidamente a la sociedad para hacer política y para ser escuchados.
     b)      Los segundos son los más complejos, y son los mercenarios. Son las personas que se adhieren a una organización delictiva para enriquecerse. Tienen el delito como forma de vida y de trabajo, y solo requieren de una organización criminal para realizarse, ascender y enriquecerse. Los grupos guerrilleros tienen a muchos mercenarios en sus filas, pues son los que les garantizan los recursos y el éxito en las operaciones de extorsión, narcotráfico y combate. Para mantenerlos en sus filas, las organizaciones criminales deben ofrecerles un botín. Los mercenarios no se adscriben a una ideología, sino a su ánimo de lucro, debe haber una producción de recursos continuos a través de diferentes acciones delincuenciales.  Son los mercenarios los que ponen en riesgo la estructura de las organizaciones criminales, porque son los primeros que se amotinan y no siguen las órdenes cuando no existe dinero de por medio, y eso es lo que explica los grupos disidentes en la guerrilla de las FARC. También es muy dado que pasen de una organización a otra sin ningún inconveniente para seguir lucrándose con el delito. El gran problema de la resocialización de estas personas es que si el delito es su forma de trabajar, de no encontrar una alternativa igualmente lucrativa, volverán a delinquir. A este grupo de personas si les interesa tener mando militar, para realizar sus actividades delincuenciales, ellos son los que están pendientes de ascender en la organización, no tanto por la ideología sino por sus hazañas delincuenciales. Si de este grupo de  guerrilleros mercenarios que puedan salir en libertad por la justicia transicional, no logran reinsertarse adecuadamente a través de planes de educación y no logran encontrar alternativas laborales aceptables en un corto tiempo, tendremos un problema muy gran de delincuencia masiva en los campos y las ciudades.
      c)       Los terceros, son los campesinos obligados a tomar las armas en el conflicto armado, son los que fueron objeto de reclutamientos forzados, son los que no tuvieron otra oportunidad para sobrevivir. Estas son personas que no están convencidas políticamente de la causa, y que la delincuencia no es una forma de vida, sino fue lo que les tocó para poder sobrevivir. A estas personas, los planes de reinserción, de resocialización, de reeducación, sí les son útiles. Quieren retornar a la vida civil, y quieren recuperar la vida que les arrancó el conflicto armado, en estos casos la resocialización es un camino fructífero. Sin embargo, si el Gobierno no cumple con los planes debidos de reinserción y resocialización, nuevamente este grupo de personas serán arrastradas por el conflicto armado o por la delincuencia común.

Conclusiones.

El Estado Colombiano debe ser muy cuidadoso con el proceso social que se está realizando, el conflicto armado ha mermado en su intensidad, pero está en un proceso de mutación en el que nuevos actores como las bandas criminales y otros grupos de disidencia guerrillera están viendo como ocupan los territorios antes gobernados por las FARC.

El Gobierno no ha comenzado un proceso de retoma de los territorios de influencia guerrillera de las FARC, y debe hacerlo para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho en esas zonas.

Los programas de resocialización y reinserción social son el punto de quiebre para que se vean los efectos positivos de la justicia transicional. Sin programas de resocialización y reinserción social de los actos armados del conflicto, se corre el riesgo de afectar gravemente la seguridad ciudadana, y la consecución de una paz estable y duradera.

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lunes, 24 de abril de 2017

LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LAS ADICIONES DE OBRAS Y ADICIONES DE LOS CONTRATOS.





Por: Jorge Arturo Abello Gual.

Los casos de corrupción de REFICAR y del puente de la 93 en Bogotá, han puesto en evidencia otro de los problemas de la contratación estatal al momento de evitar sobrecostos, y con ello, mordidas para la administración pública.

Existen dos situaciones muy complicadas de manejar desde el punto de vista jurídico cuando la ejecución de un contrato de obra depende de certificación técnica de un proyecto. En el caso de REFICAR, los sobrecostos superaron los 4 mil millones de dólares[1], y en el caso del puente de la 93 el mayor valor supera el doble el costo inicialmente presupuestado (de 61.000 millones de pesos se pasó a 131.000 millones[2]).

¿Pero qué fue lo que ocurrió en estos casos? Una de las formas de corrupción más complejas que se han venido implementando en la contratación estatal, son las mega obras que por problemas técnicos no se terminan en el momento en que inicialmente se proyectaron, y son carta abierta para la corrupción porque en el desarrollo de las mismas se inicia la adición de las obras y las adiciones en los contratos.

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el aumento de la cantidad de obra es posible en un contrato estatal sin necesidad de adicionar un contrato, y ello es posible, si se aumenta la cantidad de obra cuando resulta necesario terminarla. En estos eventos, la adición de la cantidad de obra, se debe a una mala proyección o cálculo desde el inicio de la cantidad de obra necesaria para cumplir el contrato:

“En casos como el que se analiza, como se ha manifestado, no resulta legalmente procedente la celebración de un "contrato adicional", pues en verdad no existe variación o modificación o "adición" al alcance físico de la obra contratada. En efecto, lo que ocurre en estos casos es que simplemente, por una deficiente estimación de las cantidades de obra requeridas para ejecutar el objeto contractual (alcance físico de la obra) descrito en el mismo contrato, el presupuesto calculado para su ejecución resulta insuficiente y, por lo mismo, se hace necesario disponer de un mayor presupuesto para pagar el valor total y real de su ejecución.

Así, como se ha expuesto, bien es sabido que en los contratos en donde se conviene la remuneración por el sistema de precios unitarios, lo que se acuerda por las partes es "el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los límites que el mismo convenio fije", de manera tal que el valor total del contrato no es determinado sino determinable tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, bajo el supuesto, igualmente, de que el contrato de obra pública es un contrato de resultados y no de medios. El valor del contrato que se señala en su texto, es apenas estimativo del costo total, pero deberá ser cambiado a medida que se establezcan las reales cantidades de obra ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual”[3].

Como puede observarse, es posible adicionar cantidades de obras sin necesidad de modificar los contratos, y ello se hace mucho más complicado, si la administración al ver que la obra no ha culminado se enfrenta a problemas técnicos y atrasos en las obras que fundamentan una adición de obras para culminar los respectivos contratos.

Por otro lado, es posible adicionar un contrato cuando sea necesario subsanar errores en los diseños y en las obras que se evidencian en el inicio de la obra o durante la ejecución:

"(...) para el sentenciador resulta incuestionable que la mayor cantidad de obras y las obras adicionales a que se ha hecho referencia, indispensables en el desarrollo del contrato, fueron ordenadas por la administración en ejercicio del ius variandi que ella tiene como poder, y al cual no pudo el contratista, resistir. Si en el caso en comento y como lo dice el vicepresidente de telecomunicaciones rurales de la empresa, las obras adicionales fueron indispensables para la construcción de los edificios de esas localidades, ¿qué sentido tenía ordenar las cosas mal para que quedaran definitivamente mal? Estas situaciones son las que llevan al profesor Eduardo García de Enterría a señalar:

"Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés público, el servicio a la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente tenidas encuenta en el momento de contratar. El interés general debe prevalecer en todo caso y en cualesquiera circunstancias, porque, de otro modo, sería la propia comunidad la que habría de padecer las consecuencias. Obligar a la comunidad a soportar una carretera, un puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles o ineficaces desde su misma concepción, por un simple respeto al contratus lex no tendria sentido al servicio del interés público y de sus concretas e insoslayables exigencias, el ius variandi de la administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración" (Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Cívitas, pág. 675)".[4]

Así las cosas está dada la necesidad jurídica para adicionar mayores obras y la adición de objetos contractuales necesarios, cuando existe un mal cálculo de la cantidad de obra o mala planificación en los diseños, además se justifica y se soporta las adiciones como un deber tanto de la administración como del contratista para cumplir con los cometidos y fines del Estado:

“(5) "ART. 3º¿De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. Los particulares por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones" (negrilla fuera de texto).”[5]

Sin embargo, ante esta puerta abierta para las adiciones de las obras y las adiciones a los contratos si se han establecido límites, pero muy poco efectivos:

“No sobra advertir, en todo caso, que la administración tiene un deber de verificación de la calidad e idoneidad de los trabajos efectuados por los consultores y diseñadores, el cual debe realizarse a través de las interventorías efectuadas sobre los contratos respectivos y que, por lo mismo, no deberían presentarse este tipo de situaciones salvo que, por razones del servicio, se haga indispensable la introducción de modificaciones al diseño original.

Por ello, resulta necesario llamar la atención muy especialmente sobre la forma de elaboración y definición de los pliegos de condiciones o términos de referencia que dan lugar a la celebración de los contratos de consultoría, bien de estudios de factibilidad o bien de diseño de los proyectos respectivos, pues de ellos se deriva el alcance de las obligaciones de los contratistas consultores y, por ende, de su propia responsabilidad en el resultado y calidad de los estudios que, a su vez, son la base para la contratación de la ejecución o construcción de tales proyectos.”[6]

El problema con todo ello, es que los controles ceden, se manipulan o se trasgreden para efecto de ocultar sobrecostos o los llamados “costos transaccionales, comisiones, sobornos, coimas o la popular mermelada”. Si se mira el caso del carrusel de la contratación de la 26, luego del desembolso del anticipo, los Nule tuvieron que dar comisiones por valores superiores al 20% del giro del anticipo, y ello repercutió, en la ejecución de las obras que mostraban un atraso considerable por falta de recursos. La solución que los Nule querían proponer al ex alcalde Moreno, era una adición al contrato y seguir adelante con el acuerdo, pues ellos, ya había pagado su parte.

En el caso de REFICAR, la obra duró 15 años, se adicionaron más de 2600 contratos y los sobrecostos se calculan por más de 4 mil millones de pesos. En el caso del puente de la 93 en Bogotá, el costo se elevó al doble del inicialmente presupuestado. El túnel de la línea también es otra macro-obra que ha tenido adiciones y prórrogas, y aún está sin terminar.

Desde el punto de vista penal una adición de obra o adición de un contrato sin necesidad, muchas veces oculta la obligación de la selección objetiva, pues se adicionan obras de un contrato para evadir la obligación de abrir una licitación. Con el propósito de continuar la relación contractual con un contratista afín con la administración, se adicionan obras a un mismo contrato y se evita el proceso licitatorio, y ello, configura el delito de celebración indebida de contrato por falta de requisitos esenciales.

Igualmente, si la adición del contrato busca adicionar la cantidad de obra sin justificación también configura el delito de celebración indebida de contrato por falta de requisitos esenciales, cuando la adición no tiene en cuenta los límites que son los pliegos de condiciones o términos de referencia, los estudios de factibilidad y diseño de los proyectos respectivos.

Sin duda, la aplicación de estos límites depende de la administración, y especialmente, la interventoría de cada contrato, y ellos, junto con los contratistas son los principalmente comprometidos en la comisión del delito de celebración indebida de contratos por falta de requisitos legales, pues sin la participación de todos en conjunto, con división de trabajo, no se podría realizar ni una adición de obra ilegal, ni una adición de contrato sin requisitos legales.

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[1] Los requisitos de 736 millones de dólares de presupuesto límite para la obra y la figura de “llave en mano” para la financiación de la misma –que exigía además la participación de la empresa privada- quedaron en el papel. La obra, que duró 21 años, tuvo un costo cercano de los 2.628 millones de dólares, el contratista principal dejó el proyecto en la mitad argumentando una crisis económica y Ecopetrol tuvo que encargarse de todo.

En el informe especial publicado por Noticias Caracol se revela que se pagaron 8.800 millones de dólares más de lo fijado. Se celebraron sin control alguno un centenar de millonarios contratos, se registraron 717 adiciones y más de 1.000 subcontrataciones. Los sobrecostos estaban a la orden del día y de la estrategia propuesta para pagar cuando la obra estuviera lista se pasó a la cancelación del convenio y el pago por adelantado.

La obra se entregó en octubre de 2015 con seis años de retraso. Un informe de la Contraloría General de la República advirtió por los sobrecostos en la recta final por cerca de 4 mil millones de dólares. La Fiscalía General prepara las primeras imputaciones por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por omisión. EL ESPECTADOR, redacción judicial. ¿Qué pasó con la investigación por los sobrecostos en Reficar? 28 de Noviembre de 2016. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/paso-investigacion-los-sobrecostos-reficar-articulo-667811. Consultado el 24 de Abril de 2017.

[2] LANCHEROS, Yesid. Los tropiezos en la construcción del puente más elevado de Bogotá. El tiempo. 21 de Junio del 2015. En la siguiente página web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16002517. Consultado el 24 de Abril de 2017.
[3] Consejo de Estado. Concepto en consulta 1121 de fecha 26 de agosto de 1998.

[4] CONSEJO DE ESTADO. sentencia de la sección tercera, proferida el 6 de septiembre de 1995, Expediente 7625.
[5] CONSEJO DE ESTADO. sala de consulta y servicio civil.  contrato estatal de obra aumento del valor final que no implica adición. Concepto 1439 de julio 18 de 2002. Consejera Ponente: Dra. Susana Montes de Echeverri.
[6] Ibíd.

jueves, 9 de marzo de 2017

LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL DERECHO PENAL COLOMBIANO



Por: Jorge Arturo Abello Gual.

Los delitos informáticos son sin duda uno de los grandes cambios sociales a los cuales debe adaptarse el Derecho penal. Como siempre se ha dicho, el derecho es una disciplina que se encarga de regular los fenómenos sociales para mantener la convivencia pacífica en una sociedad, y por eso tal vez se diga que un delito es una creación social.

En el caso de los delitos informáticos es claro que la mayor parte de nuestro tiempo interactuamos con otras personas a través de muchos aparatos que nos permiten conectarnos al internet. Igualmente gran parte de nuestro trabajo queda en las bases de datos, y en sistemas de información y de almacenamiento. Cada vez más la tecnología y las redes sociales han venido transformando nuestras formas de interactuar con empresas y personas. Igualmente,  en el sector público las autoridades estatales han implementado procedimientos de atención a los ciudadanos a través de internet.

Así las cosas, todas  las interacciones en redes de comunicación también llevan riesgos inherentes. Así por ejemplo, una persona puede perder su puesto si envía un correo con una información confidencial de la empresa a personas diferentes a las autorizadas para conocerlas; o una pareja puede romper su relación porque uno de los dos, revela un contenido de una comunicación privada.

Los riesgos de la tecnología son muchísimos porque se han convertido en el principal medio con el cual se realizan muchas actividades, y en estos tiempos quien maneja la información, maneja mucho poder. La verdad es que no somos conscientes de los riesgos que se corren a diario cuando se interactúa en las redes sociales o en otros medios de comunicación que utilicen tecnología, y para ello daremos varios ejemplos a continuación.

       1.       RIESGOS DEL USO DE LA TECNOLOGÍA.

Los riesgos del uso de la tecnología se pueden ver en todo tipo de actividades, para dar algunos ejemplos tomaremos algunos ámbitos de la vida diaria como son el privado, el empresarial y el gubernamental.

En el ámbito privado alguien puede robarse la clave de nuestra cuenta de correo y destruir nuestra información personal, haciendo imposible la recuperación de esa información importante. Igualmente, podría hacer un uso indebido de dicha información, como publicar comunicaciones privadas, transferir información a personas que no deben tenerla, o crearle problemas con las autoridades públicas. Otros ejemplos podrían ser perder las claves en sus redes sociales, o más grave aún, perder la clave de su cuenta bancaria. También es posible ser extorsionado, acosado o injuriado si alguien utiliza indebidamente su información personal.

En el campo laboral, una empresa puede verse seriamente afectada en su funcionamiento si su página de internet queda bloqueada y nadie puede acceder a ella. Pensemos por ejemplo, cuánto dinero podría perder un banco si en dos días su página web queda inhabilitada. ¿Qué le ocurriría por ejemplo a una Universidad si perdiera la información de las notas de sus estudiantes a mitad de un semestre? ¿Qué le pasaría a una empresa si la lista de todos sus proveedores o sus compradores cae en manos de su competencia? ¿Qué le ocurriría a una compañía si se le borra todos sus archivos de facturación, o sus archivos de nómina o su sistema contable?

En el ámbito público, se podría perder información de alta seguridad nacional, o los registros civiles de las personas, o incluso se podría ganar unas elecciones al alterar los resultados con un ataque informático. El departamento de seguridad de estados como Estados Unidos o como Irán son víctimas de ataques cibernéticos dirigidos a obtener información sobre operaciones y armamento militar. En otros ámbitos, se pueden alterar expedientes electrónicos o borrar información de trámites ante las oficinas gubernamentales.
      
        2.       LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO.

En el código penal colombiano se ha creado el título denominado la protección de la información y de los datos, en el cual se han creado varios tipos penales que buscan prevenir algunas de las conductas que hemos reseñado anteriormente.
      
       2.1. ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO.

El primero de los delitos es el acceso abusivo a un sistema informático y se establece de la siguiente forma:

Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este delito se castiga a las personas que acceden a páginas o a sistemas sin autorización, del dueño o administrador del sitio. Hoy en día, cada vez más tanto las empresas, personas o autoridades públicas, promocionan sus servicios por internet, o incluso prestan dichos servicios a través de sus páginas web, el problema con ello es que el acceso al manejo de estos sitios debe estar restringido para el dueño, el administrador o a determinadas personas que éstos habiliten, de lo contrario, cualquier persona podría alterar los contenidos de la página, el valor de los productos o simplemente bloquear la página. Por eso en cada página web existe una parte que es de libre acceso para todo el público en general, y otra parte operativa que solo pueden manejar los administradores, dueños o personal habilitado para administrar la página.

De esta manera, si alguien no habilitado ingresa al sistema operativo de una página web incurriría en este delito. El centro de la conducta delictiva es acceder o mantenerse en un sistema informático protegido o no, en contra de la voluntad de las personas que si tienen ese derecho. En este delito no importa si el intruso alteró la información o manipuló el sistema operativo para causar un daño, lo verdaderamente importante es el acceso a un sistema informático sin autorización. Este delito debe entenderse como el allanamiento ilegal del domicilio físico de una persona, porque es el solo hecho de estar dentro de la casa de una persona sin su autorización, configura el delito, sin importar que rompa, dañe u oculte alguna cosa. En uno y otro delito, lo importante es la autorización para acceder a un sitio, si hay autorización desaparece el delito.

Así las cosas, si alguien envía un correo con un virus, que le permite acceder al ordenador de una persona, solo para leer o conocer lo que hace la víctima en su computador, sin necesidad de dañar o alterar la información o hacer uso indebido de la misma, ya incurre en dicho delito estudiado.

Si un ingeniero informático quiere demostrarle a su amigo que tiene las capacidades para acceder a la página de una Universidad, con el solo hecho de acceder a la página de forma clandestina e irregular, ya incurre en este delito.

   2.2. OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO O RED DE TELECOMUNICACIÓN.

El segundo delito del capítulo es la obstaculización ilegítima de sistema informático o rede de telecomunicación, establecido en la norma penal de la siguiente forma:

Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor.  

Este delito fue creado para una conducta muy específica en el mundo cibernético, y es el bloqueo de las páginas web o de parte de ellas, por parte de personas no autorizadas para realizar este tipo de operación. Como se dijo anteriormente, el dueño, el administrador o las personas autorizadas para ello, entre los que hay que incluir a las autoridades públicas, pueden bloquear las páginas web, pero fuera de estas personas, nadie podría restringir el derecho a divulgar el contenido o a prestar su servicio o vender un producto a través de la redes sociales.

Así por ejemplo si alguien quiere censurar una noticia que publicó un periódico o una noticia que le desfavorece, contrata a un hacker para que bloquee la página del periódico o revista, o sencillamente para que bloquee la noticia, por esa sola conducta se incurre en el delito de Obstaculización ilegítima de sistema informático o de red de telecomunicación. Igualmente se configura dicho delito, cuando un empresario contrata a un grupo de hackers, para bloquear la página web de su competidor, piénsese por ejemplo en el bloqueo de una página donde se venda ropa, zapatos o inclusive en el caso del bloqueo de una página de un banco. También se puede configurar este delito  en el campo de la política, cuando un candidato paga para que un grupo de hackers bloquee la página de su rival.
     
       2.3. INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS.

El siguiente delito es el de interceptación de datos informáticos, que está consagrado de la siguiente forma:

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses.

En este delito lo que se busca es proteger el derecho a la privacidad de la correspondencia, por lo tanto, lo que se busca es que dentro de una comunicación sea conocida por el emisor y el receptor, y de las personas que ellos autoricen. Este derecho solo queda restringido cuando una autoridad judicial ordena revelar el contenido de la comunicación.

Precisamente con el desarrollo de las tecnologías, las personas utilizan este medio para enviar y recibir todo tipo de mensajes, imágenes, documentos e información, pero el riesgo también esta dado, porque existen personas con capacidad para interceptar esas comunicaciones y revelar sin autorización dicha información. La protección de la intimidad es el centro de este delito, y todo acto tendiente a revelar información contenida en una comunicación privada, sería sancionado penalmente. El delito solo se configura, cuando para la interceptación de las comunicaciones se utilizan medios informáticos.
     
     2.4. DAÑO INFORMÁTICO.

El siguiente delito es el  daño informático y está regulado de la siguiente forma:

Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Este delito fue creado para aquellas personas que accedan a un sistema informático con o sin autorización, pero que dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos. Así entonces si alguien accede al sistema de una universidad y borra una nota de un estudiante o la cambia, no solamente incurre en el delito de acceso ilegal, sino que además incurre en daño informático. Igualmente se configura este delito, cuando alguien contrata a un hacker para sabotear el sistema contable o la información de proveedores de su competencia. Ocurre lo mismo cuando alguien altera un documento del computador de un amigo o altera el contenido de una foto o imagen. La contracara de dicho delito, es ser el dueño de la información, o estar autorizado para destruirla o modificarla, y eso es el límite entre lo legal y lo ilegal.
   
    2.5. USO DE SOFTWARE MALICIOSO.

El siguiente delito es el uso de software malicioso, que se encuentra estipulado de la siguiente forma:

Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este delito lo que se sanciona es la producción, tráfico, adquisición, distribución, venta, envío, importación o exportación de software malicioso, es decir todo tipo de virus o programas que produzcan efectos dañinos. Lo que se busca es evitar los daños que se puedan realizar en el mundo cibernético a las personas a través de los  virus, y por eso se prohíbe su producción o tráfico. Sin embargo, queda por debatir que ocurre cuando se crean virus para probar los sistemas de seguridad o los antivirus con fines académicos o en desarrollo de sistemas de seguridad informática, pienso que estos casos, no se configuraría el delito en mención.
  
     2.6. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES.

El siguiente delito es el de violación de datos personales, que se regula en la ley penal de la siguiente manera:

Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Muchas empresas, redes sociales y autoridades públicas, tienen información personal de mucha gente para fines comerciales, relaciones contractuales o actividades gubernamentales, pero su uso se encuentra regulado por la ley y los contratos donde se impone el deber de confidencialidad. Sin embargo, personas no autorizadas o hackers pueden extraer las bases de datos e información personal de usuarios o ciudadanos para fines diferentes a los establecidos en la ley o los contratos.

Así por ejemplo, si alguien extrae la lista de los proveedores de su competidor, incurre en este delito. Igualmente, incurre en este delito la farmacéutica que indebidamente accede a la lista de usuarios de una EPS, para ofrecerles medicamentos costosos. También incurre en este delito, el empleado que extrae la lista de clientes de la empresa en la cual trabaja, para enviarle ofertas de otros productos que no han sido autorizados por los usuarios.

      2.7. SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS PERSONALES.

El siguiente delito es la suplantación de sitios web para capturar datos personales, que está regulado de la siguiente manera:

Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.

En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito.

Este delito sanciona con pena a aquellas personas que diseñan o crean páginas web iguales a otras con el objeto de engañar a los usuarios, y así capturar los datos y contraseñas de estas personas. También se configura este delito cuando se configura el sistema original del sitio web, con el propósito de extraer los datos y contraseñas de las personas con fines ilegales.

      2.8. HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES.

El delito que vamos a analizar a continuación es el hurto por medios informáticos y semejantes que está regulado de la siguiente forma:

Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código.

Este delito castiga la conducta de aquellas personas que se apoderen de dineros de terceros, luego de haber accedido a sistemas informáticos de manera ilegal, hurtado claves de seguridad o realizar pagos a través de transferencias bancarias sin autorización de la víctima.

La necesidad de incluir este delito por fuera del delito de hurto, fue adicionar conductas como quién accede ilegalmente a un sistema bancario y realiza transferencias de varias cuentas a sus cuentas privadas. O de quien luego de robar las claves de acceso de varias personas accede a la cuenta de una de ellas y transfiere su dinero. El evento central de esta conducta es la extracción del patrimonio económico de la víctima, utilizando como medio algún acto fraudulento en un sistema informático, pero de no haber afectación del patrimonio económico, no se configuraría dicho delito, sino otro de los que ya se han explicado anteriormente.

      2.9. TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS.

El último de los delitos informáticos creados en el Código Penal colombiano, es el de transferencia no consentida de activos, y está regulado de la siguiente manera:

Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa.

Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad.


A diferencia del hurto por medios informáticos o la estafa informática, la transferencia no consentida significa, que el sujeto activo realice una manipulación informática, y que se realice una transferencia sin el consentimiento de la víctima.  De esta forma, si el sujeto activo se apodera del patrimonio de la víctima mediando una manipulación informática habría hurto, así que para que exista transferencia se requiere que no se presente un apoderamiento, pero pincluso el hurto incluye el apoderamiento a favor de un tercero. Si la transferencia se realiza engañando a la víctima o haciéndola incurrir en un error, habría estafa informática. La verdad es que el espectro de aplicación práctica de este delito es muy pequeño, si además tenemos en cuenta que se trata de un delito subsidiario, es decir se aplica si no se puede aplicar un delito más grave. En todo caso, podría pensarse en alguien que cree un software que manipule el sistema de pagos de una empresa y paga varias veces una misma cuenta a un proveedor o paga varias veces la nómina, es claro que se trata de una manipulación informática, que logró varias transferencias electrónicas no consentidas por la víctima, sin embargo su efecto, que es el detrimento patrimonial a favor de terceros, hace que el hurto informático también concurse, y el debate para resolver el concurso estaría entre el criterio de especialidad y el criterio de subsidiariedad. 



lunes, 27 de febrero de 2017

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LA CONTRATACIÓN ES EL MOTOR DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA.
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EL DELITO DE PECULADO DISCUSIONES ACTUALES.
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